La propuesta de reforma electoral del PP: un análisis matemático

El PP registró en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de julio, una propuesta de reforma electoral que afecta solo a las elecciones municipales. No es algo nuevo, ya insinuó hace un año una reforma de ese tipo; la diferencia es que en esta ocasión la ha matizado y la ha presentado en el Congreso para que se cree una subcomisión de la comisión Constitucional y así pueda seguir el trámite parlamentario.

Lo más sorprendente de la propuesta es que contiene un gran número de barreras electorales. De mayor a menor aparecen los siguientes porcentajes de votos: 40%, 35%, 30%, 15%, 10%, 7% y 5% como requisitos para hacer un reparto u otro. Es difícil encontrar un sistema electoral en el mundo que use tal cantidad de barreras electorales para sus elecciones municipales.

La propuesta del PP contempla que se asignen los concejales como en la actualidad cuando la candidatura más votada reciba mayoría absoluta de votos. Hemos de indicar que en ese caso es seguro que el método d’Hondt le asigna mayoría absoluta de concejales. Para otros casos el PP propone lo siguiente:

Si una candidatura que obtiene mayoría simple ha recibido al menos el 35% de los votos y distancia de la siguiente candidatura, al menos, en 5 puntos porcentuales, obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento. Esa misma asignación se producirá si la candidatura más votada supera el 30% de los votos y supera a la siguiente en al menos 10 puntos. En ambos casos los restantes concejales se asignan a las demás candidaturas que hayan superado el 5% de los votos.

Finalmente, si no ocurre nada de lo anterior se hace una segunda vuelta entre las candidaturas que hayan superado el 15% de los votos. Tras la segunda vuelta, si la candidatura mayoritaria supera el 40% de los votos o bien si le saca 7 puntos a la siguiente se le asigna mayoría absoluta de concejales y se distribuyen los restantes concejales a las otras candidaturas en proporción a los votos que obtuvieron en la primera vuelta, siempre que superasen el 5%; en caso contrario se hace un reparto proporcional de acuerdo con los votos obtenidos en la primera vuelta.

Así pues, la resolución de las elecciones en unos ayuntamientos se conseguiría en una vuelta mientras que otros tendrían que hacer una segunda vuelta.

Es difícil, por no decir imposible, justificar esa cantidad de porcentajes, y diferencias de porcentajes entre las dos primeras candidaturas, que ha elegido el PP para su propuesta de reforma electoral. Lo fácil es simular resultados a partir de los datos de las últimas elecciones municipales.

Así, por dar algunos ejemplos, con esta propuesta de reforma electoral y con los votos recibidos por los partidos en las elecciones municipales del 24 de mayo pasado, en las ciudades más pobladas se habría celebrado una segunda vuelta con pocos partidos, concretamente en Madrid la segunda vuelta habría sido entre PP, AhoraMadrid y PSOE; en Barcelona la segunda vuelta habría sido entre Barcelona en Comú-E y CiU; Valencia también habría tenido una segunda vuelta en la que participarían PP, Compromis y C’s; en Sevilla la segunda vuelta habría sido entre PP y PSOE exclusivamente, mientras que en Cádiz habría participado en la segunda vuelta PP, Por Cádiz sí se puede y PSOE; por el contrario las otras seis capitales andaluzas resolverían la elección en la primera vuelta dando mayoría absoluta al PSOE en Huelva y al PP en las otras cinco capitales andaluzas.

Como se observa, muchas veces el primer partido obtiene mayoría absoluta de concejales en la primera vuelta aunque sus votos estén muy por debajo del 40% y, de no ser así, se pasa a una segunda vuelta en la que participan muy pocos partidos, normalmente solo dos o tres, porque se necesita haber superado el 15% de los votos; por tanto hay muchas posibilidades de que uno de los partidos que participa en la segunda vuelta obtenga mayoría absoluta.

En cualquier reforma electoral es importante conseguir una buena representatividad y facilitar la gobernabilidad. La representatividad que se consigue, si se aprueba esta reforma electoral, será sin lugar a duda bastante inferior a la actual. Por el contrario la gobernabilidad aumentaría, ya que afloraría una gran cantidad de ayuntamientos en los que una candidatura recibe mayoría absoluta de concejales.

Por ello, estos cambios pueden recibir el beneplácito de muchos ciudadanos y el rechazo de muchos otros.

