“Si hay voluntad política las pensiones de los que venimos detrás estarán garantizadas”
Luis Recuenco, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Agenda Pública, modera esta conversación acerca del futuro del sistema de pensiones en España, para la que hemos contado con la colaboración de Carles Campuzano, diputado de CiU en el Congreso y portavoz en los ámbitos de trabajo, política social y pensiones, y Borja Suárez, doctor en Derecho por la universidad Autónoma de Madrid y también colaborador de este medio.
Luis Recuenco (LR): Me gustaría que hablemos sobre la sostenibilidad de las pensiones. La insistencia de mensajes catastrofistas sobre la demografía ha creado un imaginario colectivo de colapso financiero futuro de nuestro sistema de pensiones. A mediados de la década de los 90, en un contexto también de crisis económica, aparecieron muchos estudios sobre la viabilidad del sistema de pensiones financiados por entidades financieras. Estos estudios se equivocaron estrepitosamente en sus estimaciones. Estimaron que la población en 2010 sería de entre 39 y 41 millones de habitantes. También proyectaron a la baja la población de 15 a 64 años en 2010, de 26 a 27 millones de habitantes, cuando en realidad nos encontramos con 32 millones. Lo más alarmante es que sus predicciones apuntaban a la quiebra de la Seguridad social, estimando un déficit de un 0,42% hasta un 1,61% del PIB en el año 2000, un 0,75% hasta un 1,80% para 2005, y para 2010 déficits que iban desde más de un punto del PIB a más de dos puntos. Al final, durante estos años acabó existiendo superávit.
A partir de estos datos os formularía dos preguntas. Por un lado, ¿qué implicaciones políticas tienen estos errores? Y por otro, ¿debemos continuar aceptando las previsiones de los demógrafos como predicciones que seguro que se van a materializar en el futuro?
Carles Campuzano (CC): La cuestión principal no es sólo la demografía, que tiene un peso evidente, sino qué modelo de sociedad queremos tener en relación a un problema muy simple: cómo vive la gente una vez que deja de ganar su salario. Cómo garantizas unos ingresos suficientes cuando dejas de trabajar. Ésta es la discusión principal. En Europa durante el siglo XX se ha apostado por sistemas de carácter público, en los que el Estado asume ésa responsabilidad. En la Europa continental es un seguro obligatorio para todos los ciudadanos, con unas reglas que definen las condiciones para poder acceder a esta pensión. En este sentido, la crisis nos ha demostrado la fortaleza de estos sistemas públicos de pensiones.
LR: Pero más allá de esto, ¿hasta qué punto debemos tomarnos con cautela los estudios a los que hacía referencia? Lo digo porque estos estudios generan un imaginario colectivo, y en base a este imaginario colectivo se pueden hacer unas u otras reformas.
CC: En cualquier estudio lo importante es saber quién lo encarga y quién lo paga. De manera muy legítima el sector financiero lleva años financiando estudios que ponen la mirada en los problemas demográficos a los que deben hacer frente los sistemas de pensiones. En general son estudios bien construidos, nos aportan datos que nos son útiles, pero es necesario saber quién lo financia para tener cautela a la hora de valorarlos. Por eso yo decía que la cuestión es cómo vamos a garantizar los ingresos suficientes. Y luego la derivada de esto es la forma en la que podemos hacerlo, tema que normalmente estos estudios no abordan. Por tanto son insuficientes para discutir a fondo sobre las funciones de un sistema público de pensiones.
Respecto a lo del imaginario colectivo, sí que es cierto que entre las generaciones más jóvenes se ha instalado la idea de que no van a cobrar una pensión pública en el futuro. Yo creo que si hay voluntad política la pensión de los que venimos detrás, los baby boomers, van a estar garantizadas. Quizás con reglas y formas distintas a las actuales. Pero la cuestión es que cuando tengamos 65, 67 o 68 años, y dejemos de vivir de nuestro trabajo, tengamos unos ingresos suficientes que me permitan vivir con dignidad. Y es cierto que estos estudios de los que hablamos no abordan ésta cuestión.
