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El Parlament debatirá crear un observatorio independiente de control de los Mossos d'Esquadra

Las entidades de derechos humanos piden que el organismo tenga capacidad de sanción y un papel relevante para revisar los protocolos policiales

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Los Mossos custodian el Banc tras las cargas

Antidisturbios de los Mossos d'Esquadra frente al Banc Expropiat de Gràcia ROBERT BONET / Archivo

Los casos de abuso policial sobre  Ester Quintana o Juan Andrés Benítez han devuelto al debate público una vieja reivindicación de las entidades sociales catalanas: una institución independiente para controlar y garantizar que los Mossos d'Esquadra y los demás cuerpos policiales con presencia en Catalunya no violen los derechos humanos. El Parlament, a iniciativa de la CUP–Crida Constituent, debatirá en el pleno de la semana que viene la creación en un plazo de cinco años de un observatorio de la policía "que asuma las funciones de control, denuncia y transparencia en relación a las vulneraciones de Derechos Humanos".

La propuesta de la CUP para Catalunya se inspira en los observatorios independientes sobre los cuerpos de seguridad que funcionan en Inglaterra e Irlanda de Norte. Lucia Morale, del centro Irídia para la defensa de los Derechos Humanos, explica que, en el caso inglés, se trata de una comisión independiente de la policía y del gobierno. En  Irlanda del Norte, el Police Ombudsman también realiza investigaciones similares a las que practica la policía judicial y forense, y tiene capacidad de imponer sanciones, además de recibir informaciones y denuncias y practicar investigaciones.

"Las instituciones públicas tienen la obligación de generar los mecanismos de control para impedir e investigar de forma independiente las vulneraciones de Derechos Humanos por parte de los cuerpos policiales", valora la diputada de la CUP, Mireia Vehí. De aprobarse la iniciativa de la CUP, el observatorio dependería del Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (vinculado al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán). Este organismo publica cada año un exhaustivo informe sobre las tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aunque a lo máximo que puede llegar es a hacer recomendaciones a la administración.

Por su lado, el director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universitat de Barcelona, Iñaki Rivera, ve "muy positiva" la iniciativa. Además, Rivera valora que el Parlament tendría que trabajar de forma más cercana con las organizaciones sociales que, como el OSPDH, trabajan "con pocos recursos y muchos impedimentos" en este área. Desde Irídia, Morale también ve con buenos ojos la creación de este organismo, aunque pide que el observatorio, si se acaba aprobando, tenga competencias para ser "verdaderamente efectivo".

En este sentido, Morale hace hincapié en que el observatorio tendría que ser el organismo –además de una hipotética vía penal en los juzgados– destinatario de las quejas ciudadanas en situaciones de abuso y mal uso de las potestades policiales. Pero además, señala Morale, el ente no sólo tendría que poder establecer sanciones, sino también trabajar en el ámbito deontológico de los cuerpos policiales, con un papel relevante para revisar los protocolos o dar formación específica.

Preguntado por si apoya la creación del observatorio, Òscar Marín, del Sindicat de Mossos d'Esquadra–Trisindical, se muestra favorable "a la transparencia", aunque lamenta que la moción de la CUP "parece que quiere poner más vigilancia a los Mossos porque no hacen bien su trabajo". Asimismo, Marín señala que para que la policía sea más eficaz tendría que contar con más agentes y una mayor dotación económica y material.

Por otro lado, Iñaki Rivera añade que el Parlament "tiene que ser fuerte en el campo de los Derechos Humanos, no sólo en el ámbito policial sino en todas las áreas de privación de libertad", como por ejemplo las prisiones, los centros de menores o los CIE. Por su lado, Morale recuerda que el Parlament ha creado un grupo de trabajo específico sobre el aislamiento penitenciario a partir de casos de internos como Raquel, que, tal y como explicó este diario, se acabó suicidando tras pasar casi 9 meses incomunicada.

Con todo, fuentes cercanas a Interior apuntan a que el observatorio
todavía no tiene garantizado el aval parlamentario, que dependerá de las negociaciones entre los grupos de esta semana y la que viene. Lo achacan a la presión que algunos sindicatos policiales ejercen sobre la conselleria. La mismas fuentes recuerdan que pese a la oposición de las entidades pro Derechos Humanos, el Parlament, con los votos de JxSí, PP y C's, avaló el uso de las pistolas eléctricas o Taser por parte de la policía catalana el pasado mes de julio.

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