Un país sin mecenas

Almuerzo en el Caixaforum de Madrid. Octubre de 2014. “Hemos fracasado”, reconoció lacónico Leopoldo Rodés (1934-2015), presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo de ‘la Caixa’, un órgano creado para presionar a los Gobiernos a reformar la Ley de Mecenazgo. Aseguraban que haciéndola mucho más apetecible, el dinero privado atracaría en las orillas de la cultura, una isla precaria. Rodés había perdido toda esperanza después de escuchar al presidente del Gobierno y a su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

Mariano Rajoy fue una vez al Museo del Prado y, delante del empresario Várez Fisa que acababa de donar 12 piezas medievales y renacentistas, dijo: “El mecenas no espera nada a cambio”. El Prado le dedicó una de las salas al donante y, al tiempo, el presidente aclaraba al país que no habría beneficios fiscales para los generosos que contribuyeran a la cultura pública. Cuando su partido llegó a la presidencia tuvo la genial idea de acabar con las ayudas públicas y esperar a ver cómo su lugar lo ocupaba el dinero de las empresas. Ya pueden imaginar el resultado. Dramático. En cuatro años retiraron más de 300 millones de euros de inversión en desarrollo cultural y tampoco crearon el instrumento que iba a atraer el dinero: una nueva Ley de Mecenazgo. 

En 2022 las industrias culturales siguen contemplando cómo el dinero de las grandes empresas les evitan y se marchan a las cuentas de las iniciativas de ayuda social. 

Hace dos semanas el presidente Pedro Sánchez anunció la aprobación de esa esperada Ley de Mecenazgo, que reformaría la actual normativa de 2002. Para que no quede en el cajón de los anuncios deberían tenerla aprobada en menos de un año. Es una medida que tradicionalmente los gobiernos suelen anunciar al borde del final de la legislatura. Si ocurre que esta vez sí, en su desarrollo el Ministerio de Hacienda tendría que dedicarle más atención a la construcción de una conciencia de mecenas que a las desgravaciones fiscales (teniendo en cuenta las enormes exenciones que ya disfrutan las grandes cuentas). 

Con la Ley de Mecenazgo actual, las donaciones individuales desgravan un 25% del IRPF y un 35% del impuesto de sociedades si se trata de empresas. En Francia, llegan hasta el 66% y el 60% respectivamente. El caso de EEUU es extraordinario, donde las aportaciones pueden desgravar hasta el 100% de lo donado. Sin embargo la razón para retrasar esa reforma siempre es la misma desde hace décadas: no son buenos tiempos para mejorar la fiscalidad. Y a la cultura no le salen las cuentas, asfixiada por la pandemia del COVID-19. Es hora de estimular con algo más que el dinero, como sucede en los países anglosajones donde usan el reconocimiento como pago a los donantes. 

Es urgente hacer entender a los coleccionistas no donantes que el Estado y sus colecciones públicas son receptoras de patrimonio histórico, pero no son sus clientes. Es importante, además, que la inversión de la sociedad en la cultura sea más fluida y a coste cero, porque de esta manera la iniciativa pública se dedicará en exclusiva a fomentar con el dinero de los españoles valores como la creatividad y el talento. Basta con revisar las cuantías a las ayudas a la creación para entender qué se está privilegiando y qué se está maltratando.

En la difícil tarea de crear en los más privilegiados esta conciencia de apoyo desinteresado a la cultura no ayudan ciertos gestos políticos. El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ha dado a entender a los inversores del arte que el mecenazgo no es imprescindible en un país sin recursos. Cuando Miquel Iceta, ministro de Cultura, firmó en febrero con Carmen Cervera el alquiler de su colección por casi 100 millones de euros por 15 años, se cerró una puerta a la entrega del capital sin orgía millonaria. Por si fuera poco, además de las rentas y otras excepciones que beneficiarán a Cervera, ese contrato ha convertido al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza -un museo sostenido con dinero público y gestionado por una fundación privada con Cervera a la cabeza- en una galería comercial. Traerá más disgustos y titulares que paz y cultura en estos años de renta. 

Lo que advierten los propios técnicos del Ministerio de Cultura es que cuando se adquiere por 30 millones de euros un archivo-colección como el de José María Lafuente se rompe cualquier posibilidad de donación futura a las colecciones públicas. Atrás quedan los 700.000 euros que Cultura pagó a los herederos del fotógrafo Agustí Centelles, en 2009, o los 3,5 millones de euros a Carmen Balcells por sus papeles. Y con cada compra, un nuevo mensaje que confirma a los inversores en arte que España no tiene mecenas, porque no los necesita.