Vivienda, Presupuestos y Memoria Histórica: los retos inmediatos que afronta el nuevo Gobierno

Los nuevos miembros del Gobierno ya tienen sus correspondientes carteras y este martes se verán por primera vez las caras todos juntos con Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros tras la tradicional foto de familia en la escalinata de Moncloa. Más allá de la renovación de caras que ha buscado Sánchez mirando a las elecciones de 2023, a la coalición le quedan por delante como mínimo dos años de trabajo en los que tienen que acometer cerca del 70% del acuerdo programático, según las estimaciones de Moncloa para estas fechas, con el que defender la gestión en las urnas. 

El presidente lleva meses diciendo que la prioridad del Gobierno es la vacunación, pero el proceso –récord tras récord– encara sus últimas etapas. El objetivo de que el 70% de la población esté inmunizada en agosto es plausible y, a partir de ahí, la recuperación económica será el leitmotiv del Ejecutivo. A ella fía Sánchez su permanencia en Moncloa. El presidente ha mantenido intacto a su equipo económico y ha ascendido a Nadia Calviño. Al no sustituir a Carmen Calvo, la titular de Economía será la primera vicepresidenta en el escalafón. También mantiene a José Luis Escrivá, pese al desgaste tras su reciente metedura de pata sobre las pensiones, en un momento en el que la reforma del sistema es uno de los desafíos de Seguridad Social para los próximos meses. 

El área económica del Gobierno está embarcada en los proyectos de los fondos europeos, que supondrán una inyección de 69.500 millones hasta 2023. Ya en la primera reunión del nuevo gabinete se tomarán medidas relacionadas con esos planes, como el reparto de 1.000 millones en transferencias a las comunidades para educación o 1.600 millones para vivienda, además de la aprobación del PERTE (proyecto de colaboración público-privada a partir de los fondos) para el vehículo eléctrico que Sánchez presentó este mismo lunes mientras la mitad de sus ministros tomaban posesión. La que no se aprobará finalmente este martes será la ley de memoria democrática que había dejado lista Calvo –y que se retrasó por las leyes trans y la del solo sí es sí–. Su sucesor, Félix Bolaños, quiere revisarla antes de llevar el que será el gran proyecto de su departamento al Consejo de Ministros por si hace algún cambio, aunque ya había estado muy encima del texto.

Bolaños, que se peleó jurídicamente con el prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera durante el proceso de exhumación de Franco, tiene la intención de expulsar a los benedictinos del lugar una vez se suprima de manera automática con la aprobación de la ley la Fundación de la Santa Cruz del Valle. Su intención es cerrar esta cuestión antes de presentar la ley ante el Parlamento, y para ello espera negociar con el Arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal, aun sabiendo que ésta es una decisión que, si no se toma con la aquiescencia del prior del Valle, Santiago Cantera, podría hacer intervenir a Roma, informa Jesús Bastante.

La vivienda y los Presupuestos

Aunque Sánchez busca en los nuevos perfiles competir electoralmente con su izquierda ante el empuje de Yolanda Díaz y también de Más Madrid, en Unidas Podemos aplauden los fichajes y confían en que sirvan para engrasar la coalición. Así, celebran la marcha de Calvo–con la que más roces han tenido aparte de los responsables del área económica–, ven con buenos ojos a Bolaños al frente de la coordinación –la líder de Podemos, Ione Belarra, negoció con él la letra pequeña del acuerdo programático– y tienen expectativas en la ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, Raquel Sánchez para la aprobación de la ley de vivienda, que lleva cerca de un año encallada. “La vivienda asequible es el instrumento más poderoso del estado del bienestar”, expresó en su primer discurso como ministra cambiando el rumbo de la frase de José Luis Ábalos, que aseguró que “la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado”. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está trabajando ya en el techo de gasto que servirá de antesala para los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Aunque la aprobación de las cuentas del año pasado ya permitieron al Gobierno dar por hecho que acabaría la legislatura, la intención es repetir el esquema este otoño. La coalición se encamina a una nueva batalla y a una dura negociación, especialmente con ERC, que se entremezclará con la mesa de diálogo en Catalunya. La relación con las comunidades dependerá de Isabel Rodríguez, como ministra de Política Territorial, aunque la negociación con Catalunya la va a pilotar Moncloa. Tras los indultos, la búsqueda de una resolución al conflicto catalán –o al menos conseguir aplacarlo– es el gran reto de la legislatura de Sánchez. En menos de dos meses, no obstante, la también portavoz del Gobierno tendrá que recurrir (o no) el fondo creado por la Generalitat para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los líderes del procés cuya legalidad está estudiando el Ejecutivo. 

Montero asume la cartera de Función Pública justo después de que Miquel Iceta lograra un acuerdo histórico para la reducción de los interinos. El ahora ministro de Cultura y Deportes, que reconocía su pesar por dejar la anterior cartera en la que reconoció haber puesto “mucha ilusión y muchas horas” en los cinco meses que fue suya, puso un marcha un plan de captación de talento joven para el servicio público cuya estela Montero se ha comprometido a seguir al igual que a impulsar una reforma para modernizar la administración. 

