El Consejo de Transparencia afea al Gobierno que abuse del “silencio administrativo” para no dar información

El uso de los portales de transparencia se ha ido extendiendo entre la ciudadanía que empieza asimilar el acceso a la información pública como un derecho más. 2020 fue el año en el que se registraron más solicitudes, desde que entró en vigor la ley en nuestro país. La administración estatal recibió 11.442 peticiones de acceso a datos o documentación pública, muy por encima de las 7.449 enviadas en 2019 y duplicando las 5.995 de 2018. Las administraciones han tenido que dedicar más esfuerzos a esta materia, aunque el órgano encargado de supervisar cómo se aplica la normativa — el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno — alerta en sus últimas memorias del “excesivo peso” que el Gobierno está otorgando al silencio administrativo en sus respuestas. 

Según los datos publicados por esta institución independiente (aunque su presidente lo elige el Ejecutivo), en 2020 el 47% (402 de las 876) de las reclamaciones de ámbito estatal que fueron tramitadas por el Consejo se presentaron porque la Administración había optado por no responder. En el primer semestre de 2021 el porcentaje es parecido: la mitad de las reclamaciones (51%) se iniciaron por falta de respuesta de la administración pública. 

Los casos que llegan a esta institución están impulsados por los solicitantes de información. Si el peticionario no está conforme con la respuesta del Gobierno, la ley otorga a este organismo la capacidad de resolver reclamaciones y determinar si el Ejecutivo cumple o no la normativa de transparencia. Sin embargo, no tiene capacidad punitiva si la Administración desoye su fallo. Organizaciones y expertos en este asunto llevan años clamando contra esta situación. “Si existiese un régimen sancionador, se reducirían bastante los números del silencio administrativo”, defiende Patricia González, investigadora legal de Acces Info Europe, una asociación que defiende el derecho de acceso a la información.

Los expertos piden un régimen sancionador

De forma parecida se pronuncia Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, aunque defiende que los castigos por incumplimientos no deben ser asumidos por la Administración. Este entrevistado apuesta por que sea “el funcionario o el alto cargo” que toma la decisión el que responda de su actuación con su “patrimonio personal”. “No es una novedad. Está contemplado en la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”, defiende.

Asimismo, sobre el silencio administrativo adoptado por la Administración, recuerda que solo hay datos de las solicitudes que llegan al Consejo, pero se desconoce la cifra de peticiones que no se han respondido en el portal de Administración General del Estado. “No hay estadísticas de los que no van al Consejo. Hay mucha gente que ante ese silencio ya no reclama más, piensan que a lo mejor no tienen derecho”, apunta Blanes.

La falta de respuesta de la Administración no se limita solo al peticionario, algunos ministerios tampoco contestan el Consejo en el periodo de alegaciones, previamente a que emita una resolución. Ante estos casos, la institución recuerda que esta actuación dificulta “la debida garantía del derecho de acceso a la información que tanto la Constitución española como la LTAIBG [ley de transparencia] y los tribunales de Justicia, reconocen a los ciudadanos”.

Este párrafo se encuentra entre los fundamentos jurídicos citados por el Consejo en recientes resoluciones, en las que se abordó el carácter de información pública de las comunicaciones realizadas entre Presidencia del Gobierno y Casa Real o el de un listado de expertos económicos que asesoraron hace un año al Ejecutivo. Para el Consejo, la falta de respuesta “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función” que tiene encomendada, “al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante”, como recordó recientemente en una resolución emitida contra el Ministerio del Interior.

Interior lidera las resoluciones desoídas del Consejo

El departamento de Fernando Grande Marlaska es el Ministerio que a lo largo de 2020 más ha desoído las decisiones del Consejo, según los datos de seguimiento de estos casos publicados en la web de la institución. 26 de los 41 (63%) resoluciones sobre las que “no consta cumplimiento” han sido protagonizadas por Interior. Uno de los últimos casos fue desvelado hace unas semanas por elDiario.es. Este Ministerio no ha facilitado a esta redacción información sobre el personal que asigna a Casa Real ni sobre el presupuesto destinado anualmente a la protección de la Familia Real, a pesar de que el Consejo ha confirmado que estos asuntos están amparados por la ley de transparencia y, por lo tanto, deberían ser públicos.  

En la resolución desacatada por Interior, el máximo órgano garante de la transparencia exponía que el Ministerio había contestado “aplicando dos límites – defensa y relaciones exteriores- de manera automática, limitándose a invocar la causa por la que deniega la información sin realizar ninguno de los test legalmente requeridos y sin justificar de manera expresa y detallada las razones por las que considera aplicables los límites alegados”.

