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El Estado solo tiene garantizado cobrar 920 millones por la venta de Catalunya Banc

El presidente del BBVA, Francisco González, durante la Junta General de Accionistas de la entidad celebrada en marzo.

Pilar Blázquez / Pilar Blázquez

Madrid —

El BBVA ha puesto sobre la mesa 1.187 millones de euros para hacerse con Catalunya Banc, pero que desembolse la totalidad de esa cantidad está pendiente de una resolución de la Dirección General de Tributos. La garantía que se ha asegurado el banco presidido por Francisco González está relacionada con un paquete de 400 millones de euros de créditos fiscales asociados a los activos que Catalunya Caixa cedió a la Sareb. Son unos descuentos fiscales, conocidos en el sector como DTAS, que BBVA podría aplicarse para no pagar impuestos sobre beneficios futuros.

Este paquete está valorado en 267 millones de euros, dentro del precio ofrecido por BBVA para la operación. En caso de que la Dirección General de Tributos falle en contra del banco, sería el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), propietario del 66% de la caja catalana, quien tendría que resarcirle por esa cantidad.

Es decir, el Estado no ingresaría los 1.187 millones que espera obtener por la venta de la caja catalana sino solo 920 millones.

Pero no es esta la única cifra que baila en las cuentas de la venta de la caja con las finanzas más deterioradas del panorama financiero español. Tampoco quedan claras las pérdidas finales de la operación.

El Frob ha ofrecido una serie de garantías a BBVA que cubren pérdidas en caso de las cosas no salgan tan bien como han previsto ambos en este acuerdo. Se trata de cubrir posibles demanda judiciales de preferentistas, problemas con las cláusulas suelo y 'swaps' y la posible ruptura de un acuerdo en bancaseguros con Mapfre (valorado en unos 140 millones).

El Frob insiste en hacer los cálculos de estas garantías en base a lo que denominan “valor razonable” de los activos, lo que implicaría una pérdida de 185 millones de euros. Aunque también reconocen que el peor de los casos, el deterioro total de los activos de Catalunya Banc podría llegar a 535 millones de euros.

Esto significa que, en el peor de los escenarios, con una decisión en contra de BBVA por parte de Tributos y la necesidad de cumplir con todas las garantías, el Frob apenas recibiría 386,7 millones por el 66% de capital que posee en Catalunya Caixa.

Una operación ruinosa

Pero no hace falta ponerse en el caso más extremo para afirmar que la de Caixa Catalunya es una operación ruinosa para el Estado. Aunque nadie es capaz de dar una cifra exacta de hasta dónde van a llegar las pérdidas para las arcas públicas, el consenso se acerca mucho a los 12.000 millones de euros. “La cifra es alarmantemente parecida al recorte que se ha hecho en políticas de sanidad y educación”, comenta el profesor de Finanzas de Esade Robert Tornabell.

En su opinión, incluso aunque BBVA acabe pagando los 1.187 millones de euros anunciados, “la compra es un chollo para el banco y una ruina para las arcas públicas”. Pero tampoco cree que en este punto se podría haber hecho otra cosa. Entre las condiciones que Bruselas impuso en el rescate a la banca española estaba la de vender las entidades condenadas a desaparecer, como era el caso de Catalunya Caixa, antes de 2016. Según han reconocido fuentes del Frob, a medida que se acerca esa fecha es más difícil vender la entidad.

“Sólo si Luis de Guindos hubiera aceptado los 100.000 millones de ayudas que ofreció Bruselas, en lugar de 40.000 se hubiera recortado algo la factura final”, asegura Tornabell. De esa manera, “hubiéramos pagado menos intereses por el dinero que se ha invertido en rescatar al sistema financiero, que ha sido mucho más de esos 40.000 millones”.

Con la cortesía de los fondos buitre

Lo cierto es que vender Catalunya Caixa solo ha sido posible al tercer intento y con la inestimable y cara ayuda de los fondos buitre.

Si Blackstone no hubiera comprado la semana pasada el paquete de hipotecas tóxicas de la entidad, ni BBVA ni ningún otro banco habrían accedido a hacerse con la propiedad de la banca catalana. Para ello, el Estado tuvo que hacer un descuento del 44% y poner sobre la mesa un paquete de ayudas de 100 millones de euros.

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