Sánchez ha recuperado al que fue su sherpa en la primera etapa en Moncloa y se encargó en buena medida de su imagen internacional. José Manuel Albares confiaba en ser ministro cuando Josep Borrell se fue, pero ha tenido que esperar. Tras una etapa como embajador en Francia, llega al Ministerio de Exteriores en un momento de crisis diplomática con Marruecos, que llamó a consultas a su embajadora tras la acogida por razones humanitarias del líder del Frente Polisario, Brahim Ghalli. Restablecer esa relación con el reino alauí es la prioridad de Albares, que lanzó un mensaje claro en esa dirección en su estreno al asegurar que es necesario estrechar las relaciones con los vecinos del sur, “especialmente con nuestro gran amigo Marruecos”. 

También tiene tarea por delante Pilar Llop. La titular de Justicia ha afirmado este lunes que es “imprescindible” la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional que se había puesto como objetivo su antecesor, Juan Carlos Campo, que tiene buena relación con el responsable del PP en esa materia, Enrique López. Pero Pablo Casado no tiene previsto desbloquear esos órganos que llevan años en funciones y con una mayoría caducada. Pero el Ministerio de Llop tiene además por delante importantes modificaciones legislativas, como la reforma integral del Código Penal –incluidos los cambios de los delitos de sedición y rebelión– o la ley de enjuiciamiento criminal, que se aprobó en primera vuelta en noviembre de 2020 y que, entre otras cosas, deja el peso en el Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, un planteamiento que contestado por el Consejo Fiscal por la escasez en las plantillas. 

No es la única ministra que encuentra proyectos a medias. Pilar Alegría tendrá la ocasión de dejar su impronta en la ley de Formación Profesional, que está aprobada en su versión anteproyecto, y en la rama de Educación tendrá que acabar de desarrollar la Lomloe, que es conocida como 'ley Celaá'. A pesar de que la parte más dura está hecha tiene varios puntos espinosos: aprobar el decreto de evaluación y promoción, ya en fase de consulta y que viene con rechazo desde su concepción por dejar pasar de curso con asignaturas suspensas (práctica, por otra parte, que viene de años atrás), completar o revertir la rebaja del currículo que estaba preparando Celaá y aprobar, por fin, el Estatuto docente. Otro de los retos de Alegría será, además, recuperar el diálogo con los agentes educativos, una de las principales críticas que se ha hecho a la gestión de la ya exministra.   

Por su parte, la nueva responsable de Ciencia, Diana Morant, llega en buen momento al Ministerio. Los fondos europeos y el empeño del saliente Pedro Duque han disparado el presupuesto de su departamento un 60% y la pandemia ha conseguido impulsar la idea colectiva de que “la ciencia es la respuesta”, como ha afirmado la propia ministra. Asentar el sistema de inversión en investigación que desarrolló su predecesor se intuye como una de las principales labores que tendrá que desarrollar Morant.

En este sentido, uno de los objetivos de la ministra será completar la gran apuesta de Duque, el Pacto por la Ciencia que ya han firmado 80 instituciones investigadoras de diversa índole y que pretende dejar la inversión en el sector fuera de los vaivenes políticos mediante “un pacto de país” que asegure la financiación para el futuro. Sacar adelante la Ley de Ciencia que preparaba Duque (y que le costó dos manifestaciones de los investigadores antes de existir siquiera) y mejorar la igualdad en un sector que penaliza mucho a la mujer son otros de los retos que afrontará Morant.

Aunque es entrante a medias, porque ya estaba en el Consejo de Ministros, Iceta tiene retos por delante porque, tras un año y medio de pandemia, José Manuel Rodríguez Uribes ha dejado muchos cabos sueltos para Miquel Iceta. En 2020 el sector cultural perdió 42.100 trabajadores, las librerías calculaban 200 millones de euros en pérdidas, las salas de cine las cifraban 100 millones en marzo (y la peor taquilla desde principios de siglo), y el sector musical, con 25.000 conciertos suspendidos, las elevaba hasta los 1.000 millones. A todo ello cabe sumar que las visitas a los museos españoles se desplomaron un 81% ese mismo año. Así que la primera tarea del nuevo ministro será llevar a cabo las líneas generales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya trazadas. Previsiblemente las industrias culturales recibirán 525 millones de euros provenientes de fondos de la Unión Europea, y hay que gestionarlos cuanto antes, para calmar los ánimos de un sector realmente descontento, informa Francesc Miró.

Por otro lado, el Estatuto del Artista sigue siendo el elefante en la habitación: un asunto de tanta envergadura que es imposible seguir ignorándolo. El primer informe del estatuto con más de setenta medidas se aprobó por unanimidad en septiembre de 2018, con José Guirao en el cargo ministerial. Uribes dijo en una entrevista a este periódico en enero de 2021 que el Estatuto era “más que una medida, una gran decisión estable de futuro: una carta de derechos y de deberes de los artistas de este país”. Quería seguir avanzando para convertirlo en “un hito de esta legislatura”, pero el tanto ya no se lo apuntará él.