La Justicia transacional en Túnez está amenazada, advierte la activista y jefa de la IVD Sihem Bensedrine

El proceso de justicia transicional en Túnez, una de las claves de su transición democrática, “se encuentra amenazado” por aquellos que están en el poder y que provienen del antiguo régimen, advirtió hoy la presidenta de la Instancia para la Verdad y la Dignidad de Túnez (IVD), Sihem Bensedrine

En una entrevista concedida a Efe, la activista reivindicó la misión de servicio público de este organismo, cuyo objetivo es reconocer a las víctimas e indemnizarles, devolver la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho, preservar la memoria histórica e instaurar garantías de no retorno.

Bensedrine recordó, asimismo, que la IVD fue creada para investigar la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en Túnez y que ha recibido desde entonces cerca de 63.000 denuncias de particulares y organizaciones sobre casos ocurridos entre 1955 y 2013.

Entre sus logros, explicó, están las audiciones a puertas cerradas de 50.000 víctimas, cuya duración varia entre 2 y 72 horas, además de las audiciones públicas en las cuales un centenar de víctimas testificaron casos de violación de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

Testimonios que han permitido transferir a la Justicia local la investigación y el expediente de antiguos ministros del régimen de Zinedin el Abedin Ben Ali, derrocado en 2011, que podría ser juzgados en los próximos meses por crímenes de lesa humanidad.

“La escucha es el primer acto de la rehabilitación porque en nombre del Estado, la IVD reconoce que esta persona ha sido una víctima. Estas a menudo sólo buscan que los responsables reconozcan los hechos y pidan perdón”, explica Bensedrine.

A continuación, se abre una investigación en la que la IVD comprueba la veracidad de las denuncias gracias al trabajo de 180 investigadores pero que, a menudo, se encuentran ante el rechazo de las instituciones a cooperar.

“En el 80% de los casos obtenemos una respuesta positiva pero algunas instituciones como el Tribunal Militar, el Tribunal Judicial Financiero o la policía política del Ministerio del Interior se han negado a entregarnos sus archivos” se lamentó.

“Hasta ahora hemos sido pacientes y hemos enviado decenas y decenas de correos pero vamos a pasar a la siguiente fase: iniciar un procedimiento penal contra aquellos funcionarios que se niegan a colaborar y que, por lo tanto, violan la ley” anunció.

Una vez aceptada la denuncia, la IVD transfiere los casos más relevantes a los trece tribunales especializados en justicia transicional y que, desde el pasado mes de marzo, han recibido los dos primeros sumarios que incriminan a un total de 47 antiguos ministros y altos cargos durante el régimen de Ben Ali.

Ante la falta de colaboración, la IVD decidió prolongar por un periodo de seis meses su mandato, que estaba previsto que finalizase el 31 de mayo, con el objetivo de concluir su informe final tras cuatro años de trabajo.

Una decisión que provocó una de las sesiones plenarias más turbulentas que se han visto y que se saldó el pasado 26 de marzo con el rechazo del Parlamento a su extensión con 65 voces en contra y ninguna a favor.

Según la ley, la IVD tiene una duración de cuatro años, con la posibilidad de prolongar un año y cuya decisión será sometida al Parlamento, pero la ley no prevé qué ocurre si éste vota en contra por lo que ahora queda abierto un litigio legal.

Bensedrine defiende la legitimidad ya que “la ley prevé que, tras terminar nuestro trabajo, debe crearse una comisión de seguimiento para ejecutar nuestras recomendaciones. No necesitamos una autorización”.

Asimismo, acusó al gobierno y al partido del presidente, Béji Caïd Essebsi, al que considera una mutación del partido de Ben Ali, de obstruir el proceso: “es un debate en apariencia jurídico pero que esconde una decisión política que es acallar la justicia transicional”.

Ante las críticas de dilapidar el dinero público y de servir a los intereses del partido islamista Ennahda, Bensedrine denunció una campaña de difamación lanzada por el poder a través de los medios de comunicación y recordó que la IVD cuenta con organismos de control como una auditoría externa y un tribunal de cuentas.

“¿Por qué razón iba yo a dimitir? ¿Para complacerles? ¿Para parar el proceso? Jamás lo haré. Yo cumplo con mi papel y por eso quieren mi cabeza”, razonó.

“No abortaremos un proceso que es el fruto de la revolución, de la voluntad popular y de la constitución. Soy la guardiana del templo y para destruir el templo hay que matar al guardián”, concluyó.

Natalia Román Morte