El Gobierno concede la Gran Cruz del Reconocimiento Civil a los periodistas Beriain y Fraile, asesinados en Burkina Faso

Unidas Podemos reclama al Ministerio del Interior investigar las presuntas agresiones por parte de agentes policiales a personas migrantes en la valla fronteriza de Melilla y, en caso de confirmarse, si piensa cesar a los responsables.

Así lo trasladan mediante varias preguntas parlamentarias los diputados del espacio confederal Antón Gómez Reino (Galicia en Común) e Ismael Cortés (En Comú Podem) en relación a imágenes difundidas sobre golpes de agentes a personas que trataban de cruzar la valla de Melilla, para que cayeran en el lado marroquí de la frontera.

Los dos parlamentarios exponen en su iniciativa que ayer y el pasado miércoles se produjeron sendos intentos de entrada al país, a través del perímetro fronterizo de Melilla. Al respecto, detallan que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial las de varios agentes de Policía que hicieron uso de la fuerza.

De hecho, los dos diputados subrayan que esas denuncias aluden a posibles disparos al aire o golpes contra personas, para destacar que una veintena de personas se encuentran hospitalizadas en la ciudad autónoma, sin poder cuantificar los heridos que se encuentran en Marruecos.

También pide que se aclaren si, en base a esas imágenes publicadas, se produjeron tres devoluciones “sumarias” que, según argumentan, han sido documentadas por la organización Solidary Wheels. Una actuación que, tal y como recalcan, son “contrarias a la legalidad” y han sido condenadas en su momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En consecuencia, Gómez-Reino y Cortés solicitan conocer la valoración del Ministerio del Interior al respecto y si contempla desplegar actuaciones de investigación para esclarecer estas denuncias. Además, ahondan al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska si piensa apartar del servicio, o incluso cesar de sus funciones, a los responsables en caso de confirmarse las presuntas agresiones. Finalmente, piden que se garantice el cumplimiento del protocolo cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos que “prohíbe las expulsiones colectivas”.

Con información de Europa Press.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha anunciado este viernes que el Gobierno pondrá en marcha un anteproyecto de ley para dar más protección a los denunciantes de corrupción. La tardanza de España en ajustar su normativa a las directrices europeas sobre este asunto se había traducido recientemente en la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea.

Una norma que, tal y como ha explicado Llop, va dirigida al sector público pero también el sector privado y facilitar que quienes tengan conocimiento de casos de posible corrupción acudan a las autoridades sin miedo a las represalias. “Va a crear un clima de confianza en el seno de las organizaciones, el informante se relacionará de una manera más directa y de mayor confianza con su propia organización o con la administración”, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. 

Según la titular de la cartera de Justicia, existirán dos mecanismos: los canales internos y externos de denuncia, controlados por una autoridad independiente, y las sanciones. Estas sanciones, tal y como ha explicado Pilar Llop, “llegarán hasta un millón de euros” para los que tomen represalias contra las personas que informen sobre posibles casos de corrupción.

Informa Alberto Pozas.

El alcalde de Madrid y ex portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado este viernes que “si ya decía antes de que se archivara, que (el rey emérito) debía volver a España, ahora no haya ninguna duda de que debe volver”.

“Yo ya abogaba por la vuelta cuando la Fiscalía tenía las diligencias abiertas”, ha trasladado ante los medios de comunicación a las puertas de la basílica de Jesús de Medinaceli después de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar las diligencias abiertas contra Don Juan Carlos.

Almeida ha destacado que “su obra política será recordada en la historia de España”. “Si hoy somos una democracia consolidada es gracias al impulso que le dio el rey Juan Carlos, que se despojó de todos sus poderes”, ha apostillado. Sobre sus conductas, ha remarcado que “no merecen reproche penal, al margen de la ejemplaridad”.

Juan Carlos I se enriqueció a espaldas de Hacienda durante lo peor de la crisis económica de 2008, según relata la Fiscalía. Abrió dos 'trust' en el paraíso fiscal de Jersey a mediados de los noventa, y cobró 100 millones de dólares en 2008 en una cuenta en Suiza, entre otros hechos.

Puedes leer aquí la trayectoria económica boyante del rey emérito.

Moncloa cierra la puerta a las subidas impositivas a grandes empresas y fortunas que ha reclamado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. “No contemplamos ninguna subida fiscal en este momento”, ha zanjado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado que el informe de los expertos que se presentó este jueves con recomendaciones como imponer un mínimo común de los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio se pidió y elaboró antes de la situación que ha deparado la invasión rusa de Ucrania que el Ejecutivo da por hecho tendrá importantes repercusiones en la economía europea. 