Borja Suárez (BS): Me parece que hay que acercarse a estos estudios con prevención. Hay que saber quién está detrás y qué intereses tiene. Pero al mismo tiempo hay que ser inteligente para tomar de estos estudios lo que tienen de relevante, lo que aportan en el análisis de un mecanismo que es fundamental para todos nosotros. Es verdad que estos estudios apuntan a un problema demográfico que tenemos como sociedad. Tanto en España como en los países de nuestro entorno, hay una generación del baby boom, y estos baby boomers se van a jubilar dentro de poco, lo que significará que tendremos una población jubilada mayor que en ningún otro momento de nuestra historia y hay que hacer frente a este reto.
La solución que se presenta como inevitable y que plantean estos estudios es que hay que reducir las pensiones públicas. No están pensando en que los pensionistas del futuro sean pobres de solemnidad, están pensando en un modelo distinto de pensiones. Hay una parte pública mínima y luego una parte privada, que es por la que apuestan claramente. Yo rechazo ese modelo, pero el reto demográfico está ahí. Hay cosas que no sabemos pero hay otras que sí, como cuántos mayores de 65 años habrá en este país en 2050. Van a ser más de 15 millones, doblando el número actual. Esto nos tiene que servir para afrontar cuánto antes este reto, lo que no significa que haya que recortar las pensiones públicas.
LR: Los medios de comunicación informaron que 8 de los 12 miembros del Comité de sabios que elaboró el informe sobre el factor de sostenibilidad en el que se fundamentó la reciente reforma del gobierno de Rajoy del sistema de pensiones, estaban vinculados a entidades financieras, empresas de seguros, o a la patronal UNESPA. ¿Qué opinión os merecen estas vinculaciones? ¿Consideráis que la composición del Comité fue determinante en el tipo de reforma posterior que ya no actualiza las pensiones de los jubilados según la inflación?
CC: Mi impresión es que el problema no es tanto la vinculación profesional de estas personas, sino que su aproximación técnica a la cuestión de las pensiones responde fundamentalmente a la lógica actuarial que tienen las compañías de seguros y los fondos de pensiones. Primaban el equilibrio financiero del sistema de pensiones por delante de los ingresos suficientes que deben recibir los ciudadanos. Esto es una posible visión sobre el sistema público de pensiones. Ahora bien, para quienes entendemos que el sistema debe tener en cuenta otras consideraciones más allá de este equilibrio, cuestiones que incluso son más importantes, pues el informe no nos satisface. Pero en cualquier caso, la idea de la conspiración entre los bancos y la vinculación de los miembros del Comité, no la comparto.
BS: Yo he sido muy crítico desde el principio con todo este asunto. Empezando por la composición del Comité, que creo que era desequilibrada, pues básicamente tenía en cuenta los intereses del sector financiero, dejando fuera otros posicionamientos. El Informe que resulta de sus trabajos es una propuesta de reforma, que no es el mandato que tenían. Las alternativas que proponen son variantes sobre el mismo tema, y además hay un elemento fundamental, y es que se introduce, sin saber muy bien por qué y contradiciendo la Ley 27/2011 (reforma de pensiones), una reorientación del mecanismo de revalorización. Casi al mismo tiempo que se desarrollaba el trabajo de esta comisión, en Francia ocurría una cosa parecida. La Comisión Moreau elaboró un informe sobre los problemas del sistema francés de pensiones, que si se compara con el nuestro resulta envidiable. Se trata de un informe más completo, donde se plantean muchos puntos de vista, y distintas alternativas con las ventajas y desventajas de cada una. En nuestro caso lo que hay es una propuesta que al final se traduce, casi de forma milimétrica, en el Proyecto de Ley.
LR: Según Europa Press, el pasado 31 de enero, UNESPA envió una carta a todos los diputados del Pacto de Toledo para aconsejarles que fomentaran las pensiones privadas. La carta señalaba lo siguiente: “Apuntalar el sistema de reparto cada vez que acusen falta de recursos a base de endurecer sus reglas, y por tanto legarle el problema a los futuros trabajadores, o combinar el sistema existente sin ponerlo en cuestión, con un pilar de previsión más basado en la capitalización.” El grupo del PSOE se quejó de los términos de presión en los que consideraban que se había redactado la carta, asegurando que nunca se había recibido algo similar. ¿Qué opinión os merece la carta?
