Abogados del caso de Berta Cáceres presentan un recurso contra la concesión de DESA

Los abogados que llevan el caso de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016, presentaron hoy un recurso de amparo contra la concesión otorgada a la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA), responsable de una represa hidroeléctrica, antes de apelar a la Justicia internacional.

El recurso fue presentado este jueves en la Corte Suprema de Justicia por Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Cáceres, contra la concesión otorgada para la construcción del proyecto Agua Zarca, paralizada tras el asesinato de la dirigente indígena el 2 de marzo de 2016.

El recurso de amparo es contra “al menos seis actos administrativos que integran la concesión” de DESA, señaló el abogado.

Fernández indicó que, de ser rechazado el nuevo recurso, la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista asesinada era coordinadora general, acudirán a la vía internacional para intentar lograr la cancelación de la concesión otorgada a DESA.

Señaló que este recurso es la última instancia interna que tienen los abogados que llevan el caso de la ambientalista.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo en 2016 en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Fernández habló este jueves ante la prensa en Tegucigalpa acompañado de las hermanas Bertha Zúñiga y Laura, y de un centenar de indígenas lencas que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir la cancelación de la concesión a DESA y justicia en el asesinato de la ambientalista hondureña.

“Hemos dicho que el tema de justicia frente al asesinato de Berta Cáceres implica revertir todos los actos que condujeron a su asesinato”, subrayó Fernández.

Agregó que la Justicia de Honduras declaró en noviembre pasado culpables a siete de ocho acusados por el asesinato de la líder indígena, cuya pena que cumplirán se conocerá este jueves.

Entre los culpables figuran Mariano Díaz y Douglas Bustitllo, exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de DESA.

El asesinato de Berta Cáceres ocurrió en el marco de “la implementación ilegal, arbitraria, abusiva y criminal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, añadió.

El abogado considera que la licencia otorgada a DESA debió ser “revocada” antes de que la Justicia declarará culpables a siete de los ocho acusados.

La acción penal busca “revertir estos actos”, que, dijo Fernández, representan “una agresión al pueblo lenca y constituyen una agresión a la dignidad y la soberanía nacional”.

“Toda la vergüenza que ha pasado el pueblo hondureño por el asesinato vil de Berta Cáceres y todo el conjunto de actos criminales desarrollados por esta empresa deben permitir mínimo la revocación de esa licencia”, enfatizó.

Berta Cáceres se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

María Gómez, una indígena lenca, dijo a Efe que llegó hasta la sede del Tribunal Supremo en Tegucigalpa para exigir la cancelación de la licencia a DESA y que los culpables del asesinato de Cáceres sean “condenados”.

“Queremos que se cancele esa represa hidroeléctrica”, subrayó Gómez, una mujer de 45 años que llegó a Tegucigalpa acompañada de una hija y dos nietas.

La polémica represa supone “un desastre” para las comunidades indígenas lencas, porque la empresa “destruye la madre tierra”, enfatizó la mujer lenca.