La política fiscal de PP y Ciudadanos: bajar impuestos en sus autonomías y reclamar financiación al Gobierno
Los presidentes de las autonomías gobernadas por el PP han salido este miércoles de forma coordinada a exigir al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez los 7.200 millones que las regiones han dejado de percibir. Es un dinero que está parado porque no hay Gobierno, y que según un informe de la Abogacía del Estado conocido en las últimas horas no se puede transferir mientras no haya un Gobierno estable. El PP, que durante el Gobierno de Mariano Rajoy usó este mismo criterio, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, ha ido más allá y ha aprovechado para pedir la reforma del sistema de financiación autonómica, el complejo reparto que distribuye los fondos a las comunidades y que los dos gobiernos anteriores de Mariano Rajoy (el primero de ellos con mayoría absoluta) no se atrevió a abordar entre 2011 y 2018.
Mientras esos dirigentes autonómicos piden más dinero “para mantener los servicios públicos”, sus gobiernos ponen en marcha “rebajas de impuestos históricas”, que mermarán sus ingresos y dejarán sus cuentas aún más deterioradas.
Lo anunció desde el primer día el propio líder del PP, Pablo Casado. Las comunidades donde gobierne su partido plantearían una guerra fiscal al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Si ellos suben impuestos, nosotros, en los gobiernos regionales los bajaremos en los tramos autonómicos”, prometía ya durante la campaña electoral de mayo. “Estas elecciones servirán para hacer de contrapeso. Eso es lo que ahora se vota: un contrapeso al Gobierno de Pedro Sánchez”, dijo tras protagonizar el peor resultado en las generales de las tres décadas de historia del Partido Popular.
Esta estrategia la ha calcado Ciudadanos con el que el PP gobierna en coalición en casi todos los ejecutivos autonómicos –a excepción de Galicia– en los que la derecha (y, cuando se ha necesitado, la extrema derecha) ha logrado sumar. “Cada impuesto que Sánchez suba, nosotros lo bajaremos”, decía también hace apenas cuatro días el vicepresidente de la Comunidad de Madrid (Ciudadanos), Ignacio Aguado.
El mismo día, Aguado al igual que hizo la nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate de investidura, reclamaba una reforma “objetiva, justa y transparente” de la financiación autonómica. Para el vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, el actual sistema de reparto de fondos a las comunidades es “opaco” e “injusto” y “construye un país insolidario y asimétrico porque está pensada con criterios políticos y no con criterios de sostenibilidad, de gestión y de inversión pública”.
Dos décadas de rebajas fiscales
La Comunidad de Madrid acumula casi dos décadas de rebajas fiscales, especialmente a las grandes fortunas. La carrera la inició Esperanza Aguirre en 2002 y ha llegado hasta nuestros días. Menos de un año después de la última reducción del IRPF en Madrid, Díaz Ayuso ha anunciado otra “rebaja de impuestos histórica” en la región, que supondría, según los propios cálculos del PP, 300 millones de euros menos para las arcas madrileñas. A eso hay que sumarle los más de 800 millones que Madrid deja de ingresar al bonificar al 100% el impuesto de patrimonio (del que se benefician principalmente las rentas más altas) y la bonificación del impuesto de sucesiones al 99% entre padres e hijos y entre cónyuges.
Estos impuestos fueron cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, una transferencia nació como una forma de involucrar a las autonomías y que así gestionasen parte de sus ingresos ya que asumen el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente).
Expertos en materia tributaria denuncian que la senda de rebajas fiscales e impositivas iniciadas por Madrid genera “desequilibrios” y “competencia desleal” entre territorios, de ahí que algunos técnicos hayan empezado a calificar a la región de “paraíso fiscal”. “Un modelo descentralizado de competencia fiscal beneficia a las rentas altas que pueden buscar refugio en lugares de tributación más ventajosa y perjudica a las rentas medias y bajas, no solo porque han de conformarse usualmente con la tributación que les toque en suerte, sino porque padecerán el deterioro de los servicios públicos que le son más necesarios que a las rentas altas”, apunta Ricardo Rodríguez, técnico de Hacienda.
“Lo nuevo es que la competencia fiscal no solo no se niega, sino que se reivindica abiertamente como beneficiosa para la prosperidad general y se pretende elevar a política de Estado”, expone Rodríguez.