CC: Fíjate que con la gente de UNESPA todos los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo hace años que mantenemos reuniones formales, dónde comparecen y cuentan su visión. La carta no aporta nada nuevo a lo que han estado defendiendo los últimos años. La misiva, me sorprendió porque me parecía innecesaria, y además porque, vista la reacción de los medios y la opinión pública, pues no acertaron con el tono de la carta. Dudo mucho que los miembros de la Comisión del Pacto de Toledo se sintiese especialmente intimidado porque, insisto, el contenido no es nada nuevo. Lo que sí es verdad es que esto se produce en un contexto en el que el gobierno, en la Ley 27/2011, se había comprometido en presentar un informe sobre la previsión social complementaria. Y es verdad que este informe aún no se ha trasladado al Pacto de Toledo. Y eso en el sector, no sólo a UNESPA, provoca un punto de inquietud. Porque es verdad que la provisión social complementaria es un tema con muchas discusiones. Desde los problemas sobre si se apuesta por generalizarla, si hay que darle más peso a los planes individuales, los planeas de empresa negociados con trabajadores y empresarios, el papel de las mutualidades sin ánimo de lucro, la discusión sobre las comisiones que tienen estos sistemas, la transparencia, las cuestiones de la inversión socialmente responsable, etc. Podríamos estar una hora discutiendo sobre esto.
BS: Añadiría que quizá más relevante que la carta en sí, que me parece muy desafortunada, es cómo estos lobbies inciden en los medios de comunicación. Aquí sí que echo en falta posicionamientos radicalmente distintos en una opinión pública que ha claudicado en esta materia. Estamos resignados a que el sistema no es sostenible en los términos que lo tenemos ahora y que los cambios que se están produciendo son inevitables. En mi libro “El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad” trato de demostrar que no es así.
LR: Los medios de comunicación transmiten una imagen catastrofista. Apuntan a que cuando se jubile la generación del baby-boom el sistema de pensiones colapsará financieramente. ¿Podríais concretar el alcance real para las finanzas públicas de este fenómeno demográfico?
CC: Lo que sabemos es que a partir de la próxima década se inicia un proceso de jubilación de esta generación que durará unos cuantos años. Para Cataluña, que es dónde tengo las cifras más frescas, hablamos que entre 1955 y 1975 nacieron aproximadamente 100.000 niños al año, y a partir de entonces el número de nacimientos cae hasta la mitad. Tan solo a partir de 1995 la situación empieza a mejorar una realidad que se confronta. Lo que hemos tenido hasta ahora que es la jubilación de una generación pequeña, nacida entre los finales de los 30 y los 40, que es lo que se conocía como la generación de la Guerra Civil. La previsión financiera tiene que ver con el gasto en términos de PIB sobre pensiones. Si aceptamos que la reforma 27/2011, según las cifras del gobierno que los organismos internacionales validaron, situaba que el gasto máximo en pensiones se podía situar entre el 13 y el 14% del PIB (ahora gastamos entre el 10 y el 11%). Si mantenemos la teoría de que los ingresos en cotizaciones se van a mover entre el 10 y el 11% del PIB, pues seguramente estaríamos hablando de un déficit de 2 o 3 puntos.
Esto será un proceso que se alargará en el tiempo y para el que habrá que tomar decisiones, como por ejemplo si las cotizaciones sociales son el principal núcleo de financiación de las pensiones o si el sistema impositivo va a jugar más o menos papel. Lo que quiero decir es que el nivel de dramatismo es relativo, la cuestión principal vuelve a ser si tenemos la voluntad política de garantizar que las generaciones que se vayan jubilando tengan un ingreso público que les permita vivir con dignidad. Lo de menos es, simplificando mucho, es si esto se financia vía cotizaciones o vía pensiones. Al final es como lo que está pasando en esta crisis. El sistema está en déficit porque tiene más gasto en pensiones que el ingreso de cotizaciones, pero las pensiones se siguen pagando. Esto es porque la gran virtud del sistema público es que en última instancia quién asume la responsabilidad somos todos a través de los impuestos.
En definitiva, lo que sabemos seguro es que habrá un incremento del gasto en pensiones hasta un 13-14% del PIB, y que es un gasto sostenible porque es el gasto medio que hoy están gastando los europeos. ¿Serán suficientes los ingresos vía cotizaciones? Seguramente no, va a tener más peso la fiscalidad, otro tipo de impuestos. Otra discusión es si de cara al futuro deben ser las cotizaciones sociales las que garanticen las pensiones o no. Aquí hay un debate que afecta a muchos actores relevantes de la economía, mercado de trabajo, etc.
