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En defensa de un empleo profesionalizado y con derechos para el sector de los cuidados

Invertir en el sector de los cuidados es avanzar en la igualdad de género

Desde 2008, millones de personas han participado en eventos promovidos el 7 de octubre como Día Mundial para el Trabajo Decente. Este año, los sindicatos internacionales ponemos la mirada en los trabajos de cuidados, uno de los sectores laborales más precarizados y feminizados. En el caso español los realizan mayoritariamente mujeres, pero con circunstancias laborales muy diferentes según uno de los tres colectivos al que pertenezcan.

En primer lugar, existen servicios públicos de atención domiciliaria, ofertados y gestionados normalmente por los ayuntamientos en forma de concierto con empresas privadas. Un derecho social ofertado dentro del Estado de Bienestar, conformado por aproximadamente 40.000 trabajadoras.

Por otro lado, también realizan servicios de cuidados las trabajadoras del hogar, cuyas cifras en el Régimen Especial al que están adheridas asciende a 400.000 personas, aunque se calcula que en la economía sumergida puede haber más de 200.000 personas. Del total, las estimaciones sindicales señalan que por lo menos la mitad llevan a cabo trabajos de cuidados además de las tareas de limpieza que también se espera que realicen.

Por último, quizás el grueso de dichos trabajos son asumidos directamente por familiares de forma no remunerada. Esta situación es uno de los pilares en los que se asienta la desigualdad de género en todo el mundo.

En su momento, la conocida como Ley de Dependencia, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, supuso un revulsivo en el panorama de los cuidados en nuestro país, entre otras cuestiones, al crear la figura de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia,- normalmente familiares- a quienes el Estado pagaba la cotización a la Seguridad Social. De esta manera, mujeres que estaban sacrificando la posibilidad de un trabajo remunerado con sus correspondientes derechos laborales, se les compensaba con una mínima cotización a la Seguridad Social.

Apenas seis años después de su puesta en marcha, el ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó esta medida. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, desde el 1 de abril de este año, ha recuperado la cotización a la Seguridad Social para este colectivo con Real-decreto ley. Antes de esa fecha 7.460 personas cuidadoras estaban acogidas al Convenio Especial de Cuidadores. Según los últimos datos disponibles de agosto, ya hay más de 43.000 cuidadores no profesionales cotizando a la Seguridad Social. Es decir, se han multiplicado por seis en menos de cuatros meses. Sin embargo, solo uno de cada diez cuidadores es hombre, es decir, son las mujeres las que cargan, en casi todos los casos, con estos trabajos no remunerados y, hasta ahora, tampoco reconocidos por la Administración a efectos de futuras prestaciones. Es decir, teniendo en cuenta que ha sido aprobada como "medidas para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo", las que asumen este trabajo, que aunque coticen sigue sin ser remunerado, son mujeres en un 90% de los casos.

Para el Estado, es una medida simple y barata para solucionar un problema complejo por el progresivo envejecimiento de la población, pero con un gran potencial para dinamizar la economía. Desde un punto de vista sindical, habiendo una fuerza laboral de mujeres formadas y acreditadas para llevar a cabo este trabajo con plena profesionalidad, defendemos y promovemos un concepto de trabajo asalariado, digno y profesionalizado para llevar a cabo la atención a la dependencia. Es un fenómeno estudiado que, debido a una valoración sexista del trabajo, aquellas tareas desarrolladas tradicionalmente por mujeres conllevan retribuciones económicas más bajas que cualquier tarea realizada tradicionalmente por hombres, existiendo estas diferencias también en los casos en los que las responsabilidades son muy parecidas.

Por otra parte, desde un punto de vista económico, aceptar que las tareas de cuidados necesitan de una formación y profesionalización supone una dignificación y valorización de esos trabajos, que debe traducirse en mejores condiciones laborales. De esta manera, si los cuidados fuesen realizados por profesionales del sector con una remuneración acorde a la responsabilidad, supondría una importante inyección de dinero en las economías locales. Así, además de abordar de una forma muy importante la desigualdad de género, se estaría generando empleos de calidad y riqueza .

En definitiva, para que los trabajos de cuidados dejen de ser precarios, con sueldos bajos, parciales y temporales, y un sector laboral principalmente femenino, es urgente que el Estado y las administraciones apuesten por estos trabajos y pongan de su parte para hacer valer, de verdad, el artículo 50 de la Constitución.

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