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El tercer sector pone el foco en la lucha contra la exclusión a la vista de las elecciones municipales

La Mesa de Entidades del Tercer Sector presenta 60 propuestas a los partidos con el documento Más esfuerzos contra la pobreza y la desigualdad

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Una persona sin hogar tumbada en la calle

La Mesa de Entidades del Tercer Sector ha elaborado el documento "Más esfuerzos contra la pobreza y la desigualdad", donde reúne en 60 propuestas sus reclamaciones a los partidos y candidaturas que se presentan a las próximas elecciones municipales, el 24 de mayo. "La lucha contra la pobreza y contra cualquier tipo de exclusión pasan principalmente por esta alianza entre las políticas y la actuación municipales, y el Tercer Sector y la ciudadanía. Y en los próximos cuatro años este será uno de los retos esenciales de la sociedad catalana", escribe la presidenta de la Mesa, Àngels Guiteras, en la presentación de este documento. La Mesa agrupa 33 federaciones y grandes organizaciones del Tercer Sector Social de Cataluña, que representan cerca de 4.000 entidades sociales no lucrativas.

Las 60 propuestas de la Mesa de Entidades del Tercer Sector están repartidas en ocho apartados, el primero de los cuales está dedicado a la 'Lucha contra la pobreza y la exclusión'. La Mesa considera que, a pesar de los progresos en algunas magnitudes macroeconómicas, "la situación no mejora para los colectivos más vulnerables" y, por ello, "la lucha contra las desigualdades debe ser una prioridad para los gobiernos locales". Pide que se cree un Fondo Local contra la exclusión social y la pobreza, que disponga, como mínimo, de un 5% del presupuesto municipal, que se dé prioridad a las actuaciones en los barrios con más necesidades, que se implante un sistema estable de ayudas o renta municipal para familias con niños bajo el umbral de la pobreza, que se asegure que las becas comedor sean suficientes en cuantía y cobertura, que se revisen los impuestos y las tasas municipales que incorporen deducciones y exenciones para las personas y familias en situación más vulnerable y que se facilite el empadronamiento y el acceso a la asistencia sanitaria de todas las personas recién llegadas.

El documento de la Mesa considera que el sistema público de servicios sociales 'se basa en un modelo caduco que, además, está a menudo desbordado por el incremento y transformación de las necesidades de los ciudadanos y la falta de recursos suficientes'. Por ello, pide cambios legislativos para ampliar las competencias municipales en materia de servicios sociales y los recursos que se destinan a ellos, la creación de un nuevo modelo de atención que se adapte mejor a las características y necesidades de las personas y fomente su participación y autonomía personal, la coordinación entre administraciones, que se garantice el derecho a vivir y envejecer dignamente en casa, y a vivir autónomamente priorizando el desarrollo de la figura del asistente personal o la superación del modelo familiar de atención a la dependencia.

Reclama que se dé prioridad a evitar más pérdidas de vivienda, facilitar viviendas de alquiler asequible y actuar contra la pobreza energética'. En este capítulo se incluye la exigencia de que se eviten especialmente los desahucios de familias con hijos a cargo y que una familia sufra un segundo desahucio, que se garantice el realojamiento temporal inmediato de las personas y familias que acaben siendo desahuciadas minimizando el impacto en los niños, que se amplíe el parque municipal de viviendas de alquiler asequible, se regularice la situación de las personas que están en pisos ocupados por insuficiencia de ingresos y que se promueva la vivienda asistida para personas mayores y colectivos con necesidades especiales.

El marco legal no otorga ningún papel relevante a los gobiernos locales en el fomento del empleo pero, aún así, han ido asumiendo funciones en las políticas activas de creación de puestos de trabajo, sobre todo dirigidas a colectivos con dificultades de inserción laboral. La Mesa cree que se debe insistir en estas políticas, sobre todo en beneficio de los jóvenes, adultos con hijos a cargo, personas con discapacidad y/o trastorno mental, mayores de 50 años y parados de muy larga duración.

En cuanto a la accesibilidad, reclama que se le dedique un Plan integral y que, entre otras medidas, se impulse un programa que la fomente en el pequeño comercio, que se incremente el control y, en su caso, las sanciones por el uso inadecuado de las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con movilidad reducida y que se amplíe el transporte especial puerta a puerta.

Las cuatro propuestas incluidas en el capítulo de ‘Educación con calidad y equidad' reclaman que se refuercen y diversifiquen los servicios municipales para los niños de 0 a 3 años, especialmente en los barrios con más necesidades sociales, que se dispongan proyectos educativos de segunda oportunidad para los adolescentes que hayan abandonado el sistema educativo, que se evite la segregación escolar y los guetos y que se asegure el acceso de los niños y niñas a un mínimo de actividades de ocio educativo.

En los dos últimos apartados de este documento, la Mesa propone que los ayuntamientos contribuyan a construir una democracia de más calidad, que garantice el respeto de los derechos humanos y que se mejore la colaboración entre gobiernos locales y entidades sociales.

La Mesa ha ido presentando sus reivindicaciones a los diferentes partidos y estos las han acogido de forma favorable. Como en otras cuestiones, habrá que ver si las buenas palabras a la hora de asumir las propuestas se convierten en realidades tras el acceso de algunos de estos partidos y opciones electorales al gobierno de los municipios. Según Àngels Guiteras, "está en juego nuestro futuro colectivo".

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