BS: Cuando hablamos de gasto en pensiones el punto de partida debería ser si estas previsiones de gasto tras la ley 27/2011 son realistas. Marcamos un límite del 14% para el 2050. ¿Eso es mucho? Hoy Francia ya gasta el 14,6% e Italia el 15,3%. Por tanto, estamos hablando de un nivel de gasto que es perfectamente asumible. Otra cosa es que eso no exija buscar recursos adicionales para hacer frente a ese nivel de gasto. El Informe de los expertos plantea que la recaudación a través de cotizaciones se situará entre un 10 y un 11%, por lo que consideran que cualquier nivel de gasto que esté por encima no es sostenible. Esto es muy discutible. Sobre todo, porque si miramos a nuestro entorno el caso español es excepcional. Que lo que se recaude por cotizaciones sea suficiente para pagar las pensiones no es, salvando la República Checa, Luxemburgo, y Estonia, lo normal. Es una trampa en la que de forma inocente o no tan inocente caemos en muchas ocasiones. Es evidente que vamos a necesitar otras fuentes para pagar las pensiones. Y que estas fuentes probablemente sean los impuestos generales.
Al final en todo este asunto caemos en estas pequeñas trampas de hablar del déficit de la Seguridad Social, cuando deberíamos hablar de desequilibrios, porque la utilización del término déficit apunta a un exceso de gasto cuando el problema es, o será, la falta de ingresos. En todo caso, es muy importante resaltar, según las previsiones del gobierno (Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017), tras la reforma de 2013 (Ley 23/2013) el nivel de gasto en 2050 no va a superar el 10,5%, lo mismo que gastamos hoy pero con el doble de pensionistas. Esta es la magnitud del hachazo que han recibido las pensiones en esta última reforma.
LR: Los medios informan que la demografía es un peligro para la viabilidad del sistema de pensiones pero no mencionan que la desigualdad en la renta también influye. ¿Cómo creéis que afecta esta desigualdad?
CC: Lo que es evidente es que en un sistema de reparto y de carácter contributivo como el que tenemos en España, la pensión que cobra un pensionista cuando se jubila refleja lo que ha sido su papel en el mercado de trabajo. Por tanto, las desigualdades en el mercado de trabajo tienen también su reflejo en las pensiones. Y a pesar de que el sistema español tiene sistemas de solidaridad intrageneracional (que no solo intergeneracional), con una pensión mínima y una pensión máxima, en el que las cotizaciones de los trabajadores con mejores sueldos financian las pensiones de los que han cotizado menos, que los territorios con más renta, más población y menos envejecidos, financian los de menos renta, con menor población y más envejecidos. Es un sistema que funciona. Pero es evidente que el nivel de corrección de las desigualdades es poco, pero porque ése tampoco es el objetivo de un sistema contributivo. Las desigualdades deben corregirse en el mercado de trabajo.
Aún así, sabemos que la legitimidad social del sistema de pensiones no es menor. En esta crisis el colectivo más protegido, al menos hasta la entrada en vigor de la última reforma del PP, han sido las personas mayores. El índice de pobreza en los mayores de 65 años ha disminuido. Esto se ha dado porque las pensiones se han convertido en un gran estabilizador para muchas familias que dependen de las pensiones. En este sentido la crisis pone en evidencia que la existencia del sistema de pensiones garantiza los ingresos estables a un segmento de la población que no tendría alternativas. Y en paralelo la crisis evidencia la insuficiencia del Estado de bienestar que hemos construido para proteger familias en las que sus miembros pierden el empleo y tienen hijos. Ha aumentado el índice de pobreza infantil que ya era alto antes de la crisis, que refleja sobre todo los problemas de sus padres.
Dónde no está bien orientado el sistema de pensiones es en relación a la mujer. Cuando uno ve la situación de mujeres mayores que viven solas, o con dependencia de sus maridos, o de la pensión de viudedad, ahí tenemos un núcleo de pobreza que refleja la historia de nuestro mercado de trabajo. Este es un ejemplo de desigualdad que el sistema de pensiones no ha sabido corregir de forma adecuada.
LR: Lo que quería enfatizar es que estamos en un entorno económico y social dónde las rentas del capital que no cotizan en la Seguridad Social, están aumentando respecto a las rentas del trabajo. Dentro del pastel de la riqueza nacional las rentas del capital han superado a las del trabajo.
