Rafael Amargo, al borde del banquillo: los investigadores dan por hecho que él era el contacto con los narcos

Rafael Amargo tiene una temporada complicada por delante. El bailarín de 46 años de edad se ha encontrado estas Navidades con una petición de nueve años de cárcel para él por parte de la Fiscalía. Los investigadores no tienen ninguna duda de que el artista granadino vendía droga desde su casa y de que, si era necesario, enviaba una mula a donde el comprador le pedía que llevase la sustancia que había comprado. Amargo, que ha cambiado recientemente de abogado por segunda vez en unos pocos meses, tiene ahora la tarea de defenderse en un caso que está irremediablemente abocado a juicio en la Audiencia Provincial de Madrid.

El caso estalló hace ahora un año. El 20 de diciembre de 2020 el bailarín era detenido por la Policía Nacional por orden de un juzgado de la capital en una operación contra el tráfico de drogas. La Fiscalía llegó a pedir su entrada en prisión provisional pero el juzgado de guardia optó por dejarle en libertad con algunas medidas cautelares: la obligación de comparecer dos veces al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

Dos días después, Rafael Amargo estrenaba en el Teatro La Latina su adaptación de Yerma, la obra de Federico García Lorca. El bailarín se llevaba una ovación y decía: “Al menos he tenido los cojones de estar aquí de pie sobre el escenario”. En varias declaraciones públicas, el coreógrafo ha negado las acusaciones que pesan sobre él en esta operación Corax, ha reconocido haber consumido drogas y que en su casa la gente puede haberlas consumido. Ante la jueza, dejó una frase para la historia de las investigaciones sobre tráfico de drogas: “De mi casa nunca se va nadie con más drogas de las que llevó”.

El caso encara la recta final antes del juicio. El bailarín puede confiar en que no pasará por prisión antes de una hipotética condena firme: tanto el juez de instrucción como la Audiencia Provincial de Madrid han dejado claro que no es necesario el encarcelamiento provisional ante la ausencia de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva. Y la Fiscalía ha pedido una condena alta, de nueve años de prisión, pero sólo lo hace por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

Se trata de un punto relevante. Desde un primer momento la causa judicial ha impulsado la investigación del delito contra la salud pública pero también otro de organización criminal. En este caso la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento provisional de la causa contra la pareja de Rafael Amargo y ha decidido no acusar por organización criminal al entender que la actividad de menudeo que desarrollaban en su casa, supuestamente, no alcanza ese nivel de organización al ser sólo tres personas con uno de ellos ejerciendo de correo de la droga.

La causa, por tanto, ha adelgazado en el tramo final de la instrucción. La Fiscalía pide otros nueve años de cárcel para Eduardo S.B y seis más para Miguel Ángel B.L por el mismo delito. Según la acusación pública, los dos primeros se encargaban de obtener la droga y el tercero era el encargado de transportarla, ejerciendo de mula, en caso de que fuera necesario para llegar al cliente. “Se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetaminas, a terceras personas a cambio de dinero”, dice el escrito de acusación conocido esta semana.

Popper, GBL, MDMA y ketamina

La Policía Nacional encontró droga tanto en casa del bailarín como en la del otro acusado. En el caso del domicilio de Rafael Amargo, los agentes hallaron tres botes de popper, una bolsa con 0,089 gramos de feniletilamina y seis mililitros de GBL, una droga derivada del GBH. En casa del otro acusado el botín fue mayor: un bote de popper, 0,185 gramos de MDMA, casi sesenta gramos de metanfetaminas, 6,8 mililitros de GBL y 5.800 euros en efectivo. La teoría de la Fiscalía es que la casa del artista era el punto de venta y que lo encontrado en ambos domicilios son pistas claras de que esa droga no era para consumo propio.

La Fiscalía cree que Amargo vendía droga a la gente desde su propia casa, pero también que utilizaba a uno de los acusados a modo de mula para llevar la droga al domicilio del cliente para volver más tarde con el dinero. Fue el 27 de abril de 2020 cuando Miguel Ángel B.K fue sorprendido por los agentes cuando iba a darle a uno de sus clientes una bolsita con 0,9 gramos de metanfetamina a cambio de cincuenta euros. La droga, dice la Fiscalía, había salido de la casa del bailarín y todavía tenía que volver para darle el dinero.

La investigación se sustenta sobre meses de vigilancias y pinchazos telefónicos. Los agentes de Policía Nacional que vigilaban el domicilio del artista en Madrid observaron, dice el escrito de la Fiscalía, “como acudían numerosas personas que salían nuevamente de manera apresurada, procediendo la policía a identificar a dos de ellas, interviniendo sustancia estupefaciente que se había adquirido en dicho domicilio, levantándose las correspondientes actas de aprehensión”.

La Fiscalía entiende que ha quedado probado que la gente iba a casa de Rafael Amargo a comprar droga. Ahora es el turno del bailarín de presentar su propio escrito de defensa de cara a un juicio que todavía no tiene fecha. Todo esto sucede después de que el juzgado 48 de Madrid declarase concluida la investigación y enseñase a Amargo, su pareja y sus dos supuestos compinches el camino del banquillo al confirmar los indicios que hay contra ellos.

Tal y como adelantó el diario El País el pasado 30 de noviembre, el juez instructor cerró la investigación con la teoría de que Amargo y los suyos formaban parte de una organización criminal con funciones perfectamente distribuidas y diferenciadas para comprar y vender la droga. Una teoría que ahora la Fiscalía ha rechazado parcialmente al exonerar a su pareja y al no acusar por el delito de organización criminal. Los dos señalados negaron de forma tajante estas acusaciones en declaraciones al rotativo del grupo Prisa.

Según el juez instructor, existía “un reparto de funciones concertado y coordinado” entre los cuatro imputados. Ahora el Ministerio Público, única acusación en esta causa, rebaja esa imputación por lo que no será algo que contemple la Audiencia Provincial de Madrid cuando el caso llegue a juicio. Está por ver qué nueva estrategia legal sigue el bailarín y coreógrafo después de un nuevo cambio de abogado. Según fuentes jurídicas, el letrado del despacho de José Antonio Choclán al que contrató en octubre ha dado la venia a otro profesional recientemente. Es el segundo cambio en pocos meses ya que previamente su abogado era Cándido Conde-Pumpido Varela.