Sánchez dibuja para 2024 un escenario de continuidad económica y social alejado de las profecías catastrofistas

Frente al ruido, los datos. Frente a los videntes de la vorágine, las cifras. Y frente al “España se rompe” que corea la oposición, Pedro Sánchez trata de imponer un marco que no habla de referéndum ni de amnistía ni de ETA ni de Bildu ni de naciones… Sólo de las cosas de comer. A saber: el SMI, las pensiones, las ayudas al transporte público, la suspensión de los desahucios, la reducción del IVA de los alimentos y, en definitiva, la protección de los más desfavorecidos. 

El balance de fin de año del presidente del Gobierno dibuja para 2024 un escenario de continuidad en las políticas sociales, coherente con la aprobación de un nuevo paquete de medidas anticrisis aprobado en el Consejo de Ministros de este miércoles y muy alejado del desastre que pronostica la oposición. Lo quiso remarcar con la estadística: “La economía española ha desmentido a todos los profetas del caos. Pronosticaron que el crecimiento de España sería del 1,2%. Hoy sabemos que crece el doble. Preveían un crecimiento del 0,8% del empleo. Hoy sabemos que es más del doble. Hoy contamos con un Estado del bienestar más robusto, mejor preparado para cualquier desafío que debamos enfrentar”.

En cinco años de Gobierno progresista, frente a cada augurio catastrofista el presidente del Gobierno se defiende: “Se ha impuesto un dato positivo porque la España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos, con más empleo y con más derechos. Tenemos, además, un Gobierno sin tacha de corrupción. Ahora, hay cuatro años por delante para consolidar y ensanchar todos esos avances”.

Ha sido 2023, además de un año convulso en lo político e incierto en lo económico, marcado sobre todo por unas elecciones generales que Sánchez convocó tras invocar la necesidad de clarificar el rumbo que debía seguir el país. Los españoles, a su juicio, se vieron confrontados a la misma disyuntiva que otras naciones: elegir entre un Gobierno marcado por la agenda de la extrema derecha u otro de agenda progresista y avances sociales. Y España eligió lo segundo.

Aun así, sea por los acuerdos con el independentismo, sea por la amnistía o sea por unos resultados mal digeridos por la derecha, no ha bajado el volumen del ruido que acompaña a la vida pública y al que las derechas con su verbo inflamado tratan de arrastrar a la ciudadanía. Una estrategia, la de PP y Vox, que Sánchez no quiso tampoco este miércoles pasar por alto, tras censurar el altísimo “nivel de descalificación e insultos a los que ha llegado la oposición”. 

El presidente del Gobierno se refirió concretamente al momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le llamó “hijo de puta” y defendió que, desde el punto de vista social, debería ser absolutamente reprochable que se bromee con el asunto tras reconvertir la expresión en un “me gusta la fruta”. “Me parece completamente deleznable y demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política por parte de la oposición. Y esto se debe condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen”, añadió haciendo extensivo el reproche a los medios de comunicación que jalean el comentario de la baronesa madrileña.

También habló de una “polarización asimétrica” en el debate político, donde hay gente que insulta y otros que son insultados: “Hay partidos políticos que son asediados y fuerzas políticas o líderes políticos que instan al asedio de esas otras fuerzas políticas”, enfatizó tras afirmar, no obstante, que su compromiso era “no entrar en ninguna de estas descalificaciones e insultos”, y tampoco responder con “más bronca y más ruido”. Más bien se comprometió a trabajar por el “bien de la ciudadanía”, centrarse en gobernar e impulsar avances sociales y hacer política desde el “respeto” y la “urbanidad”, como le trasladó a Feijóo en su reunión de hace una semana en el Congreso de los Diputados, y pese a estar convencido de que la “lógica de la derecha y la ultraderecha” es embarrar el debate público para “desmovilizar” y “crear desafección” en la política, con vistas a futuras contiendas electorales.

La rabia, el insulto o la frustración por unos objetivos electorales que no se cumplieron no son, en su opinión, un proyecto político para el país, y sí una estrategia a la que el Gobierno debe responder exclusivamente con iniciativas como la ley de paridad, la revalorización de las pensiones u otras medidas sociales. Por eso el Consejo de Ministros aprobó este miércoles que el IVA de la electricidad quede hasta final de año en el 10% –el doble que hasta ahora pero muy lejos del 21% previo al estallido de la crisis por la guerra de Ucrania– y mantendrá también en esa misma cota el IVA del gas, aunque por menos tiempo: mediados de 2024. Del mismo modo se mantendrá durante todo 2024 la gratuidad en los abonos destinados a usuarios frecuentes de los trenes de Cercanías, Media Distancia (regionales) y Ancho Métrico (vía estrecha) operados por Renfe y el Estado seguirá bonificando con un 30% el transporte público urbano e interurbano del resto de administraciones, como hasta ahora, siempre que las entidades municipales y autonómicas se comprometan a aumentar este descuento hasta el 50%. 

¿Dónde está el desastre?

Su objetivo pasa por abstraerse del ruido y de los insultos para erigirse en gobernante de una mayoría social que no le votó, en efecto, para que aprobara una amnistía que beneficiará a los líderes del procés, pero sí para que siguiera por la senda de los avances, los nuevos derechos y las políticas sociales. De ahí el exhaustivo repaso de la acción gubernamental en esta materia de los últimos cuatros años, las leyes aprobadas y los últimos datos económicos. “¿Dónde está el desastre? ¿Y dónde el fin del mundo?”, se preguntan sus más estrechos colaboradores. 

Si el PP ha elegido discutir sobre la amnistía, Bildu y la ruptura de España y el independentismo sobre un referéndum para Catalunya, el Gobierno de coalición lo hará sobre salud mental, pensiones, salario mínimo interprofesional y transporte público, entre otros asuntos. Los marcos con los que los partidos afronten 2024, un año con elecciones en Galicia, en Euskadi y en Europa, serán por tanto muy distintos. Y Sánchez no está dispuesto a quedar atrapado ni por el relato de la oposición ni por el de sus aliados parlamentarios, convencido de que el PSOE habla para las mayorías.

De ahí que abogase también en su balance de final de año por buscar un “punto de encuentro” frente a las propuestas del independentismo catalán de celebrar un referéndum de autodeterminación, opción que, según dijo, “lógicamente” ni comparte ni acepta. “Las propuestas del independentismo las conocemos, nada nuevo bajo el Sol”, señaló tras subrayar también que los recursos económicos para Catalunya se abordarán en el marco de la financiación autonómica “con todas y cada una de las comunidades autónomas”. Ni pacto fiscal ni financiación singular, por tanto. 

A lo que no está dispuesto es a perder un minuto más en la renovación del CGPJ que el PP mantiene bloqueada desde hace cinco años. Porque es ya, a su entender, “un imperativo” y porque dice estar “encantado” con que la Comisión Europea pueda ejercer de mediador en la negociación entre el PSOE y el PP si la oposición, como ha propuesto Feijóo, lo estima necesario. 

Si el PP dice “mil veces que no” a renovar el órgano de gobierno de los jueces, el presidente adelantó que responderá “mil y una veces” que tiene la mano tendida hacia el partido de Feijóo, ya que “no es aceptable ni asumible” esta situación, con un CGPJ con el mandato caducado desde diciembre de 2018. Y todo porque, añadió, el PP no reconoce la legitimidad de las Cortes que “quieren renovar” el órgano con un sistema de elección que “dura más de una década”.