CC: Pero fíjate que aquí la discusión es si tiene sentido que la financiación de la protección social dependa tanto de las cotizaciones o si no tiene más sentido que dependa más de los impuestos, por ejemplo los impuestos que gravasen al capital. En un momento en el que quizás las empresas que ganan más dinero son aquellas que tienen menos trabajadores ocupados, ¿no deberían estas empresas contribuir más a pagar la financiación de la protección social del conjunto de la sociedad? Esta es una discusión enorme que ya están haciendo otros países europeos. Cuando Hollande y Valls en Francia plantean que la política de familia deje de financiarse en base a cotizaciones sociales pero la quieren mantener, lo que están diciendo es que van a financiar las pensiones a través de figuras de la fiscalidad que no están vinculadas el mercado de trabajo.
BS: Estamos planteando problemas financieros de sostenibilidad del sistema, y resulta que estos derivan de que nos hemos atado a las cotizaciones sociales como si no hubiera recursos alternativos. Precisamente porque la producción y el reparto de riqueza tienen caminos distintos, como expone Piketty, se refuerza la legitimidad de quienes reivindicamos fuentes de financiación alternativas que van a permitir la sostenibilidad del sistema y además inciden en la redistribución de la riqueza. El sistema fiscal está íntimamente relacionado con las pensiones.
Respecto a lo que mencionaba Carles sobre el caso francés, es verdad que aquí se empiezan a plantear cosas similares. No con la política de apoyo a las familias, que es inexistente, sino con temas como la viudedad. Si la sacamos de las cotizaciones sociales –son casi dos puntos de PIB–, y lo financiamos con cargo a impuestos, tendremos un poco más de margen. Hay ciertas reticencias desde determinados ámbitos que se explican por el miedo a que, al desvincula la viudedad de las cotizaciones, surja el argumento de que “no podemos gastar tanto” y se recorte. Pero aún así, el camino por el que debemos transitar es el de financiar determinados conceptos vía impuestos generales.
Por contextualizar todo esto, la reforma de 2011 trataba de garantizar la sostenibilidad del sistema, manteniendo el gasto en niveles asumibles. Lo logró. Eso sí, el reproche que se le puede hacer es que no atacaba los problemas de suficiencia del sistema. El ejemplo de las mujeres es muy adecuado, con unas pensiones un 40% de media más bajas que las de los hombres. En 2013 se exalta la preocupación por la suficiencia del sistema; se utiliza como coartada poniendo en peligro es la garantía de unos pensiones suficientes y adecuadas como dice la Constitución.
LR: Tanto la reforma de las pensiones del gobierno de Zapatero, como la más reciente de Rajoy, intentan mejorar la viabilidad del sistema de pensiones en el futuro recortando los gastos, es decir, las pensiones. Pero la viabilidad se puede mejorar aumentando los ingresos o con un mix de ambas variables. ¿En el futuro deberían recortarse más los gastos o existe margen para incrementar los ingresos del sistema?
CC: En mi opinión hay dos vías para aumentar los ingresos. Primera, hacer frente a un problema endémico de la economía española que es aumentar las tasas de empleo. Y hacerlo en aquellos sectores dónde hay márgenes como las mujeres, jóvenes, y mayores de 55 años. Este es un problema que ahora obviamente se ha agudizado pero que viene de antes de la crisis. Debería haber más gente en el mercado de trabajo. Sabiendo además de que en la próxima década se van a incorporar generaciones más reducidas. Segunda, debe de crecer la aportación vía impuestos al sistema de Seguridad Social. Y que con estos se pueda asumir las pensiones de orfandad y viudedad, que están alrededor de 20.000 millones.
BS: Estoy de acuerdo. Por completar la respuesta diría que si tuviéramos la afiliación a la Seguridad Social de 2007, incluso un poco menos, hoy el sistema tendría superávit. Por eso este tema del empleo, es fundamental. Resulta escalofriante la frialdad con la que Europa y el gobierno español reaccionan ante las previsiones de desempleo para los próximos años. A parte de esto, sí que se pueden ajustar elementos, como la cotización de los autónomos, para mejorar el nivel de ingresos. Siempre siendo conscientes de que el grueso de esos recursos adicionales deben provenir de los impuestos generales.
LR: Algunos autores defienden eliminar los topes máximos de cotización para los salarios más altos, modificándolos y convirtiéndolos en progresivos para aumentar los ingresos. ¿Qué os parece esta propuesta?