El PP defiende, haciendo suya la controvertida teoría de la curva de Laffer, que una rebaja de impuestos hace crecer la economía y, como consecuencia, dispara la recaudación. En los últimos años esa política en Madrid ha triplicado la deuda de la Comunidad hasta 35.000 millones de euros. Mientras sus dirigentes claman por que se reduzcan -o directamente desaparezcan- la mayoría de impuestos, exigen que el Gobierno de Sánchez aborde la reforma de la financiación autonómica que otorgue a sus comunidades mayores ingresos desde el Estado.
De ahí que la política fiscal madrileña se esté copiando desde otros territorios gobernados por la derecha. El consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, declaraba hace unos días que la rebaja de impuestos adoptada el pasado mes de abril en los presupuestos andaluces fue solamente el anticipo de lo que está por venir. “En los próximos años, profundizaremos en este tipo de medidas”, afirmó.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla sacó adelante en abril (con el apoyo de Vox) sus primeros presupuestos que incluían rebajas fiscales en el impuesto sobre la renta, bonificaciones al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones para transferencias entre cónyuges y familiares directos, y una rebaja del impuesto de patrimonios del 8% al 3,5%. En total, las medidas introducidas tienen un impacto presupuestario de 235 millones de euros, según el gobierno andaluz. Moreno Bonilla reconoció durante la toma de posesión de Ayuso que se miran en el espejo madrileño y que su objetivo es acabar “compitiendo” con Ayuso en rebaja fiscal.
El presidente andaluz ha sido este miércoles uno de los primeros en salir a reclamar que el gobierno en funciones reúna de urgencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera para sortear los impedimentos legales que bloquean los fondos a las comunidades autónomas: 4.700 millones del sistema de financiación autonómica, además de otros 2.500 millones que del IVA recaudado en diciembre de 2017.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y “sortear” el informe de la Abogacía del Estado, según el cual un Gobierno en funciones no puede transferir dinero a las autonomías. El argumento ya fue utilizado en su día por su antecesor, Cristóbal Montoro, del Partido Popular, sin que los barones populares hubieran alzado la voz.
Sobre la petición del PP de que se convoque de forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este asunto, Montero ha reprochado a los populares que pidan a un Gobierno en funciones convocar este foro para abordar la financiación autonómica cuando “el PP ha tenido dos legislaturas para reformar el modelo, y no lo ha hecho”.
La reforma que no abordó Rajoy
Rajoy no se atrevió a abordar durante los siete años que gobernó la reforma de la financiación autonómica que ahora el PP reclama al gobierno en funciones. El expresidente tuvo sobre la mesa un informe del comité de expertos presidido por el fiscalista Manuel Lagares, y que supervisó personalmente su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que contradice la senda que habían iniciado las comunidades en las que gobernaba, especialmente Madrid.
El informe final llegó en julio de 2017 y en él los expertos en derecho tributario recomiendan establecer un umbral mínimo de tributación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para impedir se bonifique al 99%, como ocurre actualmente en la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, pero también en el País Vasco y Catalunya.
Como determina el comité en el documento, es un impuesto que existe “en la mayoría de países de nuestro entorno”, que beneficia la “redistribución” y moderación en “la concentración de la riqueza”, y que tiene “una capacidad recaudatoria no desdeñable (en torno a 2.200 millones de euros en 2014)”. Por todo ello, la comisión no veía razones para derogarlo con carácter general o “permitir su supresión en la práctica en ciertas Comunidades” por lo que recomendaba “niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del tributo”.
Algo parecido señalaba ese dictamen sobre el impuesto de Patrimonio, que Madrid bonifica al 100%. Los fiscalistas nombrados por Montoro consideraban “necesaria” la “determinación por parte del Estado de una base imponible homogénea y un mínimo exento amplio igual en todo el territorio nacional”. La comisión de expertos reducía el papel de las comunidades autónomas en “el establecimiento de la tarifa del impuesto, así como a la aprobación de posibles deducciones o bonificaciones de la cuota vinculadas a circunstancias personales y familiares del sujeto pasivo, sin que ello pueda suponer una desfiscalización de hechos imponibles”.
El documento quedó en un cajón. Ahora, el nuevo PP de Casado, cuyas tesis en materia fiscal comparten Ciudadanos y Vox, ensaya fórmulas contrarias a lo que decía el informe encargado por Montoro. Y aunque la tesis neoliberal apunta que bajando impuestos esos territorios recaudarán más, demandan al Gobierno de Sánchez más financiación.
