La Junta de Castilla y León mantiene su negativa a dar los datos de fallecidos en residencias privadas y culpa ahora a Protección de Datos y a Pablo Iglesias
La consejera de Familia de Castilla y León, Isabel Blanco, mantiene su negativa a dar los datos de fallecidos en residencias privadas y culpa ahora a Protección de Datos y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
“La Agencia Española de Protección de Datos nos ha dicho que no podemos facilitar esos datos sin la autorización de los centros. El ministerio de Iglesias nos dice que coinciden con el criterio de nuestros servicios jurídicos”, ha subrayado Blanco durante el pleno de este martes, celebrado en las Cortes de Castilla y León. Según ha explicado, esta información se puede dar de forma agrupada, pero no individualizada por centro salvo autorización expresa.
Así ha respondido Isabel Blanco ante la pregunta de la procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, quien se ha interesado por la resolución del Comisionado de Transparencia, que considera que los datos de fallecidos por COVID-19 en residencias privadas son de “especial y elevado interés público”.
Escribe Alba Camazón.
