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Ajusticiamientos constitucionales: Salvador Puig Antich y Georg Welzel

La publicación del libro de Gutmaro Gómez Bravo titulado Puig Antich. La transición inacabada vuelve a insistir en uno de los restos del franquismo que todavía pervive en nuestro sistema jurídico: la falta de voluntad del poder judicial español para anular las sentencias franquistas dictadas en clara vulneración de derechos fundamentales.

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Cartel de la presentación de 'Puig Antich: la transición inacabada", de Gutmaro Gómez Bravo

Cartel de la presentación de 'Puig Antich: la transición inacabada".

Una modalidad de ejecución extrajudicial es la arbitraria, parajudicial o aparentemente legal. La mañana del 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich, militante anarquista, fue ejecutado conforme, en apariencia, a la legalidad militar del franquismo, pero ni siquiera tal ordenamiento se respetó. El proceso no se atuvo a derecho alguno. Ahora llega el libro que lo comprueba plenamente. Muestra también que el tiempo constitucional ha sido incapaz de remedio ni reparación, hasta tal punto no se ha habilitado hasta hoy justicia para las iniquidades del franquismo.

El autor es Gutmaro Gómez Bravo, especialista en la barbarie penitenciaria del primer franquismo y en la violencia del franquismo todo; el título, Puig Antich. La transición inacabada. Extrañamente, se elige para presentadores en sede madrileña a personas que no sintonizan con el espíritu ni con la letra del libro. Se trata de Ángel Juanes Peces, magistrado, vicepresidente del Tribunal Supremo, y Juan Luis Cebrián, periodista, presidente ejecutivo de un grupo mediático cuyo diario de bandera comienza por titular la noticia reduciendo el alcance del libro: en lugar de La transición inacabada, algo que importa a la ciudadanía, Historia inacabada de Puig Antich, cosa para familia, amistades, especialistas, lectores ociosos y mayores que recuerden.

El libro no sólo se ocupa de la iniquidad parajudicial en tiempos de dictadura, sino también del atropello judicial en los de Constitución. Exhuma documentación que pone de relieve cómo, en fecha tan avanzada del régimen franquista, la policía política y la jurisdicción militar realizan un alarde de fuerza con una ejecución gratuita tras falsear autopsia, ocultar pruebas, denegar testimonios, aligerar actuaciones, burlar garantías y ningunear defensa. Hace ver cómo, bien avanzado a su vez el sistema constitucional, a mediados de la pasada década, ante un recurso de revisión interpuesto por la familia Puig Antich, la presencia militar enquistada en el orden judicial contribuye decisivamente al bloqueo del acceso a la justicia para la reparación de crímenes franquistas, judiciales, parajuridiciales o extrajudiciales que fueran.

La admisión del recurso de revisión de sentencias militares corresponde a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que componen tres magistrados de origen castrense y dos de procedencia civil. La mayoría entiende que el asunto debe resolverse conforme al derecho vigente en su momento, el de la dictadura, con el añadido de que, pese a todas las evidencias presentadas, el proceso se declara ajustado a sus previsiones. Así se mantienen a raya los derechos y las garantías constitucionales. El auto de inadmisión del recurso, que sólo obtuvo los votos militares, se engendró con todo el descaro de la impunidad. Fue un insulto a la inteligencia además de una ofensa al derecho. Es el segundo ajusticiamiento de Salvador. ¿Quién dijo que la pena de muerte no tiene cabida bajo nuestra Constitución? La logra el asesinato aparentemente legal.

Los dos magistrados civiles disienten. Uno de ellos es Ángel Juanes Peces, el presentador del libro y actual vicepresidente del Tribunal Supremo. Su voto fue minimalista. Elude el asunto del derecho aplicable que la mayoría retuerce, pero subraya la necesidad de revisión para garantizarse “el juicio justo” que en su momento faltó. Tratándose del trámite de admisión del recurso y no de este mismo, Juanes argüía que no tocaba adentrarse en profundidades. Así soslayó la cuestión de derechos y garantías. No confrontó el mantenimiento del orden franquista por los magistrados militares. Por su parte, el Tribunal Constitucional, no admitiendo a trámite recursos de amparo al respecto, sostiene este franquismo póstumo.

