El Gobierno trata de hacer olvidar su medida más descarnada
A dos meses de las elecciones autonómicas y municipales y a ocho de las generales, Sanidad ha anunciado una parcial marcha atrás en su decisión de restringir la atención médica a los inmigrantes sin papeles. No es la única medida que persigue dulcificar la imagen de un Gobierno que ha aplicado la tijera entre los colectivos más débiles durante la primera mitad de la legislatura. Fuentes del PP avanzan que el siguiente paso consistirá en anular algunos recortes en la atención a los dependientes y que no tardará en anunciarse: “Lo veremos a muy corto plazo”.
Aunque aún falta la letra pequeña, que se decidirá en un próximo Consejo Interterritorial de Salud, la medida avanzada por Alfonso Alonso forma parte de un plan más ambicioso de Mariano Rajoy. Se trata de contrarrestar, en la medida de lo posible, la idea de que su Gobierno solo miraba la rentabilidad sin pararse en los efectos que causaban entre los más desfavorecidos: “Es un pequeño avance –admiten en el PP–, pero algo es algo y queda bien”.
Por los asuntos incluidos en su cartera, Alonso es quien protagonizará el giro del Gobierno y aparecerá como la cara amable del Gabinete. Para eso se le fichó. Desde el mismo día en que se conoció que era el elegido para relevar a Ana Mato, Soraya Sáenz de Santamaría destacaba su “vena social” y su “sensibilidad”. Alonso, que siempre ha reconocido ser un “Sorayo”, sumaba una virtud de la que carecía su antecesora: facilidad de comunicación.
La rectificación, aunque sea parcial, en la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, contradice los argumentos que se esgrimieron para justificarla en 2012. La ministra, y con ella varios miembros del Gobierno y del PP, reclamaron que era necesaria para impedir el abuso y el turismo sanitario, con lo que trasladaban la falacia de que los inmigrantes sin papeles acudían al médico sin que fuera necesario y viajaban a España para recibir atención.
Ningún cargo de Sanidad ha facilitado cifras que expliquen por qué se ha cambiado de idea, como tampoco ningún estudio demostró nunca que el colapso de algunos servicios de urgencias se debiera a la mayor afluencia de extranjeros. Aun así, la atención sanitaria variaba en función de qué comunidad autónoma se tratase, ya que cada una fijaba los criterios para atender a los enfermos. El objetivo ahora es llegar a un pacto que encuentre el término medio entre las más restrictivas y las que más facilidades otorgaban.
Durante la etapa en la que Mato fue ministra del ramo, sus declaraciones se limitaron a repetir machaconamente que la sanidad española seguía siendo “pública, universal y gratuita” y que los extranjeron sin permiso de residencia “seguirían siendo atendidos”. También intentó convencer de que el recorte resultaba doloroso para el Gobierno, pero obligado por la crisis económica.
“Por más que quisiéramos, no podemos pagar la sanidad a todos los ciudadanos que vienen a España”, declaró Mato en febrero de 2013 durante su comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso. Un año antes, cuando el Gobierno decidió retirar la tarjeta sanitaria a estos inmigrantes, Mato se mostró más contundente al declarar que la tarjeta sanitaria “le corresponde a los españoles”.
Entre las perlas de Alonso sobre esta materia, destaca su precisión de que el adjetivo “universal” aplicado a la Sanidad no significaba que fuera “para el universo mundo sino para los españoles y los que viven aquí”. El entonces portavoz del PP en el Congreso calificaba entonces de “coladero” y “fraude sanitario” el acceso de los extranjeros sin papeles a la Sanidad pública durante una entrevista con Ana Pastor en Los Desayunos, de TVE en abril de 2012, recuperada por Maldita Hemeroteca.
Tres años después, el mismo ministro declaraba solemnemente en un desayuno informativo que la política social no es un asunto sectorial sino “el alma del Gobierno”.