A la espera del “devenir” de esas consecuencias, Rodríguez ha dicho que “el Gobierno está adoptando medidas dirigidas a amortiguar el coste”. 

Ante las críticas de Podemos al envío bilateral de armas, la portavoz del Gobierno ha dejado entrever el malestar que genera en el ala socialista: “Estamos ante un desafío de gran magnitud en la política internacional [ha respondido] que estar mirándonos el ombligo y estar en lo doméstico no parece quizás lo más importante”. “Hay que estar con altura y grandeza de miras”, ha reclamado Rodríguez, que ha asegurado que el Gobierno está “liderando” en la UE y la OTAN una “unidad de respuesta ante una agresión sin precedentes. 

Aún así, en Moncloa tratan de restar importancia a las discrepancias. “Al Gobierno le unen prácticamente los mismos valores que a la inmensa mayoría de la sociedad española y grupos políticos”, ha dicho antes de enumerar “el rechazo a la agresión de Rusia”, “el apoyo al pueblo ucraniano” y el “deseo del pronto restablecimiento de la paz”. 

Fuentes de Moncloa agregan, además, que las críticas se circunscriben al espacio partidista y no al ministerial. No obstante, la exigencia de una reforma fiscal ha venido de parte del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Belarra. Otras fuentes tratan de minimizar el peso de las discrepancias al recordar que se trata de la “parte minoritaria” del socio minoritario de la coalición, en referencia a Podemos ya que Yolanda Díaz, Alberto Garzón, o Joan Subirats se han alineado con la decisión de Pedro Sánchez de enviar armamento directamente a Ucrania sin pasar por la UE.

Escribe Irene Castro.

Máxima representación española en la toma de posesión del presidente de Chile, Gabriel Boric, líder de izquierdas que ganó las elecciones en ese país. Además de Felipe VI, que suele acudir a este tipo de eventos en los países latinoamericanos, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que es quien le acompaña en esos actos, la comitiva del Gobierno estará formada también por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

La salida del rey y los ministros será el 9 de marzo, según ha informado Exteriores, para acudir a la toma de posesión, que será el día 11. Al día siguiente está prevista la presencia del jefe del Estado en un acto de homenaje en La Palma. 

Informa Irene Castro.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha sostenido que está a disposición del partido y del que “va a ser el presidente, Alberto Núñez Feijóo”.

Preguntado por los periodistas por si va a continuar en su cargo en la formación, ha reconocido que lo desconoce pero que él es “una persona más de proyecto que de sillones” y “más de trabajo que de cargos”.

“Yo estoy a disposición del partido y al que va a ser el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, que tiene todo mi apoyo y mi colaboración”, ha manifestado, tras asistir al minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género en Pozuelo de Alarcón.

Para el consejero madrileño, este es “el momento de la unidad”. “Este es el momento de decirle a España que hay una alternativa clara, necesaria, para liberar a España cuanto antes del peor Gobierno de nuestra democracia, con el peor presidente de nuestra democracia, en el pro momento”, ha trasladado. A su parecer, cuanto antes se libre al país “de este Gobierno mucho mejor”.

Con información de Europa Press.

La sala de lo penal del Tribunal Supremo estudiará en vista pública los días 4 y 5 de mayo, jueves y viernes, la sentencia que condenó entre otros a José Antonio Griñán y Manuel Chaves por los ERE de Andalucía. El tribunal tendrá como ponente al magistrado Eduardo de Porres y escuchará durante dos días las alegaciones de las defensas que recurrieron las condenas. 

La Audiencia de Sevilla impuso en noviembre de 2019 condenas de hasta casi 8 años de cárcel e inhabilitación a un total de 19 personas. Los jueces declararon probado que, durante años, la Junta de Andalucía y varios de sus altos cargos por crear un sistema “ágil” pero sin mecanismos de control para conceder ayudas sociolaborales y a empresas. 

Una sentencia en la que, entre otros, fueron condenados dos presidentes de la Junta de Andalucía que han llevado el caso hasta el Tribunal Supremo. Son José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión, y Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación. La declaración de firmeza de la sentencia implicaría la entrada en prisión obligatoria del primero. 

La Audiencia de Sevilla cifró en 741 millones de euros el agujero que este sistema de ayudas públicas sin control causó a las arcas públicas andaluzas entre los años 2000 y 2009.

