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Malasia comunica al juez del caso mascarillas que el empresario San Chin Choon no coopera con la investigación

Firma de San Chin Choon, representante de Leno, en uno de los contratos investigados

Alberto Pozas


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El juez del caso mascarillas se ha encontrado con un problema en Malasia. Las autoridades de ese país han contestado a una comisión rogatoria lamentando que San Chin Choon, el representante de la empresa Leno que vendió el material sanitario investigado al Ayuntamiento de Madrid y que, supuestamente, pactó las comisiones millonarias con Luis Medina y Alberto Luceño, no tiene intención de cooperar de manera voluntaria. Los investigadores sospechan que los empresarios españoles falsificaron su firma en varios documentos para justificar ante los bancos sus ingresos millonarios.

La Fiscalía busca a San Chin Choon, proveedor de Luceño y Medina

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La figura de Chin Choon ha cobrado protagonismo en la investigación en el último año. Es el representante de la empresa Leno y su firma aparece estampada en los tres contratos de mascarillas, guantes y test que Luceño y Medina gestionaron con la empresa funeraria municipal madrileña, de donde salieron sus comisiones millonarias. Ellos mismos han afirmado ante el fiscal que actuaban como agentes exclusivos de la empresa de Chin Choon y que pactaron las comisiones con Leno.

El juez y las partes acaban de recibir un documento fechado a finales del pasado mes de febrero en el que la fiscalía de Malasia informa de que este empresario no quiere colaborar y prestar declaración de manera voluntaria. La carta firmada por Ramesh Gopalan, jefe de la Unidad de Crimen Internacional de la fiscalía de ese país, explica que consiguieron dar con el empresario e identificarle pero que no ha querido colaborar y que las leyes malayas, en este punto de la causa, sólo permiten tomar declaración de manera voluntaria al requerido.

“Conseguimos identificar y localizar al sujeto San Chin Choon pero, como se negó a colaborar, lamentamos informar de que hemos sido incapaces de ayudar en la grabación de su declaración”, informan las autoridades malayas. “Sepa que bajo nuestra ley, nuestros agentes sólo pueden asistir en la grabación de la declaración de una persona que accede voluntariamente, ya que el caso está en fase de investigación. En otras palabras, una declaración sólo será grabada si la persona accede a hacer la declaración”, explica Gopalan.

El sumario del caso desvela que la Fiscalía Anticorrupción, cuyas diligencias arrancaron en noviembre de 2020, lleva un tiempo intentando dar con este empresario malayo para preguntarle algunos aspectos clave del caso: si los empresarios imputados presentaron documentación con su firma falsificada para justificar las comisiones que cobraron y cómo se pactaron esas comisiones.

Comisiones desde Malasia

Alberto Luceño y Luis Medina llegaron hasta el Ayuntamiento de Madrid a finales de marzo de 2020 después de contactar con un primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. A partir de entonces el primero se presentó como un experto en el mercado asiático y propuso conseguir material sanitario fabricado en China a través de la empresa malaya Leno. Los contratos se firmaron unos días después tanto por los responsables de la funeraria municipal de Madrid como por San Chin Choon en representación de Leno.

Fue esa empresa la que cobró los 15 millones de dólares procedes de las arcas públicas madrileñas, y también fue la que envió más de seis millones de vuelta a Madrid a las cuentas de Luceño y Medina.

Los problemas para Luceño empezaron cuando su banco le preguntó por el origen del dinero. Presentó entonces un “working agreement” y una carta, fechadas en 2019 y 2018 respectivamente, en las que la compañía Leno le designaba como agente exclusivo de la compañía malaya. Unos documentos en los que figura una firma de San Chin Choon que, según Anticorrupción, fue falsificada por el propio Luceño.

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