El Gobierno de Feijóo evita acusar a cargos eclesiásticos involucrados en un caso de corrupción con arte sacro

Ocho años después, el caso Retablo –tal y como lo bautizó la policía– está listo para ir a juicio. Solo falta el último escrito del fiscal y que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva el recurso de una acusación popular. El sumario apunta a una red de corrupción que restauraba arte sacro en Galicia y en la que, según los atestados policiales, aparecen involucrados dos funcionarios del Gobierno gallego, media docena de empresas de rehabilitación de patrimonio artístico, varios sacerdotes y hasta el exobispo de la Diócesis de Tui, José Diéguez Reboredo, apartado de su cargo cuando estalló el escándalo.

La investigación se inició en 2008 y por ella han pasado tres jueces distintos para indagar sobre los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Tras estudiar los 15 tomos, el actual instructor, el magistrado Andrés Lago Louro, decidió el pasado junio mantener la imputación a siete acusados (dos funcionarios de la Xunta y cinco trabajadores de empresas de rehabilitación) y exculpar a tres cargos eclesiásticos: el exobispo de Tui, el ecónomo de esa Diócesis, Benito Estévez, y el anterior cura de la aldea de Paraños (Pontevedra), Juan Sobrino, por entender que las escuchas que autorizó otra juez en el inicio del caso fueron ilegales.

Precisamente, esos pinchazos telefónicos que el juez considera que serán anulados eran los que evidenciaban la colaboración de varios párrocos gallegos con los cabecillas de la trama hasta el punto de que uno de ellos, Crisanto, el cura de Lérez, llegó a alertar de que la policía les seguía los pasos.

El Gobierno de Feijóo, que se personó como acusación en su condición de doble perjudicado –están en tela de juicio las ayudas públicas tramitadas por esos dos trabajadores y además hay patrimonio artístico dañado por las intervenciones–, también ha decidido exculpar a los miembros de la Iglesia e incluso a uno de los dos funcionarios imputados: el arquitecto de la sociedad pública Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel.

En una conversación interceptada por la policía, Pichel ofrece a un aparejador amigo obras en la red de albergues del Camino de Santiago. “Os voy a repartir Galicia, os voy a dar una herencia de puta madre”, propone Pichel a su colega en una charla telefónica el 29 de septiembre de 2009.

Varios testigos han señalado a Pichel como una de las personas que les exigía dinero y regalos a cambio de las adjudicaciones, pero el escrito de acusación del Gobierno gallego obvia tanto a este trabajador como a los tres miembros de la Iglesia, a quienes sí señala la acusación particular. La Fiscalía en sus últimos escritos ha decidido mantener la imputación al execónomo de la Diócesis de Tui y al cura de Paraños (Covelo, Pontevedra) por presuntamente regalar una casa rectoral a uno de los funcionarios que les ayudaban con las subvenciones, pero excluye de la trama al exobispo.

Regalos de todo tipo

En los más de 3.000 folios que acumula la causa abundan la documentación y los testimonios de testigos sobre presuntos cohechos que los dos principales acusados, Carlos Gómez-Gil Aizpurúa y José Manuel Pichel Pichel, ambos trabajadores de la Xunta, recibían de las empresas de rehabilitación a cambio de otorgar subvenciones desde el Gobierno gallego y su empresa pública Xacobeo a órdenes religiosas que luego encargaban los trabajos a esas firmas amigas.

Ese triángulo es el que apuntó el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF): los dos empleados de la Xunta condicionaban ayudas públicas a órdenes religiosas para restaurar iglesias y monasterios o construir albergues de peregrinos, a cambio de que la Iglesia contratase los trabajos con empresas afines.

Como contrapartida, los dos funcionarios públicos recibían de esas firmas de rehabilitación ingresos económicos, dinero en metálico y regalos en especie (desde una vaca a dispositivos electrónicos y complementos para el coche, además de reformas en las viviendas de los supuestos cabecillas) sufragadas por las empresas beneficiadas en las obras. Carlos Gómez-Gil, uno de los principales acusados, no pudo justificar ante el juez ingresos sucesivos en cuentas familiares por 122.000 euros.

Retablos arruinados

Por el camino se quedaron varios retablos de iglesias y monumentos del sur de Galicia, arruinados según los informes periciales del Gobierno gallego, por las chapuzas que cometieron las empresas de la red. El caso tiene de todo. Hasta un restaurador arrepentido, Manuel Montes Carballa, imputado también, que decidió tirar de la manta y contar la presión a la que le sometían los funcionarios imputados exigiéndole regalos y favores para poder recibir contratos.

En una conversaciones interceptada por la policía, el cabecilla de la red, Carlos Gómez-Gil, pide a una empresaria, Olga Quintela, también imputada y acusada de cohecho, que infle en 3.000 euros el precio de restauración de varias imágenes de un retablo: “Súbele un pelín a las imágenes y que Dios reparta suerte”.

La investigación nació con una casa rectoral propiedad de la Iglesia en la aldea de Paraños (Pontevedra) que pasó a manos del principal acusado, Carlos Gómez-Gil, supuestamente a cambio de 60.000 euros. Antes de que el comprador pagase el primer plazo, la vivienda y la finca fueron adecentadas por empresas de restauración (que según las declaraciones de sus dueños hicieron gratis las obras a cambio de contratos). Ya convertida en chalé con piscina, salió a la venta en Internet por 680.000 euros.

Eso provocó la indignación de los feligreses, que habían contribuido a sufragarla a través de cuestaciones, y decidieron denunciarlo en el juzgado. Hoy la Asociación de Vecinos de Paraños ejerce la acusación particular con el aval de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Covelo (Pontevedra). Según los atestados policiales, el supuesto comprador no pagó nada y la vivienda y la finca fueron“dádivas” del Obispado de Tui al funcionario de la Xunta por los favores prestados, en forma de informes que condicionaban las subvenciones públicas. Ese era también el criterio del penúltimo juez del caso, que ha variado con la llegada del último instructor, partidario de excluir a los miembros de la Iglesia del escándalo.

El letrado de la Xunta se ha adherido a su criterio. En su escrito de acusación, solicita siete años de cárcel para su extrabajador Carlos Gómez-Gil, al que imputa cohecho, fraude y exacciones fiscales, y dos para cada uno de los cinco empresarios de restauración de arte también por cohecho. La última palabra sobre la inculpación de los tres miembros de la Iglesia la tiene ahora la Audiencia Provincial de A Coruña, que debe resolver el recurso de los vecinos de Paraños para sentar en el banquillo a los miembros de la Diócesis de Tui.