Marlaska defiende el relevo del inspector de Policía de Valencia por sus “graves y falsas” palabras sobre inmigración y delitos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de decir “falsedades” sobre las ocupaciones ilegales en Barcelona, que considera que son una cuestión minoritaria en la capital catalana.

Lo ha dicho en una entrevista en RNE este viernes después de que Feijóo haya afirmado que “hay comportamientos de políticos de la ciudad de Barcelona que tienen un efecto llamada en favor de la ocupación de vivienda” durante la convención sectorial del PP en Barcelona.

“El señor Feijóo busca un titular y una pelea”, ha criticado Colau, que ha lamentado textualmente que el líder del PP se sume al estilo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y diga burradas, en sus palabras.

Colau ve significativo que Feijóo no diga nada de regular el precio de los alquileres y -ha dicho- haga ruido sobre las ocupaciones ilegales, algo que ha atribuido a que en su partido hay “mucho multipropietario”.

Asimismo ha reivindicado que el Ayuntamiento de Barcelona está actuando “mucho más” que otras administraciones en materia de ocupación ilegal a través de políticas de mediación, buscando alternativas para familias vulnerables y colaborando con la justicia.

Con información de Europa Press.

UGT ha respaldado el Estatuto del Becario, como hizo esta semana CCOO en otra votación interna, una norma que considera “muy positiva” para reducir la precariedad entre los jóvenes. 

El sindicato que lidera Pepe Álvarez considera que el nuevo estatuto “traerá un modelo de prácticas vanguardista” a España. “Garantiza que las prácticas no laborales estén vinculadas a un plan de estudio para que no se pueda pervertir esta figura y aporta una serie de derechos y garantías que hará que este alumnado tenga un periodo de prácticas de calidad, a la vez que impedirá que se use la figura del becario de manera fraudulenta para sustituir puestos de trabajo en las empresas”, indica la organización en un comunicado, que ha compartido RUGE, que representa a los jóvenes de UGT. 

El sindicato ha advertido de que “no se pueden dilatar más los tiempos y pronto debemos tener esta nueva norma en funcionamiento”. UGT y CCOO aseguran que existe un preacuerdo con Trabajo para sacar la norma adelante y que los empresarios se descuelgan de esta, pero ni la patronal ni el Ministerio que dirige Yolanda Díaz han dado por concluida la negociación al ser preguntados durante la semana. 

UGT también ha criticado (aunque sin mencionar) a los rectores por su dura oposición al nuevo estatuto. El sindicato ha invitado a estas “voces” a que “moderen sus impulsos y que, previamente, hagan un ejercicio de reflexión, lectura e incluso de diálogo antes de difundir el miedo entre el alumnado confundiendo el contenido de manera interesada”.

Escribe Laura Olías.

El PSOE ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón de archivar la pieza separada número 9 de la macrocausa 'Púnica', entre otros, para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. En el recurso critican que el instructor no explica “qué resultados de la investigación motivan que los claros indicios delictivos que motivaron” su imputación “hayan desaparecido”. “Y no lo hace”, continúa, “porque nada en la instrucción posterior desmiente o contradice dichos indicios”. “Al contrario, los acrecienta”, asevera.

Así, el partido ve “absolutamente contradictorio” que Aguirre y González no conociesen “a quién y cómo se adjudicaban” los contratos publicitarios porque “toda la publicidad se aprobaba y controlaba desde la Presidencia y la Dirección General de Medios, que dependían directamente de González y, a través de él, de Aguirre”.

Combaten igualmente la decisión del juez de rechazar su petición de imputar al PP como partícipe a título lucrativo. García Castellón lo descartó al entender que sería “improcedente” considerar al PP partícipe a título lucrativo porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, “con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses”.

