El rechazo vecinal en Utrera fuerza al Ayuntamiento a frenar la apertura de un centro pionero en salud mental

De iniciativa pionera a problema de convivencia. Así ha evolucionado el proyecto que tiene en marcha la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en la localidad sevillana de Utrera, que contó inicialmente con el respaldo del ayuntamiento y ahora está inmerso en una maraña burocrática que puede llevar años desatascar. Entre una situación y otra lo que ha mediado ha sido la reacción de los vecinos, que han recogido firmas en contra del proyecto hasta forzar un cambio en la postura de un gobierno local que señala ahora que la ubicación prevista no es la más indicada.

La vivienda supervisada que está en el epicentro de esta polémica se ubica en la calle La Roldana y se encuentra en obras desde el pasado mes de julio, para unir dos inmuebles y así hacer más cómoda la estancia de sus inquilinos, que serán 10 como máximo. Faisem cuenta en toda Andalucía con 57 casas hogares y 180 de estas viviendas supervisadas, pero lo que hace especial este proyecto de Utrera es que va a ser el primero en Andalucía en atender patologías mentales y asociadas a la drogadicción, para lo que va a contar con una dotación de profesionales sanitarios que proporcionalmente va a ser la mayor por paciente de toda la comunidad autónoma.

Pero todo eso será si finalmente abre sus puertas, ya que por lo pronto las obras se han paralizado por orden municipal en base a un informe urbanístico que considera que la declaración responsable que se presentó en su momento “no cumple con los requisitos” para permitir estos trabajos. Básicamente, lo que se alega es que el uso actual del inmueble es residencial, así que por lo pronto hay que solicitar su cambio para que tenga la consideración de equipamiento y servicios públicos. Eso implica modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un trámite que puede prolongarse durante años.

“Preocupación y desconcierto” con el Ayuntamiento

Desde Faisem se apunta que se está utilizando un argumento urbanístico para frenar este centro, pero que el trasfondo real es una creciente oposición vecinal que se ha traducido en una multitudinaria recogida de firmas. Andrés López, psiquiatra y miembro de la dirección regional de la fundación, señala que esta reacción es habitual cada vez que se pone en marcha un proyecto de estas características, pero que en este caso lo que ha fallado ha sido la repentina falta de apoyo del ayuntamiento, una postura que genera “preocupación y desconcierto”.

El alcalde, José María Villalobos (PSOE), abordó la cuestión en el pleno municipal celebrado este jueves, donde reconoció que este equipamiento “ha generado alarma social” en dos barrios, San José y Las Torres. Y aunque apeló a la prudencia “para no colaborar con la estigmatización de las enfermedades mentales”, considera que “es un buen proyecto pero probablemente no es el lugar adecuado”. 

¿Por qué entonces el Gobierno local no se opuso antes? El argumento es que “la localización exacta no era conocida”, aunque lo cierto es que el inmueble está en obras desde julio. “El Ayuntamiento no va a participar en este proyecto”, garantizó Villalobos, que incidió en que “está parado porque no cumple con la normativa urbanística” al tiempo que se abría a buscar una posible reubicación: “Creo que hablando se debe entender la gente, sobre todo si hay una buena predisposición”.

El Gobierno local no firmará el convenio

Al margen de ordenar parar las obras, la falta de respaldo municipal se va a traducir en que no va a rubricar el acuerdo previsto con Faisem para colaborar en este proyecto. Y eso que en un documento municipal de finales de julio se subrayaba que “esta iniciativa es pionera al menos en nuestra comunidad autónoma, siendo acogida con entusiasmo por este Ayuntamiento”.

En dicho documento se explica que la puesta en marcha de este recurso fue propuesta por la Consejería de Salud y la Diputación de Sevilla. Para ello, se instaba a la firma de un convenio “para la puesta en marcha de un dispositivo de atención sanitaria para la atención a las personas con patología dual”. Es decir, que ahí ya se especificaba que los pacientes tenían problemas mentales y de drogadicción.

Andrés López, por su parte, confirma que la promotora del inmueble (que luego iba a suscribir un convenio de colaboración con Faisem) ya ha presentado recurso contra la resolución urbanística, y que la fundación también hará lo propio. Y avanza que si finalmente no se rubrica el acuerdo previsto con el Ayuntamiento se buscarán otras vías para suplirlo, pero que el proyecto sigue para adelante en su actual ubicación. 

Seguir o reubicar la iniciativa

“No vamos a dar un paso atrás”, subraya López, mientras que fuentes municipales reconocen que, si se solventa la cuestión urbanística, tendrá que acabar dándole licencia. Eso sí, se insiste en que hablamos de un trámite de varios años y que la mejor manera de atajar el problema sería con una reubicación.

Ambas partes se acusan de ocultar información durante este proceso, ya que el gobierno local reitera que no se le transmitió con claridad a los vecinos qué instalaciones se iban a ubicar en la calle La Roldana. Faisem lo niega y recuerda que el viernes pasado hubo una última reunión ciudadana de más de tres horas a la que asistió la gerente de la fundación, Silvia Maraver, un encuentro en el que el gobierno local anunció que se descolgaba del convenio de colaboración previsto. A renglón seguido, llegó la notificación urbanística obligando a parar las obras.

“Nadar y guardar la ropa”

“El ayuntamiento dijo en esa reunión que estaba a favor de los vecinos y de Faisem, una pirueta complicada y de difícil comprensión, eso es nadar y guardar la ropa”. “No culpamos en ningún momento al vecindario”, asegura López, que achaca su oposición a “estereotipos” sobre los enfermos mentales, aunque también los hay que están en contra “porque piensan que van a perder dinero al devaluarse sus casas”. De paso, lamenta que para recoger firmas se ha llegado a afirmar que lo que va a construirse es un centro penitenciario.

La vivienda supervisada está previsto que cuente con ocho monitores, un psiquiatra, un psicólogo, enfermeros clínicos y trabajadores sociales, y precisamente el hecho de contar con personal sanitario es uno de sus aspectos más novedosos. Faisem ha solicitado ahora al alcalde una reunión para abordar la situación, que en principio podría celebrarse este lunes para intentar despejar el horizonte de un proyecto que quería abrir sus puertas a principios de 2022.