Es inevitable. Reforma educativa y polémica coinciden en el tiempo. La intensidad del descontento depende, entre otras cosas, de la carga ideológica del cambio propuesto. Cuando una reforma educativa ataca la igualdad de género permitiendo la separación de niños y niñas, adultera la educación cívica o recentraliza parte del contenido del currículo, se dan las condiciones para la tormenta perfecta. Por su visión fuertemente normativa de la organización social, el anteproyecto de reforma educativa que se presentó en septiembre entra en estos ámbitos como un elefante en una cacharrería. En nada ayuda todo esto a mejorar la calidad de la educación y crispa a los ciudadanos más alejados de ciertos credos.
Sin embargo, la irritación no debe impedir la reflexión pausada sobre las medidas que propone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para conseguir el fin que promete en su nombre. El conocimiento científico sobre la calidad de la educación y la equidad con la que se distribuyen títulos y competencias en las sociedades avanzadas puede asistirnos. Las expansiones educativas que democratizaron el acceso a la educación secundaria no desvincularon los logros educativos de la influencia del contexto familiar. Así se comprendió que hay dos bloques de procesos que determinan las trayectorias de los individuos. El primero genera el tipo de desventaja que complica el aprendizaje. El segundo hace depender la decisión de abandonar el sistema educativo del entorno socioeconómico de las familias. Por ejemplo, a igualdad de rendimiento, la posibilidad de fracasar en la universidad es un reto mayor para las clases menos favorecidas por el coste de oportunidad que supone retrasar la incorporación al mercado laboral y, en un país como España, por la carencia de capital social que complica el acceso a las ocupaciones más atractivas.
Los problemas de aprendizaje parecen ser más determinantes. Las causas del fracaso escolar son tempranas (lo aprendido antes de la educación secundaria), aunque su manifestación sea tardía. La receta óptima para conciliar los principios de calidad y equidad aconseja concentrar esfuerzos e inversión pública en la educación preescolar y primaria (algo no abordado en la LOMCE). Hacerlo en tramos posteriores es una opción proporcionalmente menos redistributiva. Es razonable pensar que esto garantizaría el éxito de los estudiantes más capaces en condiciones justas, es decir, neutralizando tanto el efecto desigualador de las desventajas que imponen tanto los contextos menos favorecidos como las enormes ventajas de que disfrutan los hijos de las clases altas. El talento está en todas partes, y hay que seleccionar a los mejores en todos los segmentos de la estructura social.
¿Qué propone la LOMCE al respecto? Aunque la batalla final se juegue en su desarrollo, el anteproyecto de la ley articula tres estrategias útiles que discuto a continuación.
Simplificación del currículo, y evaluación externa. La LOMCE propone reforzar las asignaturas troncales (particularmente lengua y matemáticas). La obsesión con la que los gestores de la política educativa reciben los resultados PISA (por cierto, ¿por qué sólo las medias de los territorios ignorando la dispersión?) podría hacer creer que con ello sólo se persigue mejorar la posición de España en el ranking internacional como si se tratara de una competición de F-1. Pero esta es una medida razonable destinada a establecer bases sólidas sobre las que, posteriormente, construir la especialización durante la educación profesional o universitaria.
La ley propone introducir pruebas de evaluación a nivel nacional para “introducir objetividad”. Las que tendrán lugar a los 8 y 11 años serán informativas de las competencias adquiridas y poco trascendentes, a diferencia de las que se harán al final de la ESO y del bachillerato, que determinarán la trayectoria futura. Ello sólo será aceptable si estas reválidas se hacen de forma verdaderamente externa y, por tanto, se anulan los ‘efectos profesor’ en la evaluación, es decir, los sesgos que los docentes puedan imponer in/conscientemente. Por el momento, la LOMCE se limita a decir “Las pruebas deberán ser […] aplicadas y calificadas por especialistas externos al centro”, una indefinición inquietante que deberá ser resuelta en su desarrollo.
Impulso de la formación profesional. La formación profesional proporciona alternativas a quienes no opten/consiguen llegar a la universidad. Como casi todo, tiene sus ventajas e inconvenientes. Alemania, paladín de este sistema de organización, ha conseguido suavizar las transiciones sistema educativo-mercado laboral de quienes siguen la educación vocacional, y ha adaptado su sistema educativo a las necesidades productivas de su economía. Sin embargo, la movilidad intrageneracional de los egresados de la FP parece ser mucho complicada que la de quienes se gradúan en la universidad. La apuesta por la formación profesional tiene sentido en un país como España en el que la sobre-cualificación laboral de los universitarios es un verdadero drama, además de un equilibrio poco eficiente. Sin embargo, se corre el riesgo de desperdiciar el talento de quienes eligen condicionados en exceso por contextos familiares poco favorecidos. Sin que la educación preescolar y primaria garanticen la igualdad de oportunidades a ultranza, apostar por la formación profesional dará como resultado más desigualdad educativa en las trayectorias, y un desperdicio del tan traído y llevado talento que, sobra decirlo, también abunda en los entornos socio-económicamente no aventajados.
Otra propuesta de la LOMCE es anticipar los itinerarios educativos a los 15 años, algo que se planteará en el último curso de la ESO (en Alemania o Austria sucede a los 10, pero en Dinamarca o Finlandia a los 16). Poco cabe decir: la experiencia comparada ha demostrado inequívocamente que cuanto antes se produce la diversificación, mayor es el espacio para la inequidad, es decir, más determinante resulta la desventaja que imponga el contexto familiar.
Aumento de la autonomía de los centros. El muy controvertido tema de la autonomía escolar surgió en Europa con el fin de abrir las escuelas a su entorno y a la democracia participativa. Por desgracia, el descrédito de esta medida procede del abuso de algunos centros privados para diferenciarse del sistema general. Hoy la política comparada sugiere que la autonomía respecto al contenido de la enseñanza y las prácticas docentes mejora la puntación de los países en los estudios de rendimiento. Sin embargo, la clave está en combinar autonomía y rendición de cuentas del uso dado a los recursos evaluando los resultados agregados de las escuelas e, imprescindible, de los profesores. La LOMCE apuesta acertadamente por este modelo del que países como Holanda o el Reino Unido son pioneros. También aquí la ley es imprecisa con respecto a las consecuencias y al procedimiento, lo que recomienda esperar a su desarrollo para una evaluación precisa.
Estas tres medidas podrían tener buenos resultados en el medio y largo plazo si se combinan con una distribución del gasto verdaderamente redistributiva, transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles. El debate no ha hecho más que empezar. Las reformas educativas son carreras de fondo que no se agotan en una ley orgánica.
