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Un empresario acusado de maltrato animal se hace con la recogida de perros en varias localidades

El responsable de la antigua perrera El Refugio (Puerto Real), pendiente de juicio desde hace seis años por las pésimas condiciones del centro y por el sacrificio de animales con un paralizante muscular prohibido, mantiene su negocio en el Campo de Gibraltar

El escrito del fiscal señaló que el proceder de los cuatro acusados en el caso "denotaba una nula sensibilidad hacia el reino animal"

La protectora Prodean-Bahía de Cádiz, que ha recogido más de 12.000 firmas para exigir la celebración del juicio, considera "una vergüenza" y una "inmoralidad" la situación. "Vivimos en el mundo de la incoherencia", lamenta su presidente

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Un empresario acusado de maltrato animal se hace con la recogida de perros en Algeciras, La Línea y Los Barrios

La empresa gaditana Control Zoosanitario S.L., cuyo socio y administrador único, Plácido Gómez, está pendiente de juicio por un supuesto delito continuado de maltrato animal ocurrido en la antigua perrera El Refugio, situada en Puerto Real, se ha hecho en el último año con contratos de servicios de recogida de animales en los municipios de Algeciras, La Línea y Los Barrios por los que percibe más de 110.000 euros anuales, según la información aportada por estos tres municipios.

Plácido Gómez, que figura como máximo responsable de esta concesionaria con sede en Chiclana, se enfrenta a una pena de un año de prisión y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, según la petición de la Fiscalía en el caso de la perrera El Refugio. Este caso estalló en 2007. Seis años después, sigue pendiente de juicio después de numerosos retrasos.

La asociación protectora de animales Prodean-Bahía de Cádiz, cuya labor fue determinante para desvelar los sucesos que acontecían en El Refugio, presentó en diciembre más de 12.000 firmas en el Juzgado para que el juicio se celebre de forma inmediata.

Su presidente, Francisco Molina, denuncia que es una "vergüenza" que aún no se haya enjuiciado a los responsables del centro, y aún más que el administrador de El Refugio, pendiente de una posible inhabilitación para el trato profesional con animales, siga consiguiendo concesiones idénticas a las que tenía en Puerto Real. "Vivimos en el mundo de la incoherencia. Es una inmoralidad absoluta que esta persona haya montado el mismo negocio que tenía en Puerto Real en otros municipios, pagados con impuestos de todos. Es surrealista", lamenta Molina.

El partido animalista PACMA también ha expresado su "repulsa total" hacia esta situación, justo una semana después de que se haya procedido al cierre y desmantelamiento de la perrera de Bormujos (Sevilla) debido a la denuncia sobre las pésimas condiciones higiénicas y sanitarias en las que vivían los perros.

El Ayuntamiento de Algeciras otorgó esta concesión a Control Zoosanitario S.L. por un periodo de cuatro años a razón de 90.000 euros anuales. Fuentes del Consistorio han explicado que la adjudicación se realizó por concurso público, con plicas cerradas, y que hasta ahora el servicio se está desarrollando con total normalidad.

Fuentes del Consistorio de La Línea han precisado que hace cuatro meses se tomó la decisión, por vía de urgencia y de forma provisional, de encargar a la empresa el servicio de retirada de animales de la vía pública que hasta entonces desarrollaba una asociación protectora de animales sin las garantías legales suficientes. "En los próximos meses se organizará un concurso público para adjudicar el servicio", señalaron las mismas fuentes.

Los Barrios adjudicó el mismo servicio a Control Zoosanitario S.L. en julio del año pasado por una cantidad de 23.500 euros y un periodo de un año.

"Perro que entra, perro que se duerme"

"Perro que entra, perro que se duerme" era una consigna no escrita pero asumida por los trabajadores de la perrera puertorrealeña El Refugio, antes conocida como Verde-6. Para ejecutar los sacrificios masivos de animales, se empleaba un potente y barato paralizante muscular llamado Mioflex Braun. Estas inyecciones provocaban una parálisis progresiva del aparato respiratorio pero no del corazón, por lo que perros y gatos agonizaban durante varios minutos en estado de plena consciencia y vigilancia.

El descubrimiento de la utilización de Mioflex se produjo en agosto de 2006 por casualidad, cuando una veterinaria de Prodean-Bahía de Cádiz presenció la muerte de un cocker tras un único pinchazo, según consta en la investigación.

A principios de 2007, la asociación protectora de animales El Refugio (cuyo nombre coincidía de forma paradójica con el de la perrera) se interesó por el caso y lo denunció ante el Seprona, que inició sus investigaciones. Pocos meses después, las condiciones de El Refugio se convirtieron en un escándalo nacional tras la denuncia de un suceso funesto. Una pareja de nacionalidad italiana dejó a sus tres perras en la guardería de animales que también ofrecía el complejo canino y, cuando fue a recoger a los animales, sólo encontró sus cadáveres, hecho que desveló los exterminios masivos de animales que se producían en Puerto Real.

La instrucción judicial señaló que los perros se hacinaban en naves insalubres y pestíferas, en las que las heces se acumulaban y la orina llegaba a fermentar. Jaulas habilitadas para dos o tres perros llegaban a albergar más de doce, que se pisoteaban entre ellos, tal y como reflejó la investigación. Los perros también estaban mal clasificados: los sanos se mezclaban con otros enfermos, con cadáveres en bolsas a la espera de incineración, con cachorros y con hembras parturientas.

En el procedimiento judicial se consideró probado que sólo en 2007 hubo más de 500 sacrificios con Mioflex, que se empleaba desde al menos 2005. Según los cálculos ofrecidos entonces por la protectora El Refugio, con 35 euros de inversión en paralizante, el centro podía eliminar una tonelada de animales, unos 100 perros de tamaño medio. Estos costes, mucho menores que los de una eutanasia reglada, denunció la protectora, eran importantes para conseguir beneficios de un negocio que tenía contratos con al menos 15 ayuntamientos de la provincia de Cádiz.

Tanto el propietario como la directora y los dos veterinarios al frente de la perrera puertorrealeña se enfrentan a una pena de un año de prisión y tres años de inhabilitación por un supuesto delito de maltrato animal, mientras que los acusados niegan haber maltratado a los animales y también tener conocimiento de lo que allí ocurría.

El escrito del fiscal señaló que el proceder de los acusados "denotaba una nula sensibilidad hacia el reino animal", cuestión que no ha privado al administrador de la perrera de seguir consiguiendo contratos de retirada de animales en municipios gaditanos.

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