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Cantabria abandera la lucha contra las trampas en el precio de la leche

Los ganaderos llevan años reivindicando que se persiga la venta a pérdida de la leche.

Cristina G. Bolinches

Madrid —

Sin lactosa, con omega 3, ecológica, con vitaminas, de soja, de almendras, enriquecida con calcio, con fibra, con cereales… Elegir una marca de leche puede llegar a convertirse en una tarea compleja. Pero, entre tanta oferta, se esconde el factor más determinante a la hora de decidir la compra: el precio. Y en el precio estalla uno de los conflictos que, desde hace años, enfrenta a productores y distribuidores: el cartón básico, el más tradicional, se vende en ocasiones a un precio tan bajo que difícilmente puede ser rentable.

Se trata de la denominada venta a pérdida. Es decir, el precio de comercialización al público por parte de la distribuidora es inferior al que ésta abona a los productores de leche, una práctica irregular que los ganaderos llevan denunciando desde hace años. Así, las grandes cadenas de supermercados hacen de la leche el principal reclamo comercial para que una familia haga la compra en un determinado establecimiento, o mejor aún, un pedido a domicilio (en el que se suele regalar la consabida caja de leche).

Pero el Gobierno de Cantabria ha roto el fuego y se ha desmarcado sancionando esta operativa, lo que puede ser un primer paso para que el resto de las comunidades autónomas se decidan a frenar esta espiral de tumbar precios.

Multas sin nombres ni apellidos

La Dirección General de Consumo de esta comunidad anunció a principios de octubre que iba a sancionar a cinco grandes superficies por vender leche a pérdida. En 2012, año en que puso en marcha la inspección de 29 establecimientos, ya cursó tres sanciones, a las que se han sumado otras dos en 2013. Cada multa podría ascender hasta los 15.000 euros. En el comunicado que hizo público entonces la Dirección de Consumo de Cantabria recordaba que su deber es el de garantizar la “libre y leal” competencia entre todas las empresas distribuidores y velar por los intereses de los ganaderos.

Sin embargo, poco después de anunciarse la sanción, la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, afirmó que “no es tan sencillo” sancionar por vender a pérdida. “No es que alguien vea una leche excesivamente barata y que decida que ese es el precio por debajo de lo que se debería vender; eso hay que probarlo documentalmente. [...] requiere abrir un expediente administrativo y al centro comercial, aportar las facturas y albaranes de dónde procede y hacer las comparaciones oportunas”, señaló la consejera. Entonces tampoco detalló el importe de cada sanción porque, argumentó, “cada expediente es un mundo”.

Fuentes de la Consejería aseguran a eldiario.es que “se trata de un proceso muy complicado” y que “las sanciones no serán firmes hasta que un tribunal las ratifique”. Por ello, señalan, no se va a decir cuáles son las empresas afectadas porque éstas pueden recurrir la decisión de la Dirección General de Consumo“ y, por ello, ”hacer público su nombre antes de tiempo podría generar dudas en los consumidores“.

Así, a día de hoy, no se sabe la identidad de las grandes superficies multadas ni la cuantía impuesta. Tampoco se conoce qué valoración hacen de este procedimiento sancionador la patronal de los fabricantes lácteos, las grandes superficies o el Ministerio de Agricultura, que no han respondido a la solicitud de información realizada por eldiario.es.

Quienes sí valoran la medida o, al menos, lo que ha trascendido de ella, son los ganaderos. Explican que la leche puede venderse por debajo de coste por el factor “arrastre”. Al ser un producto de primera necesidad, atrae a consumidores vía precio, y es muy difícil que éstos no lleguen a la caja de pago con algún que otro producto más en su cesta de la compra.

Los ganaderos están satisfechos con la decisión de la Dirección General de Consumo de Cantabria, pero no ocultan su inquietud ante la posibilidad de que se quede en nada. “Sabemos muy poco porque no se nos ha explicado nada”, asegura Gaspar Anabitarte, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Cantabria. “Solo sabemos que están afectadas algunas de las principales marcas, las más conocidas por los consumidores”.

En cuanto al motivo de que sea Cantabria, y no otras comunidades autónomas, la que haya llevado a cabo este procedimiento, el secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Román Santalla, señala que es por la “presión” que “realizan los ganaderos”. “El Gobierno nos tiene que ver todos los días; sin embargo, en otras comunidades no se está haciendo nada. También nos ha escuchado el Gobierno de Galicia, pero ahí no se ha investigado”.

Precio mínimo

Para Santalla, el precio mínimo al que se debería vender el litro de leche para que todos los eslabones de la cadena (ganaderos, fabricantes y distribuidores) fueran rentables es de entre 0,75 y 0,80 euros. Un precio que está muy lejos del que actualmente ofertan en el mercado las marcas propias de las principales cadenas de distribución, donde cada litro de leche entera de ‘marca blanca’ llega a costar entre 0,53 y 0,60 euros. “No es normal que un litro de leche sea más barato que un litro de agua”, recalca el responsable de UPA.

Al menos en los últimos años, los productores sí han logrado recuperar cierto margen en sus cuentas. “Es cierto, nos están pagando más por cada litro de leche que vendemos, por eso es aún más evidente que, si nosotros cobramos a 40 y ellos venden a 50, ¿dónde está el negocio?”, se pregunta Anabitarte.

Los representantes de ambas organizaciones ganaderas aseguran que la “única solución” pasaría por una investigación por parte de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, medida que reclaman desde hace años. La antigua Comisión Nacional de Competencia ya incoó hace un año y medio un expediente sancionador a algunas de las principales compañías lácteas (Lactalis, Danone, Pascual, Capsa-Central Lechera Asturiana o Nestlé) por realizar prácticas anticompetitivas como intercambiar información y fijar precios. “A día de hoy, no hemos conseguido que nuestras denuncias se investiguen; por lo menos que nos escuchen, que lo que denunciamos lo hacemos con un motivo”, concluye el secretario de Ganadería de UPA.

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