La cúpula de la Universidad de Oviedo, imputada por prevaricación en un concurso para adjudicar una plaza

El rector de la Universidad de Oviedo, un vicerrector y una directora de departamento declararán a partir de este jueves ante un juez como investigados por un delito de prevaricación relacionado con el concurso de una plaza docente que ofrecía la Universidad.

La institución convocó el concurso de manera exprés y con opacidad (según lo ha calificado un juez más tarde). La profesora que ocupaba de manera interina ese puesto (Luisa) se presentó al concurso. Sin embargo, tras aparecer un segundo candidato, la misma profesora impugnó la convocatoria y sus argumentos fueron admitidos por los dirigentes universitarios. El proceso se anuló y, además, el contrato de la docente fue prorrogado como ella misma había pedido en su impugnación.

El otro candidato a la plaza (que prefiere el anonimato y al que llamaremos Juan) recurrió ante un juzgado esta anulación del concurso bajo la creencia de que se le estaba perjudicando a la vez que se favorecía a otra candidata, que contaba con ser la única aspirante, según la argumentación que utilizó ante el juez. El fallo le dio la razón. Además, el juez observó “una sucesión de hechos reveladora”, “una vulneración manifiesta y grave del procedimiento administrativo” y, “a juicio de este Juzgado”, que “la Universidad pública incurre en desviación de poder”, según se lee en esa sentencia.

Estos argumentos dieron motivos a Juan para plantear una querella contra el rector de la universidad, Santiago García Granda, como autor de la resolución que anulaba la convocatoria de la plaza de manera ilegal; contra el vicerrector de Organización Académica, Juan José de Coz, por dictar un informe falso sobre la cuestión; y contra la directora del Departamento de Derecho Público, Isabel García-Ovies, por lo mismo que al vicerrector y por suspender la tramitación de un expediente administrativo sin tener competencias. 

Los investigados han optado por no hacer declaraciones sobre el tema, al menos hasta que lo hagan ante el juez. La Universidad de Oviedo explica en una nota que la sentencia que anula el proceso de selección no es firme y que está recurrida, recuerda que solo le da la razón a Juan en parte (aunque es la parte más importante, la que obliga a la Universidad a continuar con el proceso de selección) y califica de “extraña forma de proceder” que presentara una querella que los tres querellados califican de “infundada e incluso temeraria”.

Los hechos

El caso se remonta en origen a 2017, aunque los hechos que han motivado el periplo judicial tuvieron lugar en 2018.

En septiembre de 2017 la universidad contrató a una profesora (Luisa) para realizar una sustitución de otra docente. Le hizo un contrato de un año de duración. Fue a la hora de renovar este contrato cuando comenzó todo.

El contrato inicial de Luisa duraba hasta el 31 de agosto de 2018. Una vez vencido, el 6 de septiembre de 2018 la universidad aprueba la convocatoria urgente “dando un plazo extremadamente breve y con una publicidad muy limitada”, según destaca la sentencia judicial, para renovar esa plaza. Juan explica: “No la publicitaron ni en el Diario de la Universidad de Oviedo, que no es obligatorio pero es el lugar donde aparecen todas las plazas convocadas por la universidad, ni en la web. Solo en el tablón de anuncios”.

Aún así, consiguió enterarse y se presentó, junto a Luisa, que ya había ocupado ese puesto de manera interina y quería renovarla, el día 10 de septiembre. “Y el 12 de septiembre [Luisa], formula recurso de alzada contra la convocatoria del procedimiento selectivo al que dos días antes se había presentado”, subraya el juez.

Esta profesora alegó en su recurso que, al ser una plaza de sustitución, la extensión del contrato debía ser igual de larga que la ausencia de la docente a la que se sustituye, que se marchó a ser la Defensora Universitaria durante cuatro años. La directora del departamento y ahora querellada hizo suyos los argumentos y suspendió la convocatoria. Más tarde, el rector también los daría por buenos a la hora de dictar la resolución que anulaba finalmente el concurso: Luisa, que había disfrutado de la plaza todo el año anterior, vio cómo se renovaba su contrato y seguiría teniendo la plaza.

La anulación del concurso provocó que no hubiera lista de admitidos y excluidos y por tanto Juan no recibiera notificación alguna por no ser parte interesada en un proceso que no se iba a celebrar. “Resulta manifiestamente improcedente que no se haya dado trámite de audiencia ni se haya notificado de ninguna manera la existencia de un recurso a uno de los dos candidatos”, señalaría más tarde el juez a este respecto.

Cuando Juan se enteró, recurrió ante un juzgado de lo contencioso administrativo la suspensión del concurso, que consideraba “ilegal”, y que no se le hubiera notificado, que consideraba le causaba indefensión.

Indefensión y desvío de poder

El juez le dio la razón en lo grueso, aunque no en su pretensión de anular la prórroga de Luisa, que ostentaba la plaza, porque el juzgado no tiene jurisdicción para valorar relaciones laborales entre la universidad y la docente.

Según la sentencia que estimaba el recurso, “al contrario de lo que sostiene la universidad, no hay duda alguna de que el 31 de agosto de 2018 terminó el contrato de sustitución” de la profesora. También subraya el juez que el primer contrato que había firmado Luisa “señala que se concierta para la sustitución de la docencia temporal por cese de dos profesores asociados”, hecho que “contrasta” con el argumento de la universidad de que el contrato de esa profesora servía para sustituir a la otra docente, que se había marchado a ser Defensora Universitaria.

El juez, ante la “sucesión de hechos reveladora” (y cita la brevedad y opacidad con se convocó el concurso, el hecho de que Luisa primero se presentara y solo tras conocer que había otro candidato lo impugnara) y tras destacar que “la invocación de este vicio de los actos administrativos [el desvío de poder] requiere de una ardua actividad probatoria”, sentencia que “por la indefensión creada en el recurrente, por la vulneración del principio de igualdad en el acceso al empleo público y por haber incurrido en desviación de poder”, procede anular la resolución de la universidad que a su vez anulaba el concurso por la plaza y reconoce a Juan “el derecho a que, junto con la otra concursante, sean evaluados”. La Universidad ha recurrido esta sentencia.

El desarrollo del caso dio acceso a Juan al expediente, y entre los argumentos que exponía el juez en esta primera sentencia y los detalles de cómo se llevó a cabo el proceso, decidió querellarse contra el rector, el vicerrector y la directora de departamento. El juez de instrucción dio traslado al fiscal, quien vio indicios de delito y llamó a declarar como investigados a los tres. Irán desfilando ante el juez a partir de este jueves. Ese día será el turno del vicerrector. La semana que viene les toca al rector y la directora de departamento.

En paralelo, Juan también ha conseguido que se paralice la tramitación del recurso de la universidad en el juzgado contencioso-administrativo hasta que se resuelva este caso penal.