IU registra una enmieda a la totalidad de la Ley de Servicios Sociales porque “privatiza” las prestaciones
El grupo de IU en el Parlamento de Andalucía ha registrado este martes una enmieda a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Servicios Sociaes, que se debatirá en el pleno en las próximas semanas para su admisión o no a trámite. La coalición de izquierdas justifica su decisión porque, “tras la excusa del welfare mix o modelo mixto de provisión de servicios de bienestar, abre la puerta a la privatización”. También porque considera que estas prestaciones “no pueden estar supeditadas a la estabilidad presupuestaria, puesto que de esta manera no se garantizan”, con lo que se suma a los recelos sobre esta ley expresadas ya por el sindicato CCOO-A.
La decisión de IU ha sentado mal en el PSOE-A que se ve enfrentado a la situación de que estos plantamientos que cuestiona IU vayan a hacer que termine votando con C's, lo habitual, pero también con el PP-A, que comparte las privatizaciones. En este sentido, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, no ha ocultado su “sorpresa” por el hecho de que esta impugnación parta de IU. “Lo podría entender de otra formación...”, ha comentado. También ha criticado que IU vaya a la enmienda a la totalidad, o sea echar para atrás el proyecto de ley, cuando entiende que “puede mejorarse”, pero durante su tramitación parlamentaria. “Nos parece que es poner un muro y especialmente viniendo de IU nos sorprende mucho”, ha aseverado.
Sin embargo, la portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, ha insistido en que el proyecto de ley “es un paso atrás” que no pueden compartir porque “los derechos básicos no pueden convertirse en oportunidades de negocio”. Ha insistido en que las prestaciones deben estar garantizadas como derecho subjetivo, aunque, según reconoce, “cuestión diferente es entrar en el detalle de definir cuáles deben ser garantizadas y cuáles no”. En cualquier caso, IU considera que “el listado de prestaciones recogido en el proyecto de ley es insuficiente”. Por ello, plantea la necesidad de que el texto sea devuelto al Consejo de Gobierno para que lo modifique y establezca, por un lado, la “preferencia de la iniciativa social frente a la privada” y que garantice la financiación desde el ámbito público.
Finalmente, critica del texto su “indefinición y falta de claridad” en la distribución de competencias entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia y que no contemple un sistema de servicios sociales que permita al acceso universal a los derechos reconocidos por el Estatuto de Autonomía. “No podemos compartir la filosofía del proyecto de ley”, ha insistido Elena Cortés.
