La división en el bloque progresista permitirá al Poder Judicial en funciones aprobar nombramientos en el Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene su mandato caducado desde hace casi dos años, afronta este miércoles el nombramiento de seis puestos clave en el Tribunal Supremo. Tres de ellos en la Sala de lo Penal, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Estos tres nombramientos están pendientes desde finales de 2019 por jubilación y, en la práctica, son vitalicios. Salvo que decidan irse, los jueces del Supremo que se nombren este miércoles seguirán hasta la edad máxima de retiro, fijada a los 72 años.  

El órgano de gobierno de los jueces tiene previsto adjudicar también la presidencia de otras tres salas del Alto Tribunal. Entre ellas, la de lo Contencioso, muy relevante porque es donde se ven los pleitos contra la Administración y a la que pueden llegar las hipotéticas iniciativas legales contra decisiones tomadas por el Gobierno. En este caso, el nombramiento es por cinco años. Las otras dos presidencias de Sala que está previsto renovar son la Cuarta, de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la Quinta, de lo Militar. Asimismo, el orden de día del Pleno incluye la renovación de las presidencias del TSJ de Canarias, de la Audiencia Provincial de Ourense y dos presidencias de Sala en los TSJ de Asturias y Andalucía. 

El llamado bloque progresista —formado por los siete vocales elegidos a propuesta del PSOE y la vocal a propuesta de IU— llega a esta votación totalmente dividido. Dos de sus miembros se plantean votar en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en esta situación de interinidad, y más, después de que varias fuerzas parlamentarias, representantes de una amplia mayoría absoluta del Congreso, hayan exigido su renovación en un reciente comunicado conjunto. La Comisión Europea, en un informe sobre el Estado de Derecho en los 27 que se hace público este miércoles, advierte a España del retraso en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Los otros seis vocales que llegaron al CGPJ de la mano de los socialistas sí se muestran favorables, en principio, a pactar la renovación de estos puestos clave con la mayoría conservadora, formada por 11 vocales más el presidente, Carlos Lesmes, que en su día fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Los vocales elegidos por el PP no cuentan con la mayoría suficiente para abordar en solitario estos nombramientos, que requieren una mayoría cualificada de tres quintos. Esto es, al menos 13 vocales. 

La parte del bloque elegido por el PSOE proclive a pactar estos puestos sostiene que el acuerdo es un “mal menor” y que, al menos, supondrá incluir algún magistrado de sensibilidad progresista en estos puestos clave. Actualmente, en la Sala de lo Penal hay una mayoría abrumadora de jueces conservadores: un total de 11 frente a dos progresistas después de que los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ hayan servido a la derecha para decidir la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. 

Las fuentes consultadas aseguran que en la decisión de los vocales progresistas dispuestos a pactar con la mayoría conservadora también ha pesado su disgusto con unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aseguró que el actual CGPJ “está en descomposición” y que debería medir sus actos porque estos “tienen incidencia”. De hecho, recuerdan que Campo, como vocal de este órgano, hizo decenas de nombramientos con el Consejo en funciones durante otro de los bloqueos del PP, el que tuvo lugar entre 2006 y 2008. Eso sí, sostienen que una de sus líneas rojas es colocar en la Sala de lo Penal a Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que fue apartada del caso Gürtel por su proximidad al PP. 

A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, la mayoría del Pleno votó a favor de sacar del orden del día la votación de estos nombramientos, pero Lesmes advirtió de que en el caso de que la negociación para la renovación fracasase se retomarían esas votaciones en el siguiente pleno. Esa reunión es la prevista para este miércoles. 

De hecho, dejó claro a inicios de mes, en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, que los nombramientos en la cúpula judicial debían seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE “inmediatamente de producidas” y que el Consejo tiene que resolver “en el plazo máximo de seis meses”. Además, explican que la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, lo que puede afectar a su funcionamiento si la situación se alarga en el tiempo. 

La decisión de Lesmes de seguir adelante con estos nombramientos llega en un momento de máxima tensión con el Gobierno a raíz de la decisión del Ejecutivo de que el rey Felipe VI no asistiera al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona. Según contó elDiario.es, la Moncloa —que alimentó durante días las elucubraciones al no ofrecer explicaciones claras— intentó blindar a Felipe VI ante la posibilidad anunciada por Lesmes de que se conociera ese día la sentencia del Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra. Finalmente, el fallo del Supremo se hizo público este lunes. 

Un Consejo que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha acordado hasta el momento la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales. De hacerse efectivos los nombramientos previstos, la cifra se elevará este miércoles a 53.