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ARAGÓN

En Honduras, ya me habrían matado

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En la madrugada del 2 al 3 de marzo de hace un año, Berta Cáceres, mi amiga y hermana en el Premio Goldman, dirigente del COPINH y de las comunidades LENCA de Honduras, fue asesinada en su casa. Otro buen amigo, Gustavo Castro, que se alojaba esa noche en casa de Berta, quedó herido y lo dieron por muerto. Desde entonces lo pienso a menudo: si viviera en Honduras, probablemente, ya me habrían matado.

“Fui a las comunidades LENCA para dar un curso sobre energías renovables, organizado por el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), y Berta me ofreció su casa, donde tendría Internet”, relata Gustavo Castro.

“Estuvimos hablando en el porche hasta tarde, y nos retiramos a dormir. Estaba trabajando con el ordenador, en mi cama, cuando se oyó un fuerte golpe. Habían tirado la puerta de la cocina. Se abrió bruscamente la puerta de mi habitación y me vi encañonado, mientras oí a Berta enfrentar a sus agresores; varios disparos y cuando quien me apuntaba a la frente hizo el gesto definitivo de disparar, me encogí instintivamente y me tiré al suelo. El disparo me atravesó la oreja y la mano con la que me tapaba la cara. Me dieron por muerto y salieron huyendo”. Gustavo Castro es un buen amigo de Chiapas, dirigente conocido y reconocido en todo México y Centroamérica por su lucha en conflictos de grandes presas y minería.

Berta lideraba desde el COPINH la resistencia del pueblo lenca frente al proyecto de presa hidroeléctrica de Agua Zarca, promovida por una empresa hondureña, DESA, vinculada a miembros del Gobierno y del ejército, y financiada por la corporación alemana Voith Siemens, el banco holandés FMO, el finlandés Finnfund y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el que participa España.

Desde el Golpe de Estado de 2009, como dice el lema del Gobierno, «Honduras is Open for Business»; es decir, las grandes corporaciones transnacionales recibieron todo tipo de facilidades para desarrollar grandes proyectos mineros e hidroeléctricos. Desde entonces, el Gobierno, no sólo facilita el desplazamiento de comunidades y la ocupación de sus tierras, sino que viene imponiendo un régimen de terror y criminalización de la protesta que, como es natural, se multiplica en las comunidades afectadas. Recientemente, Global Witness publicaba su Informe “ Honduras: El país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”, en el que se documentan 123 personas asesinadas, desde 2010, por enfrentarse a las empresas que destruyen ríos, talan bosques y arrasan o acaparan tierras de las comunidades indígenas y garífunas.

En la semanas que siguieron al asesinato de Berta, tuve el honor de participar en la Misión Internacional de Observación “ Justicia para Berta Cáceres”. En nuestras conclusiones constatamos y documentamos:

  • Una manifiesta debilidad del Estado de Derecho y una flagrante falta de independencia del poder judicial, tanto en la Fiscalía como en la Judicatura;
  • Una desconfianza generalizada de la gente en las instituciones, incluida la Policía y el Ejército, que son temidos, como una amenaza y no como garantía de protección;
  • Una estrategia de criminalización de los dirigentes comunitarios, especialmente centrada en el COPINH y en la Red de Defensoras de Derechos Humanos;
  • Una protección deficiente del Gobierno a las personas amenazadas, como Berta, bajo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Misión constató 27 eventos relevantes de agresión o amenaza a Berta, documentados antes del atentado que le costó la vida.

Desgraciadamente, ha pasado un año y la situación no ha mejorado. Siguen asesinando, bajo una clamorosa impunidad, a dirigentes comunitarios, especialmente del COPINH, como Nelson García o Lesbia Yaneth Urquía; al tiempo que siguen las amenazas, detenciones y todo tipo de acciones  represivas sobre las comunidades.

Y todo ello, mientras España y la UE mantienen programas de cooperación, como EUROJUSTICIA, con más de 30 millones de euros, para fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, con un Gobierno que hace sistemáticamente todo lo contrario.

Revisar y auditar la clamorosa ineficacia (a los hechos nos remitimos) de estos programas de cooperación; abrir espacios directos de apoyo a las organizaciones de Defensores de Derechos Humanos; revisar la política del Banco Centroamericano de Integración Económica, en el que participamos, a la hora de financiar megaproyectos, en los que se transgreden derechos humanos; apoyar la sistemática petición del COPINH y de Defensores de los Derechos Humanos de investigaciones independientes de los crímenes, como el de Berta Cáceres, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de DDHH; … ; son algunas de las muchas cosas que deberíamos hacer desde España y dese la UE, y que no hacemos.

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