Llevan una incineradora de Madrid a la Fiscalía General del Estado en defensa de la salud
Los vecinos del sureste de la Comunidad de Madrid llevan a una incineradora ante la Fiscalía General. La planta situada administrativamente en Valdemingómez, en la ciudad de Madrid, quema al año unas 307.000 toneladas de residuos, el 23% de la combustión de la región. Los municipios colindantes de Rivas Vaciamadrid y Arganda del Rey -además de los de la capital- han protestado históricamente contra las nubes que provoca la incineradora. No sólo por el mal olor sino por la preocupación de que los residuos suspendidos en el aire afecten gravemente a su salud. Este miércoles 26 de junio, han denunciado a la instalación por “graves irregularidades” en materia medioambiental. La denuncia llevada a la sede de la fiscalía en Madrid ha ido acompañada de miles de firmas de apoyo de ciudadanos.
Lo que se argumenta, básicamente, es el incumplimiento de la legislación de protección del medioambiente y la salud. Según el escrito, “no ha habido un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental”. Tampoco se ajusta, en su análisis, la actividad de la incineradora a su reglamentación, ya que la Autorización Ambiental Integrada recogía que se quemaban los materiales que no pueden ser reciclados o reutilizados y “según los informes de TIRMADRID (la adjudicataria) un 20% de la composición de los materiales que se incineran en la planta son plásticos, o sea unas 61.000 toneladas anuales de plásticos que sí son reciclables”. Cuanto más PVC se quema -rico en cloro- más dioxinas tóxicas se lanan al aire. Según Greenpeace, “las incineradoras necesitan la basura como combustible para que sean rentables, por tanto compiten en el reparto de residuos con los programas integrales de reciclaje y compostaje. Este sistema de gestión de residuos destruye los recursos naturales susceptibles de ser aprovechados”. En otras palabras, la planta necesita basura para quemar, crear energía y rentabilizar la actividad.
La planta madrileña trabaja bajo sospecha desde 1996. Los vecinos aseguran que “no se controlan algunas de las sustancias más dañinas”. El efecto directo sobre la salud de la inhalación del aire próximo a la incineradora es el punto crucial. Pero también difícil de probar. La denuncia se apoya en un estudio del Instituto Carlos III de 2012. El escrito analizaba que “que existe un moderado aumento del riesgo de muerte por todos los cánceres combinados”. Para algunos “tumores malignos en el estómago, el hígado, la pleura y los riñones (hombres y mujeres), en el colon o el recto, los pulmones, la vejiga y la vesícula y de leucemia (hombres) y de tumores en el cerebro y los ovarios”, (mujeres), el artículo hablaba de un “exceso significativo de riesgo”. Las series de mortandad que estudiaron abarcaban el periodo 1997-2006. Según los que contraponen este estudio, “la realidad de las plantas ha cambiado mucho”. La Comunidad de Madrid presentó en 2001 una Monitorización de la Morbi-mortalidad en el área de influencia de la incineradora de Valdemingómez, basada en los ingresos de urgencias del hospital Gregorio Marañón de pacientes próximos a la planta. Su documento concluía que no había aumento de enfermedades agudas como la bronquitis o el asma pero ya decía que los efectos a largo plazo como el cáncer necesitaría estudios tras diez o 15 años de funcionamiento.
El Ayuntamiento de Madrid siempre ha sostenido en su información técnica que “sólo un 5% de las dioxinas emitidas en el municipio de Madrid procede del tratamiento de residuos, frente al 7% del transporte y el 21% de las calefacciones domésticas”. El Parque Tecnológico de Valdemingómez “incinera el 21% de los residuos, separa el 75% y ha aumentado el 24% de productos recuperados”, según el Consistorio.
