Casado pone condiciones a la renovación del Poder Judicial y el Gobierno insiste en que el PP no puede bloquearlo

Pablo Casado dirigiéndose a Pedro Sánchez en el Congreso.

Pablo Casado se abre ahora a negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está en funciones desde hace más de un año. Eso sí, impone una serie de condiciones para poder llegar a un acuerdo: la despolitización de la Justicia, reforzar la euroorden y tipificar el referéndum ilegal. El Ejecutivo, por su parte, insiste en que se debe alcanzar un pacto para que las Cortes desbloqueen la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya composición sigue respondiendo a la mayoría absoluta que tenía el PP en el momento de su renovación hace ya varios años.

El Poder Judicial que surgió de la mayoría absoluta del PP aviva el incendio contra el nuevo Gobierno

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"Ningún partido político tiene derecho a bloquear ninguna institución del Estado. No puede por sus objetivos políticos nada más que el bloqueo del gobierno del Poder Judicial", ha afirmado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en declaraciones a los periodistas en Moncloa. Preguntada por esa cuestión, la dirigente socialista ha aprovechado para afear al líder conservador que defienda el veto parental que su partido pretende aprobar en Murcia por imposición de Vox y que el Gobierno central combatirá en los tribunales.

"Si el señor Casado está dispuesto a alcanzar algunos acuerdos, que empiece por no inquietarnos con lo que opina sobre la educación pública", ha dicho Calvo, que ha reclamado al PP que no se "arrastre" por la "ultraderecha" con el denominado Pin parental que, a su juicio, busca "agredir directamente a la educación pública".

La pretensión del Ejecutivo es que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ponga en contacto con el PP para iniciar la renovación del CGPJ, que requiere de mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado para salir adelante. La portavoz, María Jesús Montero, no descartó que los propios líderes, Sánchez y Casado, pueden desencallar la negociación si es preciso. La renovación del Poder Judicial se ha convertido en una prioridad para los socialistas, que ven en su mayoría conservadora un frente más en la bronca legislatura que anticipan contra la coalición.

El líder del PP, confiesan en privado fuentes de la dirección popular, prefiere no iniciar una negociación con el PSOE para renovar el CGPJ, que sigue interino desde 2018 pero que aún tiene mayoría conservadora. Por eso, Casado ponía este lunes condiciones que difícilmente podrán cumplir los socialistas para desbloquear la situación. En una entrevista en Antena 3, Casado ha asegurado que los populares solo comenzarían a negociar si se acuerda la modificación de la fórmula de elección de los miembros del máximo órgano de los jueces. Esa propuesta ya ha estado sobre la mesa en las anteriores legislaturas y no se ha producido ningún avance en el Parlamento.

El 'wasap' de Cosidó

El líder de los populares ha insistido en que la elección de los vocales del Consejo debe hacerse por los propios jueces, tal y como él mismo propuso in extremis en diciembre de 2018, una vez saltó por los aires el acuerdo alcanzado entonces con el PSOE para renovar el CGPJ a raíz del 'wasap' del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. El sistema de elección por los propios magistrados fue el que se estableció al inicio de la democracia, pero tampoco estuvo vigente cinco años. Al llegar al poder el PSOE lo cambió para instaurar el modelo de elección por parte de las Cortes. El Tribunal Constitucional advirtió de que la elección por parte de los propios jueces podría ir en contra de la pluralidad ya que en la carrera judicial prima la corriente conservadora. Los socialistas no han visto nunca con buenos ojos esa propuesta.

Casado ha añadido este lunes otros requisitos, como tipificar el delito de rebelión impropia como existía antes de que "lo quitara" José Luis Rodríguez Zapatero, tipificar el delito de referéndum ilegal, como Sánchez se comprometió en la campaña de las elecciones generales. Esa propuesta, que el presidente hizo cuando su estrategia de campaña se basaba en la dureza contra el independentismo para hacerse con parte del electorado de Ciudadanos no se contempla en Moncloa ahora mismo. La otra condición que plante Casado es "reforzar la euroorden" para que Carles Puigdemont no esté de un país a otro "sin hacer caso al juez Pablo Llarena".

En todo caso, fuentes de la dirección popular sostienen que "en este contexto" en el que consideran que el Ejecutivo está dedicado a realizar "gestos a los independentistas, no hay nada que negociar". Ni la renovación del órgano de los jueces y mucho menos una reforma constitucional o la elección de un nuevo presidente de RTVE, decisiones todas ellas que necesitan una mayoría cualificada para la que la izquierda necesita a la derecha.

Hace más de un año, a finales de 2018, Casado dio la orden a sus compañeros de filas de interrumpir cualquier tipo de diálogo con el PSOE para las reformas constitucionales y la renovación de los principales órganos del Estado, después de que se rompiera el acuerdo alcanzado en noviembre de ese año –al borde del plazo, que expiraba en diciembre– entre el PP y los socialistas para renovar el CGPJ.

Controlar el Supremo "desde atrás"

El detonante de la ruptura fue un mensaje de WhatsApp que el entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a todos los senadores a través de un chat de grupo. En el mensaje, Cosidó presumía del acuerdo alcanzado con el PSOE para renovar el CGPJ –que daba 11 puestos a magistrados progresistas y otros nueve a conservadores– al nombrar al juez conservador Manuel Marchena presidente del mismo.

La elección del presidente es una potestad que únicamente corresponde a los vocales, pero que socialistas y populares dieron por hecha incluso antes de elegir oficialmente a esos vocales. El exportavoz popular en el Senado aseguró en el mensaje que con el pacto el PP veía garantizado el control del Tribunal Supremo "desde atrás". Se trataba, según las palabras literales del mencionado 'wasap', de "una jugada estupenda".

Un día después de conocerse el mensaje de Cosidó, el magistrado Marchena decidió renunciar a formar parte del nuevo CGPJ. En un comunicado en el que defendió su "independencia", el magistrado del Tribunal Supremo aseguró que "jamás" había concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como "un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal". Y resaltó que su desempeño como juez es "la mejor muestra" de que "jamás" ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.

Una vez conocida la decisión de Marchena y tras constatar que la presidencia del CGPJ podía no estar garantizada para el bando conservador, el PP decidió romper el acuerdo. Pablo Casado compareció ante su grupo en el Congreso e improvisó una reforma de la Ley del Poder Judicial comprometiéndose "a volver al sistema de elección judicial que consagra la Constitución Española", es decir, que sean los propios jueces los que propongan una lista de 12 candidatos que deberían ser refrendados luego por el Congreso y el Senado.

Una proposición que decayó en el Congreso

Aunque contó con el apoyo de Ciudadanos, su plan para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial fue tumbado por el Congreso el 20 de diciembre de 2018. Desde entonces, el diálogo entre PSOE y PP para promulgar las reformas en los organismos del Estado no se ha retomado a pesar de las cuatro reuniones mantenidas hasta ahora por Pablo Casado y Pedro Sánchez y los reiterados ofrecimientos del líder de los populares a los socialistas para suscribir distintos pactos de Estado.

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