La Fiscalía de Cataluña prepara una querella contra Laporta y dirigentes de CiU por apropiación indebida en el Barça
El próximo 25 de noviembre será un día especial para el expresidente del FC Barcelona, diputado independentista en el Parlament de Cataluña y concejal de Barcelona, Joan Laporta. Y no porque se celebren elecciones autonómicas, sino porque revalidar su escaño en el Parlament decidirá si la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) presenta una querella contra él en el propio Tribunal Superior o en un juzgado de instrucción ordinario.
La fiscal jefa del TSJC, Teresa Compte, ordenó en febrero a su equipo recopilar las pruebas necesarias para presentar una querella contra Laporta y buena parte de la que fue su junta directiva en el Barça por delito societario y apropiación indebida.
El material recopilado y la denuncia presentada por un socio han convencido a la jefa de la Fiscalía a abrir formalmente diligencias contra Laporta. Ya han declarado como imputados varios exdirectivos y algunos testigos. Es el paso previo a la querella.
Dos de los hechos que más han llamado la atención de los investigadores son dos operaciones urbanísticas protagonizadas por una inmobiliaria liderada por Laporta, Hackerson Ibérica SL.
Hakerson intervino en la venta de 60 hectáreas de terreno al Barça por 18,4 millones de euros en 2008 en la localidad de Viladecans, próxima a Barcelona. El proyecto inicial era construir la Ciutat del Soci, unas instalaciones de ocio exclusivas para socios del Barça.
Valor de mercado: cuatro millones
Según han denunciado tanto Jordi Cardoner –nieto del fallecido Nicolau Casaus– como Luis del Val, socio del Barça y productor cinematográfico que sufragó de su bolsillo un informe sobre la operación, el valor de mercado de los terrenos apenas superaba los cuatro millones de euros. El sobreprecio presuntamente pagado por el Barça podría explicarse por la composición accionarial de la compañía que medió en la compraventa de los terrenos, Hakerson Ibérica SL.
Como socios figuran el propio Laporta y su socio en su bufete de abogados, Xavier Arbós, además de los exvicepresidentes del Barça Alfons Godall y Joan Franquesa, la esposa del consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder, o el suegro del lider de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, José Colls Alsius, entre otros.
La misma inmobiliaria, a pesar de la vinculación con el conseller, pretendía vender a Sheldon Adelson las últimas 40 hectáreas que quedan de terreno agrícola cultivable en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat para que el magnate estadounidense desarrollara parte de su proyecto Eurovegas.
Recoder es un valor en alza en CiU y amigo de Artur Mas, y es difícil que no vaya en un puesto con escaño asegurado en las listas de la coalición nacionalista, así que, de cualquier manera, el caso se quedaría en el Tribunal Superior.
Pero las investigaciones de los hombres de Teresa Compte no se limitan a la cuestión urbanística. Las pesquisas van mucho más allá.
Comisiones oscuras
Entre los exdirectivos, Marc Ingla y Jaume Ferrer son objeto de la investigación. La política de fichajes del club ha recibido continuas acusaciones de cobro de comisiones ilegales a causa de la compra de jugadores que apenas vistieron la camiseta de FC Barcelona.
Otro de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores son ciertos gastos, cerca de tres millones de euros: 516.000 euros de servicios de seguridad del presidente y de su vivienda, y el resto dedicado al seguimiento y vigilancia al que fueron sometidos cuatro directivos. Algunas de las personas implicadas en ambas actividades ya han prestado declaración en la sede de la Fiscalía, aunque en calidad de testigos.
En este caso, la responsabilidad penal, si la hubiera, correspondería al entonces director general del club, Joan Oliver, otro hombre de Convergència, que accedió al cargo desde la dirección de la Fundació Catalunya Oberta, un think thank independentista, promovido y liderado por la antigua mano derecha de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
Días antes de abandonar la presidencia del club, Laporta accedió a rescindir el contrato blindado de Oliver, que ya sabía que el nuevo presidente, Sandro Rossell, prescindiría de él, y le permitió ejercer el blindaje de su contrato, valorado en 600.000 euros.
