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Refugiados y UE: necesidad de contexto y de un enfoque de Derechos Humanos

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Cientos de refugiados dejan los centros de acogida húngaros y marchan hacia Austria

Refugiados cruzan la frontera por la localidad austríaca de Nickelsdorf este pasado sábado tras salir de Hungría/ EFe

En las últimas semanas estamos viviendo una situación, tanto en las fronteras de la Unión Europea como dentro su territorio, que desde muchos ámbitos se afirma que ha puesto en cuestión la capacidad de acogida de personas refugiadas por parte de las instituciones europeas y sus Estados miembro.

Efectivamente, desde el inicio del presente año, se ha producido un significativo aumento de entradas en la Unión de personas que llegan principalmente de las zonas con conflictos abiertos en Oriente Medio (en su mayoría de Siria). Según datos de ACNUR, a finales de agosto más de 300.000 personas habían accedido a territorio europeo por el Mediterráneo central y oriental, mientras que en todo 2014 la cifra se había situado en 219.000. Se ha presentado este incremento como un desafío difícil de superar por parte de la Unión Europea, generándose un intenso debate político y social al respecto. Aquí es donde se impone la contextualización: desde el inicio del conflicto sirio en el año 2011, más de 4 millones de sus ciudadanos/as han tenido que abandonar el país. Pues bien, el Líbano, país de menos de 5 millones de habitantes y en el puesto 65 en el Índice de Desarrollo Humano, ha asumido más de 1 millón de estas personas. En el mismo periodo, el conjunto de la Unión Europea, con más de 500 millones de habitantes y con uno de los niveles de desarrollo económico más altos del mundo, tan sólo ha acogido a menos de 350.000 . Teniendo en cuenta estas cifras, cualquier mensaje político-mediático que trate de convencer a la opinión pública europea de que estamos al borde del caos o ante una invasión incontrolable simplemente no se corresponde con la realidad.

Partiendo de este contexto, nos felicitamos por la movilización, tanto ciudadana como de algunas instituciones públicas del ámbito local, que se está produciendo en nuestro país, ofreciendo su disponibilidad de acogida para las personas que huyen del conflicto sirio. Uno de los puntos de inflexión en esta activación de la solidaridad social e institucional fue la publicación de la terrible fotografía del cuerpo de un niño sirio de apenas 3 años que perdió la vida en las costas de Turquía. Además de estremecerme con dicha imagen, no pude evitar que se me viniera a la mente la no menos aterradora instantánea de Javier Bauluz que plasmó hace 15 años el cadáver de un inmigrante subsahariano adulto en las playas de Cádiz, mientras los bañistas seguían disfrutando de su día playa como si nada hubiera ocurrido. Esa fotografía no generó ni mucho menos estas oleadas de indignación y llamadas a la implicación de la ciudadanía, quizás porque la muerte de un niño  siempre genera un impacto emocional mucho mayor que la de un adulto, quizás porque la palabra refugiado carece de las connotaciones negativas que para algunos ha acumulado la de inmigrante en los últimos años.

Muy conectado con lo anterior está el documento previsto para esta semana que, desde la Comisión Europea, con su presidente Juncker a la cabeza, pretende pedir a los Estados miembro que asuman un mayor número de personas refugiadas con un sistema de cuotas obligatorias, ofreciendo como “contrapartida” reforzar y agilizar los procedimientos de detención y expulsión de los migrantes “económicos” en situación irregular. Partiendo de un enfoque de Derechos Humanos, desde las instituciones europeas no se puede ofrecer un raquítico aumento de cuotas de acogida (totalizarían tan sólo 120.000 personas más) a costa de endurecer aún más sus políticas migratorias. Desde la ciudanía no podemos caer en la trampa de categorizar a las personas y sus derechos fundamentales, asumiendo que sólo se puede proteger a unas en detrimento de otras.

Aprovechemos esta ilusionante movilización social para generar una incidencia política contundente que obligue a la Unión Europea y a sus Estados miembro a generar unas políticas de asilo y migratorias que respeten los Derechos Humanos de todas las personas que se ven obligadas a abandonar sus países de origen, independientemente de los motivos que fundamenten esa necesidad.

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