Lo que llama ahora la atención es que, al doblarse en presentador de un libro con tamañas evidencias, el vicepresidente del Tribunal Supremo da esa historia y todas las historias semejantes por acabadas: ni transición inacabada ni historia inacabada, sino resignación ante los simulacros judiciales consumados, el franquista y el constitucional. Considera que la revisión de las iniquidades de la dictadura por la justicia es hoy “prácticamente imposible”. Más llamativo resulta que no muestre conocimiento de que las instancias internacionales de derechos humanos estén requiriendo dicha revisión y sugiriendo vías para efectuarla con vistas, ya más que a la justicia de pasado, a la reparación de presente. Y algo más llamativo aún: el libro presentado se refiere a dichas manifestaciones internacionales en la medida que precisamente interesa a casos como el de Puig Antich. Sobre el momento actual de los derechos humanos, el historiador resulta estar más al tanto que el magistrado.

Puig Antich no fue ejecutado solo. A un tal Heinz Chez o Ches se le sometió al mismo enjuiciamiento sin garantías y al mismísimo tratamiento de muerte. A ambos se le aplicó el garrote vil el mismo día. El intento vano de encubrir la motivación política de la ejecución de Salvador buscó una víctima propiciatoria. Se le creía apátrida de origen polaco sin familia. Nadie iba a movilizarse por él. Tiempo después, el periodista Raúl Riebenbauer averiguó que el tal Heinz Chez era Georg Michael Welzel, un alemán que huyó de una dictadura, de la República Democrática Alemana, para caer y perecer en las manos de otra. La interpol identificó en su momento a Welzel, pero la expeditiva policía franquista y la sedicente justicia militar mantuvieron la información en secreto.

Riebenbauer le dedicó un libro en 2005: El silencio de Georg. La verdadera historia de Heinz Ches, ejecutado el mismo día que Salvador Puig Antich, mejorando el subtítulo en 2013: La investigación periodística de un crimen de Estado. Dio con su familia y la puso en contacto con la de Salvador. Pudieron compartir la expectativa enseguida defraudada de que se hiciera justicia. El caso había inspirado en 1977 la sátira de Els Joglars La Torna (en catalán, comino, colmo o propina inversa, esto es, la muerte del presunto apátrida), que le valió procesamiento por la jurisdicción militar. La muerte de nadie, Heinz Chez, es documental de Joan Dolç en 2004; Salvador, película de Manuel Huerga en 2006. Welzel fue ejecutado con 29 años; Puig Antich, con 25.

El segundo presentador de lujo de Puig Antich. La transición inacabada, Juan Luis Cebrián, entonó un canto a la transición que nada congenia con el libro o ni siquiera con su subtítulo visible en portada. Hizo además referencia a Heinz Chez sin denotar conocimiento de quién fuera. ¿Más cosas que llaman la atención? Un maestro de periodistas, paradigmático de la transición sin duda, muestra un desconocimiento que acusa indiferencia e irreflexión hacia la herencia del franquismo. No es actitud diferente a la del magistrado. Cabe agregar que, si Cebrián hubiera leído el libro, tampoco conocería la identidad del segundo ejecutado. Gutmaro Gómez la ignora igualmente.

La transición inacabada hubiera ganado de haberse ocupado de dos vidas, si no paralelas, confluyentes, las de Salvador Puig Antich y Georg Welzel, cuyo juicio también convendría investigar. Las víctimas del franquismo no sólo son las políticas, sino también otras muchas que no merecen menor consideración ni inferior reparación. Ante instancias tanto españolas como internacionales la familia Welzel no ha de tener menos derechos que la familia Puig Antich porque Salvador y no Georg fuera militante antifranquista. La historiografía sobre la dictadura franquista habría de ampliar perspectivas para poder procederse al necesario balance de sus daños personales y sociales, políticos y culturales.

Se fortalecería con ello la causa pendiente del juicio del franquismo a efectos de reparación mediante, por ejemplo, comisión de esclarecimiento con capacidad de reconocimiento de derechos. Aunque la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para lavarse las manos, sostenga lo contrario, la misma jurisdicción penal, si estamos ante responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad, ha de reparar sin plazos de prescripción y con independencia de que pueda al tiempo ejercerse la función punitiva. A efectos reparativos es indiferente que estén muertos Francisco Franco y tantos otros. Responsables viven en todo caso. Rodolfo Martín Villa sustituyó al gobernador civil de Barcelona que había expresado dudas sobre el juicio de Puig Antich. Y no es el único.

No me he referido a los crímenes por los que se condenó a Salvador Puig Antich y a Georg Welzel porque no creo que éste sea el extremo primordial. En circunstancias mal aclaradas en ambos casos, hubo resultado de muerte. Aquellos muertos, agentes armados franquistas, tampoco tuvieron justicia, sino venganza. La cuestión principal la dejó apuntada el voto de Ángel Juanes: la carencia de “juicio justo” y el imperativo consiguiente de que haya justicia. Dígase de Salvador Puig Antich y de tantísima gente.

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