La Defensora del Pueblo investigará por qué Industria retiene información sobre sondeos petrolíferos

Un barco de prospecciones.

La Defensora del Pueblo va a indagar por qué el Ministerio de Industria impide el acceso a los expedientes de 13 permisos de investigación de hidrocarburos concedidos en aguas del Golfo de León y la costa de Tarragona.

Las prospecciones petrolíferas amenazan el corredor de ballenas del Mediterráneo

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La queja ha sido presentada por la ONG Alianza Mar Blava tras solicitar la información de los proyectos al Ministerio. Los sondeos en busca de yacimientos de hidrocarburos están a nombre de las empresas Cairn Energy y diversas filiales de Repsol.

Industria negó el acceso a los expedientes al considerar que los ambientalistas no son una parte legitimada para conocer el estado de los permisos que el Gobierno limita a “quienes realicen ofertas en competencia o formulen oposición como estrictos titulares de un derecho que pueda resultar perjudicado a resultas de la concesión del aludido permiso”. Con esa respuesta oficial “Industria circunscribe ese derecho a las empresas del sector de hidrocarburos”, concluyen en la alianza.

Los permisos de exploración se conceden para realizar sondeos subterráneos en zonas marítimas a base de explosiones para recoger datos según rebotan las ondas sonoras en el fondo marino. Una batería continuada y constante de detonaciones . Cada una ronda los 215-260 decibelios. Unas 600 detonaciones por hora. Más de 14.000 al día.

La zona de los permisos implicados afectan a la propuesta de corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo que se ampara en el proyecto de declaración de esas aguas como Zona Especial de Importancia y Protección Maritima (ZEPIM) que tramita el Ministerio de Medio Ambiente.

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