No obstante, hay que tener presente que las barreras electorales esconden algunos comportamientos que no suelen ser agradables para nadie, y en este caso se proponen muchas barreras y algunas combinaciones de ellas, con lo cual pueden dar lugar a muchos repartos que recibirían rechazo popular. Más abajo vamos a mostrar un comportamiento poco grato: la posibilidad de que parte de los votos recibidos por una candidatura tengan valor negativo para la misma.

De antemano, a lo largo de la historia se han usado barreras porcentuales en muchos sistemas electorales de diferentes países; su finalidad es delimitar los partidos que tienen derecho a participar en el reparto de escaños para el parlamento correspondiente. A veces la barrera establecida no surte efecto alguno o tiene pocas posibilidades de repercutir en el reparto; es lo que ocurre con la barrera del 3% que se exige en cada circunscripción electoral para participar en el reparto de los escaños del Congreso de los Diputados. Otras veces la barrera electoral origina faltas de equidad entre dos partidos que quedan a ambos lados de la misma. En el caso extremo dos partidos que difieren en un solo voto pueden diferir en bastantes representantes. Es lo que ocurre con las barreras que aparecen en la propuesta del PP.

Sin embargo, lo peor de la propuesta del PP no es siquiera los saltos que originan las diferentes barreras electorales que aparecen, sino que el PP ha ideado combinaciones de las mismas que pueden dar lugar a situaciones tan irracionales como la siguiente: una candidatura puede quedarse sin recibir ningún concejal por haber obtenido demasiados votos. Es decir que, sin cambiar los votos de los restantes partidos, un partido que ha quedado fuera del ayuntamiento habría recibido un concejal si hubiese obtenido menos votos.

Por ejemplo, en la tabla se muestran los resultados hipotéticos de 6 partidos en un ayuntamiento en el que se eligen 13 concejales, donde los votos de los partidos que no alcanzaron el 5% aparecen agrupados en una sola línea. El partido más votado no alcanza el 30% aunque supera en más de 10 puntos al segundo. Por tanto, habría que realizar una segunda vuelta en la que participan los partidos que han obtenido al menos el 15% de los votos, es decir sólo los tres primeros.

Supongamos que en la segunda vuelta el partido más votado supera el 40% y que es el C. Entonces C recibe 7 concejales y los otros seis concejales se distribuyen entre A-B-D-E-F en proporción a los votos que obtuvieron en la primera vuelta, resultando 3-2-1-0-0; con lo cual los partidos E y F no reciben ningún concejal.

Ahora bien, ¿qué habría ocurrido si el partido E hubiese recibido cincuenta votos menos, porque esos votantes se hubiesen abstenido? En tal caso el partido A habría obtenido, en la primera vuelta, el 30.05% de los votos y el partido B el 18.09%%, con lo cual se habría asignado al partido A mayoría absoluta de concejales, es decir a 7 de los 13 concejales, y los otros 6 se los distribuirían entre los restantes partidos resultando 2-1-1-1-1

Así, cincuenta votos menos para E le habrían supuesto a ese partido conseguir representación en el ayuntamiento. Es lo que se denomina el valor negativo de los votos. Los partidos E y F pueden ironizar diciendo que no han obtenido concejales por tener demasiados votos. Este es uno de los comportamientos más absurdos que se pueden esperar de un sistema electoral.

El fortalecimiento de la democracia en España es una necesidad bastante evidente para muchos ciudadanos. En parte, la regeneración democrática pasa por una reforma del sistema electoral que aporte robustez y coherencia en la representación de los ciudadanos.

La reforma debiera afectar, antes que nada, a la elección del Congreso de los Diputados, donde hay partidos que reciben muchos más votos que otros pero el sistema electoral le asigna menos escaños; por otra parte todos los votos debieran tener un valor similar, sin que ese valor dependa del partido al que se otorgue ni del lugar desde el que se emite, como ocurre en la actualidad. La reforma debiera extenderse también a algunos aspectos de otras elecciones, como las de tipo autonómico para agilizar la formación de sus gobiernos y, aunque no sea el caso más necesitado, si se quiere la reforma también puede extenderse a las elecciones municipales.

En la reforma electoral que se haga, habría que compatibilizar alta representatividad con la gobernabilidad. El PP se ha preocupado solo por la gobernabilidad y solo por las elecciones municipales; además su propuesta es insensata e injustificada. Se necesita hacer una reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) más amplia, razonable y coherente que la presentada por el PP.