Ante este incumplimiento, fuentes del Consejo expusieron que su institución “no tiene competencia para realizar ninguna otra actuación o trámite dirigido a procurar la ejecución de sus resoluciones”. La opacidad del Ministerio tampoco ha permitido acceder a información sobre el coste de una comida del ministro, policías condecorados, el número de agentes heridos tras la sentencia del procés, datos estadísticos sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros y el coste de los vuelos de repatriación de marroquíes desde las islas Canarias. Este último caso fue publicado por El País, que destacó que Interior lleva semanas incumpliendo una resolución que reconoció el 16 de junio la “trascendencia” de esta información para el “control de la actuación pública” y de “conocimiento de cómo se gastan los fondos públicos”.

Desde Acces Info Europe consideran que este comportamiento es “muy grave”. “Están tomando la decisión de casi violar un derecho fundamental”, apunta su directora Helen Darbishire, que destaca que “se puede llegar a explicar el silencio administrativo” porque una solicitud se haya traspapelado o a un funcionario se le hayan acumulado varias peticiones de información, pero no encuentra justificación al incumplimiento de resoluciones del Consejo. 

La judicialización de los casos demora la respuesta

La ley no otorga competencias a esta institución para obligar a una administración a que ejecute sus resoluciones. En aquellos casos en los que un ministerio no esté de acuerdo con una de sus decisiones, la normativa sí que contempla que pueden recurrir a tribunales contencioso-administrativos. En 2020, 15 resoluciones se judicializaron, los ministerios de Ciencia, Justicia, Hacienda, Agricultura, Trabajo y Sanidad optaron por esta vía para no facilitar información avalada por el Consejo. 

En algunos casos, la judicialización alarga en el tiempo el acceso a la información. La Fundación Ciudadana Civio ha tardado cinco años en conseguir documentación completa sobre las personas que han hecho uso de los vuelos oficiales. La solicitud, que fue estimada por el Consejo, pasó por tres juicios. El Supremo dio la razón a los solicitantes y en junio publicaron los datos. El camino para obtenerlos no fue sencillo, el juzgado central de lo contencioso-administrativo llegó a emitir una advertencia contra el Ministerio de Defensa: o ejecutaba la sentencia firme o altos cargos y empleados públicos se exponían a ser sancionados, informó Civio. 

En estos casos, como destaca Blanes, la información va perdiendo “interés público” conforme pasa el tiempo. Y aporta un dato: “El tiempo medio de acceso a la información está entorno a 8 y 9 meses”. La ley otorga un plazo máximo de dos meses para la resolución de una petición de información.

La Administración puede llegar a judicializar solicitudes que no ha contestado ni durante su tramitación en el portal de transparencia ni en la fase de alegaciones del Consejo. Por este motivo la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia dio un tirón de orejas en marzo a Presidencia de Gobierno al recriminarle que no respondiese a la solicitud de información — sobre el personal eventual del año 2018 — ni diese traslado de esa comunicación a los afectados. El magistrado consideró que con esta actuación se evidenciaba “una manifiesta actitud de obstrucción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública”. Y concluyó que con el recurso, presentado por la Abogacía del Estado, “solo” se perseguía “retrasar el acceso a la información”. 

Desde que está en vigor la ley de transparencia, 2020 fue el año en el que se registraron más peticiones de información. Cuestiones relacionadas con la pandemia han resultado de interés para los usuarios del portal. El 16% de las reclamaciones recibidas en el Consejo se presentaron para protestar por la respuesta dada por el Ministerio de Sanidad a una petición de información, la mitad de ellas (21) fueron estimadas, teniendo en cuenta que la Administración no había dado respuesta a la solicitud. 

Esta institución se ha pronunciado a favor de facilitar datos y documentación sobre los criterios del reparto de la vacuna contra la Covid-19, compras de materiales sanitarios, datos de contagios o informes que se tuvieron en cuenta para confinar a los niños durante el estado de alarma. En varios de estos casos, el Consejo alerta de que Sanidad opta por contestar la solicitud “fuera del plazo” — tiene un mes y otro más de prórroga — y una vez que ya se ha presentado la reclamación. 

Profundizar en la información publicada por el Gobierno sobre la fallida aplicación Radar Covid, con la que se pretendía rastrear los contagios, también ha enfrentado a Ejecutivo y Consejo de Transparencia. Esta institución estimó parcialmente el acceso a la memoria justificativa, pliego de condiciones y contrato de este sistema. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital proponía que el acceso a esta documentación se realizase de forma presencial, el Consejo no apoyó esta tesis y obligó al departamento de Nadia Calviño a facilitar la documentación — previamente anonimizada— “en soporte físico”.