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Una "amnistía fiscal" valenciana de 322 millones de euros

Los interventores de la Generalitat piden "responsabilidades" tras detectar que la administración autonómica no ha cobrado 37.000 liquidaciones de impuestos entre 2012 y 2014

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El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El último conseller de Hacienda del PP, Juan Carlos Moragues, con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El presidente de la Generalitat ha alarmado este jueves a los diputados de las Corts Valencianes en medio de un debate parlamentario: "En la Comunidad Valenciana también ha habido [bajo gobierno del PP] una amnistía fiscal". Ximo Puig hacía referencia a la incapacidad de la administración de cobrar 322 millones de euros de 37.000 liquidaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISDI) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), cuya recaudación es competencia de la administración autonómica.  

Según un informe de la Intervención de la Generalitat, la gestión de estos impuestos ha sido francamente mejorable, al menos entre 2012 y 2014, el periodo analizado. Básicamente, por la lentitud en agilizar el cobro. Tras la preceptiva autoliquidación de la tasa, "el inicio del procedimiento de comprobación es de 3 años, 5 meses y 15 días, sin que se justifique el motivo de tal dilación ni la realización de ningún tipo de control al respecto por parte de la Dirección General de Tributos".

Los interventores, según la información facilitada por la Generalitat, sugieren incluso la "exigencia de las oportunas responsabilidades a los responsables de la prescripción de derechos". El impuesto de sucesiones (ISDI) y el de compraventa de viviendas de segunda mano (ITP-AJD) son incobrables tras cuatro años sin actuación de la administración. En el caso valenciano, hay 7.000 liquidaciones (de 37.000) prescritas por valor de 51 millones de euros.

Las otras 30.000, siempre según la Generalitat, no se cobraron por diversas causas, sobre todo, la falta de reacción de la administración ante los fallos judiciales que anulaban liquidaciones por la improcedencia del sistema de comprobación de valores de los inmuebles (la referencia para cobrar el impuesto) que aprobó el último Consell del PP. El fisco valenciano dejó de ingresar 270 millones en esta partida.

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