Podemos forzará un referéndum para la reforma de los aforamientos anunciada por Sánchez

La reforma exprés de la Constitución anunciada por Pedro Sánchez para modificar el régimen de aforamiento de los políticos no será tan rápida como aseguró el presidente del Gobierno este lunes. Sánchez se marcó un plazo de 60 días de tramitación parlamentaria para el cambio. Pero el jefe del Ejecutivo deberá, primero, convencer al PP, sin cuyo apoyo la reforma es imposible. Y, después, a la mayoría de los españoles. Podemos forzará, gracias a sus diputados, un referéndum para esta para y cualquier otra reforma de la Carta Magna que se ponga en marcha.

La Constitución recoge en su propio articulado cuál es la fórmula para modificarla. El Título X explica que las reformas deberán contar con el apoyo de tres quintas partes de Congreso y Senado. Si no se logra este apoyo en la Cámara Alta, pero sí la mayoría absoluta, la Cámara Baja puede ratificar la reforma con el voto favorable de dos tercios de sus diputados.

La Carta Magna no contempla la obligatoriedad de consultar a los españoles la modificación de la máxima norma del Estado salvo en casos concretos: cuando se toca el Título Preliminar, la parte referida a los derechos fundamentales o los artículos que tienen que ver con la Corona.

De hecho, hasta ahora, ninguna reforma constitucional ha pasado por el proceso del referéndum. La Carta Magna fue ratificada por los españoles en 1978. Ni la modificación de 1992 ni la de 2011 pasaron por la consulta ciudadana.

La reforma planteada por Sánchez tampoco tendría por qué pasar dicho proceso. Pero Podemos ha reafirmado un compromiso que adquirió en el pasado: utilizar su fuerza parlamentaria para forzar un referéndum. La Constitución recoge que la reforma será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras“.

Eso implica 35 diputados. Y el grupo de Unidos Podemos-En comú-En Marea tiene 67. Más que suficientes. Este mismo lunes, varios dirigentes de Podemos confirmaban en público que harán uso de la prerrogativa constitucional.

Los de Pablo Iglesias ya han anunciado que apoyan la iniciativa de Sánchez. Pero creen que se queda corta. Muy corta. La portavoz de Podemos, Noelia Vera, apuntaba el lunes: “Todos tenemos que ser juzgados por igual. Pero también hay que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito”.

Podemos, con todo, quiere que la apertura del candado constitucional sirva para otras reformas, como el blindaje de los derechos sociales o un nuevo acuerdo territorial.

El PP quiere que se extienda a las Autonomías

Antes de que el referéndum sea siquiera una opción, es imprescindible el acuerdo con el PP. El partido que lidera Pablo Casado tiene la mayoría absoluta en el Senado y exige conocer los detalles de la propuesta de Pedro Sánchez antes de decidir si respaldará la reforma exprés planteada por el presidente del Gobierno.

Fuentes de la dirección nacional explican que el equipo de Casado quiere saber si el Ejecutivo está dispuesto a aplicar esa reforma también a los gobiernos autonómicos y a los diputados en las asambleas regionales. “Si eliminamos los aforamientos de los políticos, los eliminamos todos”, aseguran esas fuentes, que hacen especial hincapié en el caso de Andalucía, donde según los conservadores Susana Díaz es reticente a limitar los aforamientos.

Casado quiere un compromiso del PSOE de que impulsará también esa limitación en los estatutos de autonomía, promulgando su modificación y, en su caso, estableciendo la eliminación de los aforamientos como condición sine qua non para dar su visto bueno a las reformas de los textos autonómicos que pasen por el Congreso de los Diputados.

Los conservadores esperan que Sánchez se ponga en contacto con el partido en los próximos días para aclarar estas cuestiones. Hasta que esas explicaciones se produzcan, el PP seguirá considerando que el “principal objetivo” del anuncio del jefe del Ejecutivo es el propio Casado. “Si él pudiera haría una modificación de la Constitución solo para eliminar el aforamiento de Pablo”, aseguraba la dirección de los populares. A su juicio, la verdadera razón de la propuesta es crear “una cortina de humo” porque “el Gobierno se cae a pedazos”. El objetivo es que “no se hable más de las bombas de Arabia Saudí o del desastre de la entrevista de Sánchez en La Sexta”, apuntan.

El PP incluyó la limitación de los aforamientos en su programa electoral. Pero establece algunos límites: el equipo de Casado no quiere que en ningún caso se le retire ese privilegio al rey o a los miembros del poder judicial.

El problema en la reforma de los estatutos autonómicos es que PP y PSOE no dominan todos los parlamentos autonómicos. Es el caso de Euskadi, Catalunya o Navarra, por ejemplo. Además, en otros casos las normas autonómicas exigen un referéndum para su reforma. Es el caso de Andalucía, donde Ciudadanos ha anunciado que rompe su acuerdo con Susana Díaz precisamente porque la presidenta no se aviene a eliminar los aforamientos.

Moncloa acelera el anuncio tras su peor semana

Moncloa ha acelerado el anuncio de la propuesta de Sánchez tras su peor semana desde que es presidente, en la que se enfrentó a la dimisión de Carmen Montón por las irregularidades de su máster y a las acusaciones de plagio en su propia tesis. Sánchez trata así de marcar la agenda y el debate político.

Sánchez redujo su medida estrella a una escueta referencia en una conferencia este mismo lunes: “Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos”, apuntaba el presidente.

Fuentes de Moncloa explicaron con posterioridad que el cambio afectaría a los miembros del Gobierno, del Senado y del Congreso. Conforme pasaron las horas, desde el Gobierno se abría la puerta también a ampliar la limitación para otros aforados, como los miembros de la carrera judicial: “También será necesario modificar otras leyes (como la Ley Orgánica del Poder Judicial) para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, defensor del pueblo o Tribunal de Cuentas”.

Ese es el punto de partida para el Gobierno, pero el Ministerio de Justicia ya había encargado un informe para determinar el mantenimiento de los aforamientos que “de manera excepcional, sean indispensables”. La fecha para la que está previsto ese análisis es el 30 de noviembre e irá aparte del anuncio que realizó el presidente.

Sin embargo, en el Ejecutivo no saben explicar a qué tipo de delitos se retiraría el aforamiento más allá de señalar que solo gozarían de este privilegio en aquellos actos que tengan que ver con su función pública y no con aspectos privados. Pero desde el Gobierno no se aclara cómo se aplicaría en casos como el de la prevaricación administrativa o malversación de caudales, que se comenten precisamente en el ejercicio del cargo público.

“Eso hay que dejárselo a los técnicos. Son los que nos tienen que decir si se puede hacer, cómo o si no se puede hacer”, señalan desde Justicia sobre cómo pretende el Gobierno limitar el aforamiento a la actividad estrictamente pública.