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Tres mil organizaciones y un Gobierno

Seis años de trabajo han logrado unir a más de 3.200 organizaciones de acción social, paz, derechos humanos, cooperación, sindicatos, colegios profesionales, universidades y más, para proponer y exigir al Gobierno catalán acciones políticas y medidas eficaces contra la pobreza y la desigualdad. Un ejemplo de coordinación social que comienza a dar frutos

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Acto de la Plataforma Pobreza Cero- Justicia Social

Acto de la Plataforma Pobreza Cero- Justicia Social Fotografía Acto de la Plataforma Pobreza Cero- Justicia Social

La plataforma  Pobreza Zero Justícia Global-PZJG tuvo su más reciente momento de gran visibilidad el lunes 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un año antes, en esa misma fecha, la plataforma había presentado en el Parlament de Catalunya el documento "12 frentes en la lucha contra las desigualdades", que analizaba aspectos cruciales para la sociedad catalana y planteaba 41 medidas concretas para mejorarlos.

Fruto del trabajo de incidencia con los diferentes partidos, el primer pleno del Parlament catalán fue sobre la emergencia social. Así se aprobó una resolución que recogía explícitamente la necesidad de una respuesta institucional y comprometía 275 medidas para atenderla. Y establecía una Comisión de seguimiento a la cual se invitó a los representantes de las entidades.

Durante este año, la Plataforma se ha concentrado en evaluar el grado de cumplimiento de las medidas propuestas y acordadas, abriendo la reflexión para hacer balance de manera colectiva. Se convocó a representantes de la administración, expertos del ámbito académico y representantes de organizaciones sociales y, conjuntamente, se constató que los avances en la lucha contra la pobreza y las desigualdades eran muy escasos e insuficientes.

A pesar del interés y la preocupación mostrados, las instituciones y los partidos no están reaccionando con la urgencia que la situación requiere, que se agrava y cronifica. Seguimos verificando una gran precariedad e inseguridad laboral, trabajadores que viven en situación de pobreza, familias sin ningún ingreso,  parados de larga duración, dificultades para acceder a los servicios socio-sanitarios  y un sistema fiscal que en lugar de ser un instrumento de redistribución de la riqueza continúa favoreciendo a los que más tienen.

Si es una emergencia social hace falta reaccionar con urgencia, al tiempo que es necesario también ir más allá y definir políticas verdaderamente transformadoras. La primera reclamación de este año al Gobierno catalán es que cumpla con más celeridad y contundencia con su propia agenda, y con los acuerdos aprobados en el Pleno en marzo. Es necesario resolver con urgencia algunas cuestiones y políticas vitales referidas a la fiscalidad, las migraciones y los derechos sociales básicos (educación, sanidad, vivienda, prestaciones y trabajo). 

Las entidades piden una mayor inversión social que incremente los ingresos públicos; una fiscalidad verdaderamente justa que aumente la progresividad del tramo autonómico del impuesto sobre la renta; la reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para equipararla al nivel del 2010, y la aprobación de una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC); el aumento de la inversión en educación a un 6% del PIB en 2017, tal y como prevé la LEC (Ley de Educación de Catalunya); el establecimiento de un salario mínimo en Catalunya de 1.000 euros al mes; la regulación del precio de la vivienda, la garantía del empadronamiento y el derecho a voto de todas las personas residentes en Catalunya, sin discriminación de origen.

Aunque la coyuntura política y económica no ayuda, no parecen tampoco darse muestras claras ni regulares de que la lucha contra la pobreza y las desigualdades sea el tema más importante en la agenda de los partidos.

El manifiesto 2016 de la Plataforma, con sus viejas y nuevas demandas, se ha presentado ya a la Presidenta del Parlament de Catalunya y a los representantes políticos de manera protocolaria, y esta misma semana se exponen a puerta cerrada en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pleno sobre la emergencia social.

Aunque el Gobierno asegura que la mayoría de las medidas aprobadas están 'en curso', es vital que se den explicaciones más detalladas sobre qué significa 'estar en curso' o por qué aún se encuentran en esa situación algunas medidas que deberían implantarse de forma urgente.

Las organizaciones que formamos la Plataforma PZJG nos reafirmamos en la necesidad de un cambio de modelo económico y social orientado hacia la justicia global. Por eso reclamamos rapidez y responsabilidad a los representantes políticos e institucionales. N uestro deseo es poder borrar del calendario, los problemas que tenemos que sacar a la luz el día internacional para la erradicación de la pobreza, el 17 de octubre.

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