El PSOE responde que es “absolutamente falso” que el PP nacional sea una persona jurídica distinta del PP madrileño y para ello pone sobre la mesa los estatutos 'populares', conforme a los cuales –expone– Gutiérrez dependía de la Gerencia Nacional y “la presentación de cuentas ha de hacerse de forma consolidada, por lo que el PP debe de integrar y consolidar las cuentas regionales y, por lo tanto, hacerse responsable de las mismas”.

A ello anuda que el PP madrileño no era una rama cualquiera, sino una “pieza fundamental del engranaje” sobre la que el control era “mucho más estrecho”, de modo que sus “actos y campañas se acordaban desde la planta primera de la sede del PP en Génova 13 y se desarrollaban en la Comunidad de Madrid o en la misma ciudad, donde residían la mayor parte de los líderes nacionales, (...) que no podían ignorar la enorme cantidad de recursos utilizados a tal fin”.

Informa Europa Press.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha emplazado al PP a alcanzar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sea “justo”. Lo ha dicho en declaraciones a los medios en las que ha evitado referirse a nombres de posibles candidatos, como el caso de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.

Esta mañana desde Podemos han advertido de que no apoyarán un acuerdo entre PSOE y PP que excluya a la juez y exdiputada de Unidas Podemos en el Congreso, al entender que sería un reparto “bipartidista” del órgano de gobierno de los jueces además de un veto a una aspirante que es una excelente magistrada.

Díaz no se ha pronunciado en estos términos aunque ha reprochado al PP de tener una conducta “muy grave” durante casi cuatro años sin renovar el CGPJ: “Las instituciones son de la ciudadanía, no de los partidos. Ha llegado la hora de poner fin a esto (al bloqueo) y de que el PP salga de su error. Desde el Gobierno trabajamos para un acuerdo pero sinceramente creo que el acuerdo ha de ser justo y eso es lo que nos pide la ciudadanía y los propios protagonistas, que son los jueces”, ha zanjado.

Con información de Europa Press.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dado su total apoyo a la iniciativa conjunta que el PP –su grupo municipal– , y Ciudadanos llevan al Pleno de Cibeles el próximo martes en la que piden la reprobación del exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

“Quien insulta y se mofa de la Policía Municipal merece ser declarada persona non grata”, ha señalado el regidor este viernes durante la presentación de la programación del festival JAZZMADRID22.

La reprobación la justifican por los comentarios irónicos que realizó Iglesias a finales de septiembre en su programa de radio La Base, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendiera la ejecución de la sentencia del Supremo que condenó en firme a un año y siete meses de cárcel a la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, tras su participación en un desahucio. “Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y (Pablo) Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi en Arralde”, afirmó Iglesias.

Poco después de esas manifestaciones Almeida le llamó “chisgarabís” y “juguete roto de la política”, asegurando que era un “antidemócrata”.

Lo cuenta Carmen Moraga.

La representación legal de Podemos en el caso mascarillas ha solicitado al juez que exija al Ayuntamiento de Madrid, a la funeraria pública –que pagó el material sanitario– y al comisionista Alberto Luceño cuál es el papel de Lin Shin en el negocio, en alusión al nombre que ha aparecido en un correo entre los imputados sobre el reparto de comisiones.

En un escrito entregado al juzgado, Podemos destaca que “causa cierta sorpresa el hecho de que las sumas reflejadas para ‘Alberto’, ‘Leno’ [San Chin Choon] y ‘Lin Shin’, sean prácticamente coincidentes con las cantidades que fueron finalmente percibidas por el investigado Alberto Luceño”.

La existencia de Lin Shin en el correo citado que Luceño envía a Medina era conocida por la Fiscalía Anticorrupción desde la primavera de 2021, si bien el Ministerio Público no ha hecho alusión a esta identidad en ningún escrito o interrogatorio.

Por otra parte, el juez ha dictado un auto en el que mantiene la imputación de Luis Medina por alzamiento de bienes porque, si bien ha informado del fallo judicial favorable a sus intereses sobre la herencia de su abuela de 4,1 millones de euros, este no es firme y no puede considerarse a efectos de embargo y consecuente archivo.

