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Expertos de 36 universidades internacionales piden la titularidad pública de la Mezquita

Más de cien profesores y científicos acusan al Obispado de Córdoba de “depreciar el significado el monumento” y “secuestrar su memoria” 

Entre los firmantes de un manifiesto que pide la titularidad pública de la Mezquita-Catedral hay profesores de universidades de EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Chile, Turquía, Irlanda, Marruecos y varias españolas 

Acusan de “desidia” a la Junta de Andalucía y al Gobierno, sosteniendo que un “mínimo de diligencia del Estado podría desmontar los argumentos jurídicos” de la Iglesia

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Cien especialistas de 36 universidades firman un manifiesto por la titularidad pública de la Mezquita

Expertos de 36 universidades firman un manifiesto por la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La petición de la titularidad pública de la Mezquita-Catedral vuelve a cruzar fronteras y asienta su solicitud, esta vez, en el ámbito académico. Más de cien especialistas de 36 universidades de todo el mundo, entre ellos profesores de prestigio como el experto medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Ángel Galán; la arabista del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Maribel Fierro; el director del Institut d'Etudes de l'Islam de Francia, Pascal Buresi;  el hispanista de la Universidad de Boston Thomas F. Glick o el catedrático de Historia Contemporánea Juan S. Pérez Garzón, han firmado un manifiesto para pedir que se invalide la inmatriculación que la Iglesia hizo del monumento cordobés y éste pase a ser un bien público. 

El manifiesto, redactado por el investigador del CSIC y reconocido experto en al-Ándalus, Eduardo Manzano, ha sido suscrito por historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de una decena de universidades de España y otros países como EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Chile, Turquía, Irlanda y Marruecos. En el escrito, piden la intervención de la administración pública “para impedir la apropiación jurídica” de la Mezquita-Catedral de Córdoba por parte de la Iglesia y “ frenar el proceso de manipulación histórica puesto en marcha por el Obispado en los folletos y material divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año”. 

Todo  ello, sin embargo, sin poner en duda que la Iglesia deje de practicar su culto en el monumento: “Abogar por la titularidad pública de la Mezquita en absoluto implica que se impida a la Iglesia desarrollar allí su actividad en exclusiva”, señala el manifiesto. 

Sobre la inmatriculación hecha por la Iglesia inscribiendo a su nombre en el Registro de la Propiedad la Mezquita-Catedral en el año 2006, los expertos académicos indican que “la base jurídica de la inmatriculación es muy endeble”. En ese sentido, reprueban la “triquiñuela jurídica” empleada por el Obispado para inscribir a su nombre una “joya del patrimonio histórico español” y alertan de la acción de la Iglesia “para eliminar los valores culturales y artísticos de la Mezquita-Catedral reconocidos por la Unesco”. 

“A la apropiación material”,  – “ el Cabildo ha realizado actuaciones arquitectónicas tan discutibles como la construcción de cuartos de baño junto al  mihrab de Al-Hakam II” ponen de ejemplo- , “se ha unido el secuestro de la memoria. La Mezquita ha pasado de ser un edificio que encierra un conocimiento de primera mano sobre al-Ándalus a ser herramienta de iniciación para catecúmenos”. 

Dedo acusador sobre Junta y Gobierno

En su manifiesto, los firmanes señalan directamente a las administraciones sobre el papel que vienen jugando en este asunto: “Un mínimo de diligencia por parte de la abogacía del Estado podría desmontar los argumentos jurídicos. Aún estamos a tiempo”, advierten. Por ello, recuerdan el deber de la administración pública de custodiar el patrimonio y reprochan tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que hayan actuado en este tiempo con “desidia” y “falta de contundencia impropia de una administración democrática, obligada por el artículo 46 de la Constitución a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España”. 

“Una actuación razonable de la administración pública”, agrega el escrito, sería marcarse como “prioridad conseguir que la Mezquita sea un bien público, portador de valores de convivencia y de integración”, proponen quienes remitieron en el pasado mes de julio su escrito al Obispado de Córdoba y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sin que, hasta el momento según indican, hayan obtenido respuesta.

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