CC: Sí pero esto nos llevaría a que quizás habría que subir las pensiones máximas adaptándose a la mayor cotización de esos salarios. Yo aquí tengo un punto de prudencia en el sentido de que para la legitimidad del sistema debe mantenerse un reconocimiento que corresponda a ése esfuerzo contributivo. Lo que sería un error es que quienes contribuyesen más tuviesen la convicción de que el sistema público de pensiones no recompensa su esfuerzo de contribución. Eso facilitaría el cuestionamiento de otros sectores de la sociedad que a día de hoy sí que defienden el sistema de pensiones.
BS: Comparto la reivindicación del principio redistributivo porque es configurador del sistema de pensiones. Pero quizá se le está pidiendo a la Seguridad Social que haga lo que le corresponde al sistema impositivo. Que es por dónde hay que abordar el asunto de las rentas más altas. La redistribución la hace el sistema de pensiones a través de mecanismos como la pensión mínima o las prestaciones no contributivas; pero es también una tarea del sistema fiscal.
LR: El pasado mes de septiembre, CC.OO realizó la propuesta temporal de aplicación inmediata de aumentar dos puntos los tipos de cotización por contingencias comunes mediante un esfuerzo compartido entre empresarios y trabajadores. Esta medida supondría 7.000 millones adicionales de ingresos. ¿Qué os parece?
CC: Yo no la comparto. Creo que va en contra de la principal prioridad que tenemos que es la creación y el mantenimiento del empleo. Aumentar las cotizaciones no ayudaría para nada a recuperar la creación de empleo, al contrario, la dificultaría. El propio gobierno ha tomado una medida cuando ha ampliado los conceptos a incorporar en la base de cotización, que ya supone para muchas empresas un aumento de sus contribuciones a la Seguridad Social. Una medida que puedo compartir pero que hubiera necesitado una transición en su aplicación. Además va en contra de la dinámica que se está viendo en Europa. Jacques Delors proponía en su libro blanco que frente a altos niveles de paro con bolsas de parados de baja formación, y teniendo en cuenta que estos perfiles encontrarán trabajo en sectores muy intensivos de empleo, quizás lo que necesitamos es rebajar las cotizaciones para este tipo de empleos para generar mayor ocupación.
BS: También tengo muchas dudas de una medida como ésta. Empezando porque el nivel de cotización en nuestro país ya se sitúa en la media de los países de nuestro entorno. Y además porque ahora la prioridad es la creación de empleo, e incrementar las cotizaciones significa incrementar los costes. Dicho esto, lo que sí me parece oportuno y legítimo, es exigir a aquellos que sí tienen recursos que hagan un esfuerzo extraordinario. Estos 7.000 millones deberían poder recaudarse a través de otras medidas que afecten a las rentas y patrimonios más altos.
LR: Por último, como bien sabéis en España el salario mínimo es de los más bajos dentro del contexto de la UE-15. Cuando aumentan los salarios aumentan las cotizaciones del sistema de Seguridad Social y los ingresos del sistema, mejorando la viabilidad. ¿Sois favorables a aumentar el salario mínimo progresivamente durante las próximas dos legislaturas y de esta forma converger con nuestros vecinos europeos?
CC: Sí, sí, soy favorable, y no comparto las teorías que afirman que la existencia de salarios mínimos va en contra de la creación de ocupación. No hay evidencias en nuestro entorno que lo puedan sostener. Además, en el caso del salario mínimo en España directamente afecta a un número muy reducido de trabajadores, hace muchos años que no es referencia para otras variables de las políticas sociales, por tanto tampoco tienen efecto inflacionista o de aumento del gasto social. En un momento en el que la recuperación depende más que nunca del aumento del consumo interno, un mensaje de este tipo iría en la dirección de estimular este consumo, la capacidad de compra.
BS: Por supuesto. Una pieza fundamental de la sostenibilidad del sistema público de pensiones es el mercado de trabajo. Las tensiones financieras que hoy sufre el sistema son consecuencia de la destrucción de empleo provocada por la crisis. La prioridad del Gobierno es, y debería haber sido desde el principio, la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Pero además debemos ser conscientes de que la política de devaluación salarial es veneno para el sistema de pensiones porque limita los ingresos a través de las cotizaciones. La precariedad de las condiciones laborales perjudica también a los pensionistas, a los presentes y a los futuros.
