Magdalena Álvarez repite ante Alaya: de la preimputación a la reimputación
A pesar de que ha sido el único exalto cargo de la Junta que ha prestado declaración ante Mercedes Alaya en los dos últimos meses, ha sido llamada para volver a hacerlo. El formalismo de volver a imputar a la exconsejera de Hacienda hace unos días, a instancias de la Audiencia Provincial, que había solicitado una mayor concreción de los hechos de los que se le acusa, conllevará este jueves un nuevo pasilleo judicial para Magdalena Álvarez. Imputada ya por delitos de prevaricación y malversación, y habiendo defendido su gestión como “transparente y clara”, Alaya la llama de nuevo “a fin de colmar la exigencia de su derecho de defensa” y “por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración”.
Tanto la Audiencia Provincial como la Fiscalía Anticorrupción han puesto en duda alguna de las decisiones de la jueza en relación con la instrucción del caso a la vuelta de verano, principalmente respecto a la forma de imputar a la veintena de exresponsables de la Junta (la Audiencia está deliberando estos días precisamente sobre el recurso de la Junta) o la fórmula de pre-imputar a personas aforadas, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán. Alaya se ha defendido de éstas y otras cuestiones en un último auto de 31 de octubre en el que motiva la imputación de la exconsejera, la vuelve a citar, pide “calma” para culminar la investigación, insiste en su tesis de la “maquinación colectiva”, niega que lleve a cabo una instrucción “espasmódica” y considera “inescindible” la mayor parte de la causa.
De lo que se llegó a denominar como 'preimputación' de los exconsejeros y expresidentes, todos aforados, se ha pasado a la 'reimputación' o doble imputación de Magdalena Álvarez. Alaya ya le tomó declaración el pasado 8 de octubre. La jueza, según su último auto, apunta que leyó “detenidamente” a la exconsejera su imputación, basada en “su ilícita intervención en los hechos y los pasos que dio en connivencia con otros para instaurar el ilegítimo sistema de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones sociolaborales” por la Consejería de Empleo, primero “a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de la inclusión del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos”.
La actual vicepresdienta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que este mismo miércoles recibía el apoyo de su 'jefe', señaló el 8 de octubre ante la jueza que “nunca se plantearon ni en la Consejería de Economía ni en el Consejo de Gobierno dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones sociolaborales que había emprendido la Consejería de Empleo” y que “las transferencias de financiación son un instrumento financiero para llegar fondos a las empresas públicas siempre que dichas empresas públicas tengan entre sus competencias la actividad para la que haya sido otorgadas dichas transferencias”.
La jueza se está centrando últimamente en ampliar las diligencias de investigación derivadas de la Operación Heracles II desarrollada por la Guardia Civil, tomando declaración a personas que hayan podido tener que ver con la concesión de ayudas en los ERE de diversas empresas, la introducción de 'intrusos' o la aplicación de ayudas sociolaborales a los trabajadores, e imponiéndoles en muchos casos cuantiosas fianzas de responsabilidad civil. Entre los investigados más destacados destacan el exsecretario de UGT-Cádiz Salvador Mera y el que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona, ambos en libertad con cargos y a quienes el juzgado les ha dado unos días para que designen bienes a embargar.