Informa Pedro Águeda.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este viernes que el texto de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la ley trans, es la posición del Gobierno en su conjunto.

Así ha respondido la Portavoz del Ejecutivo, durante una visita al ayuntamiento de Arganda del Rey, tras la polémica suscitada por Podemos, por el miedo a que el PSOE pudiera retirar del texto la “autodeterminación” de género que no conlleva la necesidad de informes médicos para poder plasmar el cambio de género en el registro. Una cuestión que ha generado controversia en el propio Partido Socialista, contra la que se han manifestado feministas socialistas como Carmen Calvo.

La ministra de Política Territorial ha señalado, al respecto que la ley trans es “muy importante” y ha añadido, ahora en el Congreso los grupos tienen que hacer su trabajo, pero ha recalcado que “no hay ninguna duda” de que el PSOE “es el partido que trajo los derechos y libertades para el colectivo LGTBI, las personas trans y combate todos los días las discriminaciones”.

Con información de Europa Press.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) han reclamado este viernes al Ministerio de Sanidad la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en el interior del avión, tal y como han hecho el resto de países de la Unión Europea y teniendo en cuenta “que se ha superado la fase aguda de la pandemia, según ha reconocido el propio Gobierno”.

“Tras la eliminación de los controles para entrar en España es aún más injustificado e incongruente que se mantenga el uso obligatorio de la mascarilla en el avión, máxime cuando ya no se exige en el resto de la UE”, ha afirmado el presidente de ALA, Javier Gándara.

Por su parte, el presidente de CEAV, Carlos Garrido, ha señalado que “no tiene sentido que España sea el único país europeo en el que no se ha suprimido su obligatoriedad”.

Información de Europa Press.

El sector feminista del PSOE FEMES considera “inaceptable no tocar la autodeterminación de sexo” en las enmiendas al proyecto de ley trans. Estos días, PSOE y Gobierno trabajan en esas enmiendas y según pudo confirmar esta redacción, descartado tocar la autodeterminación de género, se centrarán principalmente en el artículo 65 del anteproyecto, más en concreto en la mención de la aplicación de la ley sobre violencia de género, dado que no la mayor preocupación en las filas socialistas tiene que ver con la equiparación de otras formas de violencia con la violencia de género. 

En un comunicado emitido este viernes, desde FEMES aseguran que esto es “una huida hacia delante por pura cobardía” y condenan esta decisión: “Con todo lo que el movimiento feminista crítico con la ley trans está argumentando en relación a las mujeres y menores es una burla pensar que la modificación del artículo relativo a la violencia de género silenciará tal malestar”.

FEMES reitera que la ley trans redactada en los términos actuales “tiene claros visos de inconstitucionalidad” además de que, a su juicio, “atenta a los derechos de las mujeres y desprotege a la infancia”. Así, califican de “políticamente irresponsable”, escrito con mayúsculas en la nota, que el PSOE “no se plantee enmendarla con seriedad y rigor”.

“Una ley que no atiende al sentido común, que no tiene en cuenta el malestar público y que no atiende las justas reivindicaciones que hoy son objeto de debate es una ley que nace muerta. No puede vencer ni convencer”, zanjan. 

Último día de plazo. Hoy viernes termina el tiempo para que los partidos presenten en el Congreso enmiendas a la totalidad al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Las Cuentas públicas tienen asegurados los vetos de PP, Vox, Ciudadanos y JxCat.

Con la incógnita de si ERC y PNV pedirán también que se devuelvan estas Cuentas al Ejecutivo, el Gobierno confía en que saldrán adelante sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, saben que con estas dos formaciones aún quedan cosas a pulir.

Los republicanos trabajan con el Ejecutivo desde hace tiempo para conseguir una “desjudicialización del conflicto catalán”. Mientras tanto, en el PNV, fuentes de la negociación aseguran que van a seguir apretando para lograr el cumplimiento de todos los acuerdos pendientes a lo largo de la legislatura.