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¡Nombrad, nombrad, malditos!

El caducado Consejo General del Poder Judicial está en pleno maratón de nombramientos de altos cargos judiciales

Está en funciones pero, sin embargo, ha realizado ya la designación de 13 de estos puestos y tiene previstos realizar alrededor de 25 antes de irse a descansar en agosto

Algo tan grave pasa prácticamente desapercibido para la ciudadanía y puede que para algunos políticos que no terminan de ver la gravedad de lo que está sucediendo

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Sede del Consejo General del Poder Judicial de Madrid EFE

"Puede que no reconozca a un ganador al verlo pero, desde luego, me doy cuenta de quién va a perder"

'Danzad, danzad, malditos' de Sidney Pollack

El caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en pleno maratón de nombramientos de altos cargos judiciales. Está en funciones pero, sin embargo, ha realizado ya la designación de 13 de estos puestos y tiene previstos realizar alrededor de 25 antes de irse a descansar en agosto. En este listado de puestos a cubrir, o a copar, se encuentra la presidencia de la Audiencia Nacional y cuatro plazas del Tribunal Supremo. Llevan prisa, mucha prisa, para ser un órgano que hace medio año que cumplió su mandato y que estuvo a punto de ser renovado si alguien no hubiera filtrado el mensaje de Cosidó, el de la puerta de atrás. Eso si no es que se filtró por algún listo que pensó que aún les iba a ir mejor manteniendo a un CGPJ de mayoría conservadora prorrogado por tiempo aún indefinido.

La situación es tan insólita y tiene tan mala pinta que no sólo obliga a cuestionarse si un CGPJ con un mandato caducado puede asumir estas decisiones que amarrarán durante cinco años a sus sucesores, en un órgano que tendrá mayoría de sensibilidad progresista, sino también la anómala forma en que se está haciendo. Algo tan grave, sin embargo, pasa prácticamente desapercibido para la ciudadanía y puede que para algunos políticos que no terminan de ver la gravedad de lo que está sucediendo. Algunas voces desde dentro alertan de que este Consejo, por su organización y su composición, y su actual deriva, "es maligno para la democracia y debe ser renovado inmediatamente". No piensan lo mismo los que están partiendo y repartiendo el bacalao, ni la mayoría de los que siguen disfrutando de sus prebendas como vocales más allá del tiempo establecido.

Lo cierto es que, como en un maratón agónico, quieren dejar cerrados todos los nombramientos de altos magistrados posibles antes de que se conforme nuevo Gobierno y se vuelva a iniciar el proceso parlamentario para su renovación. Dejarán en los lugares estratégicos a quienes deseen durante cinco años. Lesmes considera que, mientras tenga el mando, aunque sea en prórroga, puede seguir actuando como lo hacía con el mandato vigente. En un voto particular presentado por la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU, ésta recogía la insólita circunstancia de que el Poder Judicial no tenga las cortapisas que sí se ponen al Gobierno en funciones: "lo lógico es que se estuviera a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para el Ejecutivo y que en todo caso nos abstengamos de tomar decisiones que puedan colisionar con las competencias del próximo CGPJ". A todo esto, Lesmes y sus acólitos no le hacen caso alguno. Tienen prisa. Nombrad, nombrad, malditos.

Pero es que aún hay más. Los 13 nombramientos realizados, y todos los que vendrán, se están rigiendo por unas bases de convocatoria que han sido recogidas en un llamado "documento interno" del Consejo que fue redactado por un grupo de trabajo de cuatro vocales, sin haber oído siquiera a las asociaciones judiciales, y posteriormente introducido en el acta del pleno del 8 de mayo sin que se debatiera o se votara nada sobre él en ese pleno. Casi de extranjis, vamos. En esta especie de reglamento paralelo, que también contó con un voto particular de la misma vocal, no sólo se superan a veces las consideraciones del reglamento existente sino que se omiten otras consideraciones presentes en el mismo. Esto ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de jueces que están peleando en los propios tribunales su anulación. Bueno, no todas, todas menos la conservadora y mayoritaria APM que no ha solicitado la suspensión inmediata de los nombramientos pendientes, ni ha recurrido los efectuados ya ni irá a la Sala Tercera del Tribunal Supremo a intentar acabar con esto. Y es que, como decía Raimundo Prado, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria: "no querríamos que se burle el espíritu de la ley con la realización por parte del CGPJ en funciones de un baremo a medida de personas concretas para los próximos nombramientos", que ya me dirán que no es forma fina de decir que Lesmes se ha sacado de la manga un reglamento paralelo con unos parámetros que le permitan nombrar a quien desea, aun estando en funciones.

No es la primera vez que les hablo de la falta de contrapesos al poder que atesora ahora mismo el virrey Lesmes al frente de un gobierno de los jueces al que ya le sonó el pito del fin del partido. ¿Y no se puede hacer nada para que no se vaya dejando atado y bien atado el grueso del poder en los tribunales colocando a quienes desean ellos mismos y el partido y los partidos que les auparon? Poco. Además de la acción emprendida por la asociaciones judiciales, que no dará frutos a tiempo, nada en términos jurídicos o legales. Sólo cabría la posibilidad de dejar sin coartada a Lesmes, es decir, de dejarle al frente de un CGPJ inoperativo para estas cuestiones. Tanto dentro como fuera del órgano hay quien plantea la solución de que los vocales de sensibilidad progresista dimitan de sus puestos en bloque. Tal gesto no sólo tendría una enorme fuerza moral para impedir que se consume este plan, sólo puedo pensar que lo sea, sino que de facto no les dejaría seguir nombrando cargos judiciales. Una dimisión en bloque obligaría a poner en marcha el mecanismo de sustitución, para lo que Lesmes debería dirigirse al Parlamento, y en la lista de sustitutos ya sólo quedan cuatro personas. Ni siquiera serían suficientes para cubrir a los dimitidos y mantener el quórum. En todo caso es un proceso que podría terminarse antes de agosto.

No es, desde luego, una solución que tenga visos de prosperar porque antes de eso alguien debería convencer a los vocales de la necesidad de impedir este abuso y no está fácil, las poltronas pesan y unos meses más nunca amargan. La cuestión es que, si no se remedia, cuando llegue a presidir el próximo Consejo de mayoría progresista, Marchena o quien toque, se va a encontrar con todo el pescado vendido. Eso, y la evidencia de que los altos tribunales llamados a controlar al poder terminarán de ser copados por los conservadores. Ya saben, lo que viene siendo la puerta de atrás.

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