Comienza la mayor oposición educativa en diez años para intentar aliviar el deterioro por los recortes en el profesorado

Este sábado es el día. El 22 de junio se celebra en toda España (excepto Euskadi) la primera fase de la mayor oposición al cuerpo docente en una década. La mayoría de las plazas para convertirse en maestro de Primaria. Un total de 210.319 personas optarán a alguna de las 30.562 plazas de maestro de Infantil, de Primaria, especialistas varios o profesor de Secundaria o FP que sacan las comunidades autónomas tras diez años de crisis y una práctica paralización de la oferta educativa pública.

Y pese a todo aún resultarán insuficientes plazas, según cálculos de CCOO. El Gobierno firmó en marzo de 2017 el I Acuerdo para la mejora del empleo con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, por el que se comprometía a rebajar la interinidad en la educación hasta el 8% para 2022 desde el 24% actual. Un documento pensado para reducir la precariedad del profesorado y sus consecuencias educativas.

El sindicato que dirige Francisco García ha cruzado números: teniendo en cuenta las plazas comprometidas por las diferentes administraciones para este periodo (92.803), las jubilaciones que se van a producir en el sector (66.671) y la necesidad de reducir la temporalidad, haría falta sumar otras 46.259 plazas a las 92.803 comprometidas para cumplir lo pactado. Esto es, la oferta se queda un 33,3% corta.

Este año toca convocatoria para el cuerpo de maestros (es una regla no escrita que se convocan en años alternos para Primaria y Secundaria), pero algunas regiones, como la Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, Catalunya o Baleares también incluyen una cierta oferta de plazas de profesor, un total de 7.977 plazas.

Aunque los opositores no pensarán igual, la convocatoria no es la más difícil que se puede encontrar, al menos en términos de aspirantes por plaza. La especialidad más concurrida es Infantil, con una plaza para cada 12 aspirantes. Para Primaria son la mitad, seis personas se disputan cada plaza, según los datos de CCOO. Las especialidades de Música (algo menos de seis aspirantes por puesto), Pedagogía Terapéutica (siete), Audición y Lenguaje (seis) o francés (cinco y medio) se mueven en parámetros similares.

No es una competencia desorbitada comparada, por ejemplo, con la reciente oposición para trabajar en Metro de Madrid (11.000 aspirantes para 100 plazas) o los 115.000 que pelearon por cada una de las 2.300 plazas de la última convocatoria de Correos.

Una oposición no habilitante

Para muchos, como Beatriz García, las oposiciones suponen una oportunidad para entrar a trabajar en un centro público. García, que también es secretaria de Juventud de CCOO, dedica “unas cuatro horas al día” a estudiar, más cuando puede, pero no es sencillo con un trabajo de ocho horas diarias, relata.

Otros compaginan la preparación de las oposiciones con la propia docencia, sea como interinos en la red pública porque aprobaron la oposición pero no sacaron suficiente nota como para acceder a una plaza en una convocatoria anterior, bien provengan de la red privada.

Es el caso de Natalia Ocaña, que se presenta este sábado a su tercera oposición con 28 años. Las dos pasadas las aprobó, pero no le dio para sacar plaza y está trabajando como interina. “Los nuevos lo tienen difícil este año”, reflexiona. “Porque han cambiado los baremos y ahora la experiencia cuenta más. Todas las reformas que se hacen van en esa línea. Es entendible, porque hay interinos que llevan muchos años, pero para mí es casi como empezar de cero otra vez”, explica. Y aprovecha para hacer notar que, aunque este año se ofrecen más plazas que nunca, para los opositores, al menos de Infantil, su rama, no ha cambiado: “Somos más o menos los mismos aspirantes por plaza que otras convocatorias”, cuenta.

Porque esta es una de las características algo particulares de las oposiciones a profesor: no habilitan para ejercer la profesión, suspenderlas no quiere decir que no puedas enseñar. Siempre está la escuela privada. Sacar una plaza de funcionario relaciona —más allá del tema vocacional o no de trabajar en la escuela pública— con las condiciones laborales más que con la docencia en sí.

El recuerdo de “la escabechina”

Por la mente de muchos aspirantes pasa estos días la situación que se dio el año pasado, cuando el 8% de las plazas se quedaron sin cubrir en un convocatoria que se acabó conociendo como las “oposiciones de la escabechina”. La opacidad con los criterios de evaluación de los exámenes y con las propias pruebas, que en algunas comunidades no se hicieron públicas y por tanto impidió a los candidatos ver en qué se habían equivocado, soliviantó a los aspirantes, que vieron cómo sacaban ceros en temas teóricos de sus especialidades y se les negaba la posibilidad de pasar a la segunda fase, en la que se desarrolla un caso práctico.

Natalia Ocaña lo recuerda y cuenta que no ha cambiado. “Los criterios de evaluación no están publicados [en Madrid]. Sabemos cuánto restan las faltas, cuánto vale cada parte, pero no hay nada oficial, se ha ido filtrando este mes. No nos cuentan nada, es todo muy general”, sostiene.

El asunto de la transparencia no se ha acabado de solucionar este año, explica José María Ruiz, secretario de educación no universitaria de CCOO. Algunas comunidades han publicado sus criterios de evaluación (qué cuenta en un examen, qué suma, qué resta), pero otras no, a discreción de cada una.

Por esta razón, entre otras, el sindicato insta al Gobierno a modificar el sistema de oposiciones: volver a coordinar las oposiciones a nivel estatal para cumplir la regla no escrita de que se alternen las convocatorias de maestros y profesores y que cuenten más los méritos de los interinos, “un capital humano que ha estado aguantando los recortes y que tiene experiencia y formación”. Y, sobre todo, que las pruebas no sean eliminatorias, de manera que se permita a todos los aspirantes realizar la parte práctica, porque muchos caen en la teórica “y no tienen la oportunidad de demostrar siquiera sus habilidades pedagógicas como profesores”.

También se pide que se elimine el concepto tasa de reposición de la ecuación del empleo público. El término se hizo conocido popularmente cuando el expresidente Zapatero lo puso sobre la palestra en mayo de 2010. El día que el estado social español sufrió uno de sus mayores varapalos, el mandatario anunció que se imponía una tasa de reposición del 30% (luego caería al 10%). Esto es, solo se sustituiría a tres de cada diez funcionarios jubilados.

En los últimos dos años la tasa de reposición se ha situado en el 105%. Podría parecer una buena cifra, pero no lo es tanto. Sigue siendo insuficiente para recuperar empleo. Si se reponen prácticamente los mismos trabajadores que se jubilan, los números no pueden crecer. Se quedan igual, pero no crecen. Y durante los recortes  se perdieron casi 25.000 plazas de profesor precisamente porque no se reponían. “Hay que eliminar la tasa de reposición, como sucedía antes de Zapatero, que no había”, afirma Ruiz.