Una de las interpretaciones más extendidas sobre la reforma fiscal que acaba de anunciar Cristóbal Montoro es que responde fundamentalmente a una estrategia electoral. La fórmula es simple y conocida entre Gobiernos de medio mundo: cortejar al electorado mediante una bajada de impuestos antes de las elecciones con el objetivo de obtener una recompensa en las urnas. Los mandatarios se encomiendan así a la lógica cortoplacista, esperando que los votos de hoy acaben compensando los desastres financieros del mañana derivados de esa miopía fiscal.
La propuesta del Gobierno y sus posibles consecuencias sobre la economía da que pensar sobre la clase de motivaciones que ha llevado a Mariano Rajoy a una estrategia de “último cartucho”, apostando por una rebaja impositiva en un contexto de deuda inmanejable y caída de ingresos públicos. Una decisión que roza la irresponsabilidad financiera puede ser resultado de la ansiedad provocada por los resultados de las elecciones europeas. Quizás es esto lo que ha llevado a los populares a autoconvencerse de que los réditos electorales de esta maniobra pueden superar sus riesgos.
¿Tiene dicho convencimiento fundamento en el estado de la opinión pública? No parece que sea así. Ni la crisis económica ni la subida del IRPF o del IVA puesta en marcha por el PP tras ganar las últimas elecciones generales han conseguido aumentar el atractivo de una bajada de impuestos entre la ciudadanía. Como ya mostramos en otro artículo, tanto en los años del boom económico como en los primeros años de la recesión, la mayoría de ciudadanos prefería subir los impuestos para mejorar los servicios frente a bajarlos si ello suponía una reducción de las prestaciones. Lo mismo ocurre con datos más recientes: a pesar de que entre 2011 y 2013 ha aumentado notablemente el porcentaje de quienes piensan que pagan “muchos” impuestos (de un 57% a un 71%), ello no ha derivado en una mayor preferencia por rebajas fiscales que puedan erosionar los servicios [1].
Las consecuencias de la crisis, en cambio, sí parecen notarse en la opinión que tienen los ciudadanos sobre la justicia impositiva o el fraude fiscal. Un ejemplo: en 2007 un 80% de ciudadanos cree que los impuestos no se pagan con justicia. En 2013 el porcentaje es del 91%. Además, no hay color político o ideología que matice sustancialmente estos resultados. Por otro lado, las percepciones sobre el fraude también han empeorado considerablemente durante los últimos años. En 2007 casi cuatro de cada diez ciudadanos piensa que en España existe mucho fraude fiscal, mientras que en 2013 la relación supera los seis de cada diez. Las opiniones sobre la falta de justicia impositiva del sistema o el fraude fiscal también son mayoritarias entre los votantes del Partido Popular.
Por tanto, el gobierno se equivoca si cree que los ciudadanos en general, o los votantes del PP en particular, solo se preocupan por cuántos impuestos pagan sin tener en cuenta para qué y cómo lo hacen. Sobre lo primero (para qué), la ciudadanía valora los impuestos en relación con los servicios que reciben. Por ello los continuos recortes en el gasto público han acabado incrementando el porcentaje de ciudadanos que piensan que los impuestos “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”[2]. Es posible que por este mismo motivo la rebaja fiscal propuesta por el gobierno no sea recompensada en las urnas si, como todo indica, esta no acaba redundando en una mejora de los servicios y prestaciones públicas (sino posiblemente en todo lo contrario).
Otra de las razones que podría explicar que los artificios contables de Montoro no reporten réditos electorales en las próximas elecciones municipales y autonómicas son las implicaciones distributivas de la reforma y su escasa atención al fraude. Son varios los análisis que han puesto de manifiesto que se trata de una reforma injusta. Esto, unido a la escasa atención del gobierno en la lucha contra el fraude, solo puede contribuir a empeorar la percepción extendida entre la ciudadanía de que el reparto de los costes (en impuestos y recortes) es desigual. Con ello, se acrecienta la brecha existente en una de las principales fuentes de cohesión social: la creencia de que mis conciudadanos cumplen como yo lo hago con sus obligaciones tributarias.
En definitiva, el gobierno posiblemente se equivoque al creer que los fuegos artificiales de la rebaja fiscal deslumbrarán a los ciudadanos y conseguirán alejarles por un tiempo de sus consideraciones sobre el grado de justicia distributiva del país o el estado de los servicios públicos. Quizás los asesores de Montoro pensaban en el estupendo libro sobre desigualdad de Larry Bartels cuando diseñaban la reforma. En ese trabajo se muestra como el votante prototípico de clase media estadounidense, representado como Homer Simpson, se alegra del puñado de dólares que la rebaja fiscal de G.W. Bush le proporciona, ignorando que la reforma tiene un profundo impacto antiredistributivo. En los próximos meses tendremos ocasión de comprobar si lo único bueno de esta crisis es que los ciudadanos españoles son un poco menos Homer Simpson que en el pasado.
[1] Desde 2011 el CIS mide estas preferencias con una escala de 0 a 10 donde “0” es “Mejorar servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos” y “10” equivale a “Pagar menos impuestos aunque haya que reducir servicios públicos”. El promedio para los años 2011, 2012 y 2013 son: 4.79, 4.67 y 4.63, respectivamente. Las diferencias en estas percepciones entre izquierda (1-4 en escala ideológica) y derecha (6-10 escala ideológica) se han reducido en este periodo.
[2] El porcentaje de ciudadanos que define de este modo los impuestos ha aumentado más de diez puntos entre 2008 y 2013. En 2008 el porcentaje de ciudadanos que definía los impuestos de este modo era del 28%, frente a un 40,2% en 2013 (series del CIS de Opinión Pública y Política Fiscal).
