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Mentiras y alambradas (II)

La Ley de Extranjería crea un estado de excepción para los inmigrantes que facilita su explotación laboral

Imatge Interior CIE Zona Franca Barcelona

Interior del CIE Zona Franca de Barcelona. Foto: EFE

(Este artículo continúa la reflexión iniciada en este otro)

Hay algo mucho más grave que la mentira. “El todo es la mentira, especialmente, el todo”, escribía Anders. El sobreconsumo de imágenes y noticias sobre la frontera sur no ha provocado una masiva protesta contra la política migratoria. La sobreestimulación comunicativa de la televisión, la prensa escrita, los medios digitales y las redes sociales nos instala en una digestión continua de informaciones, tan exhaustiva como impotente. La sociedad hiperinforma(tiza)da suele mirar para otro lado.

El mercado mediático nos propone la radical descontextualización de los procesos sociales. La mirada televisiva nos ofrece atajos para comprender la realidad: para que percibamos al inmigrante subido a la valla como un asaltante, previamente hemos tenido que despojarle de su humanidad. Lo vemos como una aparición súbita, como un ser sin pasado y sin futuro. Existe porque lo vemos. Existe mientras lo vemos.

Frente a la mentira y la manipulación, pero también frente a esta radical descontextualización, es necesario reconstruir la dimensión social, histórica y política de las migraciones. Humanizar a los y las migrantes es precisamente eso: reconocer la dimensión histórica y política que les lleva a subirse a una alambrada rodeada por policías marroquíes y españoles. Rescatar esa dimensión exige entonces denunciar las políticas neocoloniales de Europa y, concretamente, de España y sus multinacionales. Defender la soberanía alimentaria, energética y política de los pueblos implica necesariamente atacar y denunciar el robo español del pescado senegalés o somalí, el expolio de España del gas y el petróleo nigerianos, el asesino acaparamiento de tierras en África para producir agrocombustibles o para especular con el hambre. 

No lo olvidemos: de este lado de la valla, la política migratoria de España nunca ha sido una política de cierre de fronteras. El auge económico español succionó –sobre todo en el período 2000-2008– a millones de mujeres y hombres migrantes, fuerza de trabajo barata y servil imprescindible para el crecimiento exponencial del sector de la construcción. La hostelería, el turismo y el trabajo agrícola bajo plástico también dependen de trabajo inmigrante. Y la sociedad española, envejecida como la mayor parte de las europeas, ha necesitado y necesita la presencia de millones de mujeres inmigrantes. Su presencia aquí es ausencia allá. Cuidan de nuestras personas ancianas y de nuestros niños y niñas mientras, desde el locutorio, envían dinero y hablan con la abuela o la hija mayor, que ha quedado a cargo de la familia.  

Fuerza de trabajo barata y servil. ¿Cómo se ha garantizado su disciplina y docilidad? ¿Su aceptación de condiciones y salarios miserables? Hasta que se ha generalizado la precariedad y las altísimas tasas de desempleo a toda la población, los y las inmigrantes ya tenían su propia reforma laboral: la Ley de Extranjería. El estado de excepción que ha creado esta Ley –el sofisticado sistema de permisos temporales vinculados a un empleo, la captura de la población clandestina, los CIE, las deportaciones, etc.– ha multiplicado el desarraigo y la inseguridad de las y los migrantes. El capital español, ávido de población desarraigada y, por tanto, debilitada, se ha llenado las manos de plusvalías mediante su explotación laboral. El Estado, con sus Brigadas de Extranjería, sus calabozos y sus torturantes procedimientos administrativos, ha colocado a millones de personas a los pies de los explotadores.

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Ahora que la población autóctona comienza a ser también inmigrante en su propio país, ahora que cada vez más gente cruza la frontera en la dirección contraria, sólo queda luchar, juntas, autóctonas e inmigrantes, contra el recorte sanitario, contra los desahucios, contra la criminalización de las luchas sociales y –cómo no– contra la Ley de Extranjería y las fronteras. La Campaña Estatal por el cierre de los CIE apunta algunos objetivos concretos: acabar con los vuelos de deportación de inmigrantes mediante una campaña de boicot contra las empresas que se lucran fletando los aviones –Air Europa y, en general, empresas del grupo Globalia como Viajes Ecuador, Halcón Viajes o Travelplan–; denunciar y detener las redadas racistas y las humillaciones y maltratos policiales contra la población inmigrante; acabar con los Centros de Internamiento de Extranjeros –y no dejarse engañar por anuncios de reglamentos más humanitarios para gestionar lo inhumano–; son algunos de estos objetivos.

La amenaza no viene del sur. Está aquí, instalada en las vísceras del Estado. Y reprime, explota y mata en nombre de la autoridad. 


Eduardo Romero es coautor del libro Qué hacemos con las fronteras, escrito junto a Gema Fernández Rodríguez de Liévana, Pablo "Pampa" Sainz Rodríguez, Raquel Celis y Leire Lasa. Es miembro de la Asociación Cambalache y de su Grupo de Inmigración. Participa en la iniciativa asturiana "Ruta contra el racismo y la represión", y es autor de varios libros editados por Cambalache: Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010), A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración (2007). También ha participado en las obras Frontera Sur (Virus, 2008), y Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente (Bardo Ed. 2011). Colabora además en la publicación feminista La Madeja.

Para más información, esta entrevista con Eduardo Romero, y este extracto del libro.


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