En libertad con cargos el dirigente del SAT en Jaén, detenido por coacción y amenazas
El secretario provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén, Andrés Bódalo, ha sido detenido a primera hora de la mañana de este viernes por agentes de la Guardia Civil. Respondían a una orden judicial dictada por la titular del juzgado de Baeza en respuesta a una denuncia presentado por un empresario agrícola de esa localidad. Esos son los datos que ha confirmado la Guardia Civil.
Antes de las tres de la tarde, y tras prestar declaración, Bódalo ha sido puesto en libertad con cargos de coacción y amenazas. Tiene la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, mientras se celebra el juicio sobre los hechos denunciados.
Según Andrés Bódalo la denuncia se refiere al miércoles de la pasada semana, 29 de enero. Su versión es que estaba repartiendo el convenio del campo entre los trabajadores de la finca La Rueda-Casa Baja, propiedad del BBVA, esa jornada. “Visitamos diferentes tajos de la provincia para informar a los trabajadores del convenio y de sus derechos”, ha señalado Bódalo. Eso es lo que estaban haciendo cuando “aparecieron varios coches patrulla de la Guardia Civil”.
Bódalo señala que no se produjo ningún incidente y que “si yo estaba coaccionando a alguien ¿por qué no me detuvieron entonces?”. De hecho, ha denunciado al finalizar su declaración que la denuncia es “una farsa por parte del empresario y está detrás el BBVA”.
Durante los dos últimos años, jornaleros del SAT ocuparon la finca donde se ha producido la denuncia en varias ocasiones. Fue la forma que eligieron para poner de manifiesto lo que consideran un abandono por parte de los propietarios, en este caso el banco, de estos terrenos. Las ocupaciones -unas veces efectivas, otras bloqueadas por las fuerzas de seguridad- se tradujeron en sucesivas denuncias. A raíz de éstas, el SAT acumula en Jaén alrededor de 70.000 euros en multas impuestas por la subdelegación del gobierno.
Desde que comenzó la campaña de aceituna, Bódalo asegura que ha visitado alrededor de 200 fincas, para facilitar a los trabajadores información sobre sus derechos y conocer las circunstancias de su contratación “y no hemos tenido ningún problema”. Esta práctica es habitual en todos los sindicatos durante la campaña de aceituna en Jaén. Por eso considera que su detención no se debe a que se haya producido coacción o amenaza alguna, sino al hecho de que estaba informando a los empleados de una finca que había sido ocupada por su sindicato.
El dirigente sindical está convencido de que demostrará su inocencia en la vista oral. Según el Código Penal, a los delitos de coacciones y amenazas corresponden penas mínimas de 6 meses de cárcel y máximas de 3 y 5 años, respectivamente.
