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Catalunya aprueba el impuesto a los yates, joyas y jets privados camuflados en sociedades

El Govern se conforma con que el nuevo gravamen no recaude nada pero que haga aflorar los bienes para los impuestos tradicionales por los que deberían tributar

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Port Olimpic de Barcelona

Veleros en el Puerto de Barcelona ©SANDRA LÁZARO

Si usted vive en Catalunya y tiene un velero a nombre de una empresa para pasar un buen rato los fines de semana esta noticia le interesa. El Parlament aprueba este miércoles el impuesto sobre activos no productivos, que gravará los pisos, coches de más de 200 caballos, barcos, aeronaves, joyas u obras de arte a nombre de personas jurídicas que no se usen para la actividad económica, sino para uso y disfrute particular. El objetivo del gravamen es combatir la elusión fiscal de los grandes patrimonios.

El impuesto nace sin una estimación oficial de recaudación ni de contribuyentes. Desde la conselleria de Economía se sostiene que lo ideal sería que la recaudación de la nueva figura fuera cero, ya que lo que pretende en realidad es que estos bienes afloren para los impuestos tradicionales por los que deben tributar, en especial el de Patrimonio.

El gravamen, impulsado por JxSí y la CUP en virtud de su pacto presupuestario, no tendrá un mínimo exento, y su tipo máximo será del 2,75% en el caso de que se declaren bienes por encima de los 10,695 millones de euros. Estarán exentas las administraciones públicas, las representaciones diplomáticas y los bienes inmuebles de fundaciones, ONG's y entidades sin ánimo de lucro "siempre que se destinen de forma exclusiva a finalidades propias no lucrativas".

"Pretendemos solucionar la elusión fiscal a impuestos como el de patrimonio que se hace poniendo a nombre de una empresa bienes de uso personal", explica la diputada de JxSí Carmina Castellví. El diputado de la CUP, Benet Salellas, reconoce que el impuesto tiene un punto "experimental" ya que es el primero de este tipo que aprueba una comunidad autónoma.

"Sabemos que es uno de los agujeros de nuestro sistema fiscal y quién lo produce: las personas que tienen suficientes recursos para hacer triquiñuelas jurídicas", asevera Salellas, que defiende explorar "todas las limitadas posibilidades" que ofrece el sistema de régimen común al que pertenece Catalunya para mejorar la progresividad fiscal mientras no logre una eventual independencia.

El diputado de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), Joan Coscubiela, explica que su grupo votará a favor del impuesto, aunque se muestra escéptico sobre su capacidad de recaudación y que, dadas sus especificidades técnicas, pueda entrar en vigor en la fecha prevista, el próximo 1 de junio. Asimismo, tilda el gravamen de "propuesta placebo" para enmascarar la negativa del Govern a la reforma fiscal que le reclamaban el PSC, CSQP y la CUP para que los ricos pagasen más impuestos.

Para Miguel Ángel Mayo, coordinador del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) en Catalunya, el impuesto es "valiente" para intentar hacer aflorar los bienes de lujo personales "disimulados" como activos empresariales. Asimismo, considera que el gravamen permitirá a la Agència Tributària Catalana (ATC) obtener datos valiosos para "tirar del hilo" del fraude fiscal.

Con todo, el impuesto también se enfrenta a retos en su implantación. Por ejemplo, que los potenciales declarantes presenten batalla legal para escabullirse del pago del impuesto alegando que su bien sí es productivo. La diputada Castellví asegura que el impuesto se ha diseñado "para que no haya vías técnicas para tumbarlo", ya sea en los juzgados de lo contencioso administrativo o con un recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional (TC).

Por otro lado, el gravamen podría contribuir a acelerar la fuga simulada del patrimonio de contribuyentes catalanes. Y es que la Generalitat ha detectado dos principales vías de escape del impuesto de Patrimonio en Catalunya (donde se recauda el 47% del total que ingresan las comunidades de régimen común). En primer lugar, la transferencia del patrimonio personal a sociedades, hecho que se quiere combatir con este impuesto. Pero también la bonificación del 100% del impuesto que aplica la Comunidad de Madrid, a la que la Generalitat ha acusado en numerosas ocasiones de "competencia fiscal desleal".

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