Progresistas del Consejo General del Poder Judicial: es hora de dimitir

La próxima presidencia española de la UE, que arrancará el 1 de julio, supone una gran oportunidad para que uno de los países con la población más europeísta del continente, como muestran los sucesivos Eurobarómetros, refuerce su papel de motor y acelerador del proceso de construcción europea, que desde hace muchas décadas es visto aquí como la mejor fórmula de progreso y a la vez de contención de nuestros demonios seculares.

Las ampliaciones del bloque europeo, que suma ya 27 miembros frente a los 10 de cuando España se incorporó a la comunidad, en 1986, hacen que el privilegio que supone ejercer la presidencia sea cada vez más excepcional: han pasado ya 13 años de la última ocasión, razón de más para hacer los esfuerzos de país necesarios para aprovechar la ocasión. 

Y sin embargo, la presidencia española deberá lidiar desde su origen mismo con un talón de Aquiles que amenaza con lastrar todo el semestre: la situación interna del Poder Judicial. No solo es cuestionado por sectores cada vez más amplios de la sociedad, sobre todo en las comunidades con fuerte peso independentista, que le asignan un papel motriz en la “represión” contra la disidencia política, sino que atraviesa una degradación insólita como consecuencia del bloqueo enquistado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que lleva nada menos que cuatro años con el mandato caducado, en las antípodas de los estándares europeos y democráticos más elementales.

El drama es que no se trata de un tema precisamente menor en la agenda de la UE, enfrascada como está en el pulso con países como Hungría y Polonia, cuyos modelos iliberales ponen en duda la independencia judicial y socavan las bases fundamentales de la Unión. Seamos francos: ¿con qué cara podría España afear nada a estos gobiernos crecientemente autoritarios si no resuelve antes su propio espectáculo del CGPJ, que solo puede calificarse ya de bochornoso e impropio de un país de la Unión?

La responsabilidad principal de encontrarnos en una situación tan sonrojante recae en el Partido Popular (PP), que se ha negado a pactar los cambios que exige la propia Constitución, con el objetivo indisimulado de postergar el relevo hasta después de las próximas elecciones generales y con la esperanza de hacerlo, pues, desde una posición más favorable, que le permita mantener una mayoría conservadora en la institución. El coste de esta estrategia es brutal para el funcionamiento mismo de la justicia -¡el CGPJ ya no puede ni siquiera nombrar a jueces!-, y sobre todo para la imagen de las instituciones y del mismo país en un momento tan importante como la presidencia española del semestre europeo. Pero a pesar de las continuas proclamas de patriotismo, la prioridad del PP parece ser sobre todo copar y mantener espacios relevantes de poder por encima de cualquier otra consideración y para ello el fin siempre justifica los medios, incluso a costa de los intereses de España.

Ante este panorama, la izquierda parece aceptar con resignación que efectivamente ya no hay nada que hacer, pero la reciente renuncia de la vocal progresista Concepción Sáez, avalada en su día por Izquierda Unida (IU), demuestra que en realidad existiría una opción con un potencial mucho más efectivo que quedarse de brazos cruzados (y seguir cobrando): la dimisión en bloque de todos los vocales progresistas.

A las puertas del semestre europeo, el efecto de un CGPJ no solo caducado desde hace cuatro años, sino integrado únicamente por juristas conservadores sería ya demasiado indigesto hasta para los más dispuestos en Europa a escuchar el relato que trata de imponer el PP. En cambio, el mantenimiento de los vocales progresistas ayuda a legitimar una visión de mera pugna política enquistada, con responsabilidades compartidas del desatino. 

Potencial conflicto de intereses

La posibilidad de dimisión de todo el sector progresista ha sido ya alentada por algunos vocales, como Álvaro Cuesta, pero la opción se ha descartado por ahora ante las reticencias internas dentro del mismo sector. Y una opción así, tan extrema, solo tendría sentido si es realmente en bloque.

Entre los progresistas más reacios a dimitir ha destacado la vocal Roser Bach, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), aupada en su día al CGPJ por los socialistas catalanes. Y ahí está otra vuelta de tuerca a la singularidad de este CGPJ que haría las delicias de Hungría o de Polonia: Bach es la esposa de Germà Gordó, el exsecretario del Gobierno de la Generalitat durante la presidencia de Artur Mas (2010-2015) y hombre fuerte del partido en esta etapa, por cuya supuesta participación en la trama del 3% de financiación irregular de Convergència Democràtica (CDC) la Fiscalía Anticorrupción pide nada menos que 18 años de cárcel.

La acusación de Anticorrupción sitúa a Gordó en el epicentro de la trama corrupta, como facilitador clave en la adjudicación de contratos públicos de la Administración a cambio de mordidas hacia la fundación del partido nacionalista, tras una investigación de más de un lustro que se encuentra ya a las puertas del juicio oral.

Una petición del Ministerio Fiscal de 18 años de cárcel por corrupción no se escribe cada día y a la ligera. Y sin embargo, no parece que nadie muestre especial inquietud ante el potencial conflicto de intereses que supone el hecho de que la esposa del acusado forme parte como si nada del órgano de gobierno de los jueces.

La presidencia española de la UE tiene realmente un problema muy grave y se llama CGPJ. Y los vocales progresistas empiezan a ser corresponsables de un embrollo que cualquier país serio y con ambición se propondría resolver antes del próximo 1 de julio.