Informa Alberto Pozas.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial revelan que en 2021 los concursos de acreedores experimentaron un significado ascenso en nuestro país con respecto al primer año de la pandemia, pero también con respecto a 2019. Los juzgados registraron 18.892 concursos, lo que supone un aumento interanual del 37,5% y hasta de un 57% en relación con 2019. 

De estos concursos, más de la mitad (10.000) se corresponden con personas físicas sin actividad empresarial mientras que el resto vienen de empresarios (3.500) y empresas (5.300). En el caso de las personas físicas sin actividad empresarial, el aumento supone casi duplicar el número de concursos de acreedores registrados en 2019, antes de la pandemia. Son los concursos usados por particulares para declararse en quiebra.

El segundo año de pandemia también deja un fuerte incremento en lanzamientos y ejecuciones hipotecarias con respecto a 2020 aunque los números siguen bajando con respecto a 2019. Las ejecuciones hipotecarias, por ejemplo, crecieron un 36,2% interanual pero bajaron con respecto a hace dos años. Los lanzamientos, que no afectan sólo a los desahucios de familias que no pagan la hipoteca o el alquiler, también crecieron un 40% interanual pero bajaron más de un 23% con respecto a 2019. 

Otro indicador judicial de las crisis económicas es el del número de demandas por despido y reclamación de cantidad que llegan a los juzgados. Las primeras bajaron en 2021 con respecto a 2020 un 9,3% y las segundas subieron un 3,6%.

Informa Alberto Pozas.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha fijado para el 29 de abril a las 10.00 horas la celebración del juicio contra el diputado de Más País Íñigo Errejón por un presunto delito leve de maltrato a raíz de la denuncia presentada por un vecino de Lavapiés que dijo haber recibido una patada del político.

Esta nueva fecha se conoce después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara la causa de abstención planteada por la juez Margarita Valcarce, que el pasado 25 de enero suspendió el juicio que se celebraba contra el político.

La magistrada elevó su abstención a la Audiencia Provincial de Madrid el mismo día del juicio después de que el Ministerio Fiscal asegurara que veía “vulnerado el principio de imparcialidad objetiva” al ser la juez que juzga la misma que dirigió la investigación.

La Sección Tercera explicó que en este caso Valcarce, titular del Juzgado de Instrucción número 16, “no se limitó a incoar el juicio por delito leve, sino que previamente practicó diligencias de instrucción que pueden comprometer objetivamente su imparcialidad”. La causa relativa a Errejón corresponde ahora al juez sustituto legal del juzgado de Instrucción Número 16, que en este caso es el titular del Juzgado de Instrucción Número 43 de Madrid.

Informa Europa Press.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha reconocido este viernes que en el grupo confederal “hay distintas sensibilidades” acerca del envío de armamento a Ucrania por parte del Gobierno, si bien ha considerado que esas posturas “son todas respetables”. Echenique es de los que cree que ese envío es “un error”. “No está nada claro que enviar armas sirva para parar la guerra, sino lo contrario, puede alargar el conflicto y no cambiará la correlación de fuerzas”, ha asegurado en TVE. 

El dirigente del grupo confederal ha matizado en todo caso que en su espacio político están “de acuerdo en lo fundamental”, que es “que Putin es un sátrapa y el principal responsable” de la invasión así como que “los esfuerzos humanitarios son imprescindibles. 

Informa Iñigo Aduriz.

El PP de Madrid reunirá este viernes, a las 11 horas, a su Comité Ejecutivo Regional, en el primer encuentro de este órgano que se celebra tras la crisis del partido propiciada por las tensiones entre la Dirección Nacional y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Así, según ha informado fuentes 'populares' a Europa Press, el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero, ha convocado dicha reunión para, entre otros puntos, adoptar los acuerdos necesarios de cara al XX Congreso Nacional. La presidenta madrileña asistirá mañana a la cita.

El último Comité Ejecutivo Regional se produjo a finales del mes de octubre, justo antes de celebrarse la polémica Junta Directiva en la que un importante sector del partido, afín a la presidenta de la Comunidad, pidió que se adelantase el congreso de Madrid con el objetivo de “preparar las elecciones de 2023”.

Otra parte del partido, en línea con la Dirección de Pablo Casado, manifestó que debían cumplirse los plazos marcados desde 'Génova'. Según fuentes del partido, el presidente García Escudero se comprometió a trasladar a la Dirección Nacional lo expresado en el seno de la Junta pero no se ha conocido más información al respecto.

La celebración del congreso autonómico ha quedado ahora en segundo plano y el partido se centrará en el Congreso Nacional, que se celebrará en Sevilla, y ante el que ya ha dado un paso adelante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Informa Europa Press.