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GALICIA

La Xunta no comprobó si un ente ligado a la trama Zeta realizó cursos subvencionados con 200.000 euros

El Consello de Contas certifica el descontrol en el desarrollo y justificación de las acciones formativas para el empleo tanto en las empresas y entidades de la presunta trama corrupta como en otras organizaciones empresariales y sindicales.

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Palmou entrega los informes a la presidenta del Parlamento

Palmou entrega los informes a la presidenta del Parlamento

Más madera para el fuego del escándalo de la trama Zeta. La combinación de la agenda parlamentaria y del hecho de que, hace casi dos años, se incluyera en el plan de trabajo del Consello de Contas [Consejo de Cuentas] el análisis de los programas de formación para el empleo sufragados por la Xunta en el año 2010, provocó este lunes que el ente fiscalizador sacara a la luz nuevas dudas sobre los cursos de formación que subsidia la Consellería de Traballo en general y, en particular, sobre los otorgados a entidades de la red presuntamente corrupta dirigida por el empresario coruñés Gerardo Crespo. El organismo fiscalizador entregó en el Parlamento un informe en el que, como la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía, certifica supuestas irregularidades y un manto de opacidad en torno a estas acciones formativas amparado, en gran medida, por la falta de ontrol de la Administración, que llegó a no comprobar si una entidad ligada a la trama había realizado o no cursos subvencionados con más de 200.000 euros.

El organismo que dirige en funciones el ex conselleiro Xesús Palmou comienza su informe advirtiendo de que el análisis de estos cursos, impartidos por múltiples organizaciones sociales, sindicales, empresariales y por la propia Xunta, está "limitada por la ausencia de instrumentos de planificación con objetivos e indicadores válidos que permitan valorar su cumplimiento". Partiendo de la base de la imposibilidad de "realizar una valoración global de la actividad de formación" e incluso de la dificultad de "determinar con precisión el gasto" del Gobierno gallego en este ámbito, Contas destaca prácticas reiteradas en las diversas organizaciones, tanto en los cursos para personas desempleadas como en los destinados a ocupadas, caso por ejemplo de reiteradas subcontrataciones con entidades afines o el pago de gastos comunes de funcionamiento con dinero destinado a los cursos.

Así, en lo referido a las subcontrataciones, Contas señala que "de forma destacada, en torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la totalidad de sus contrataciones externas", unas subcontratas que, a su juicio, están fuera de la norma. De este modo, subraya que "en el entorno de Gecreri", una de las empresas de Crespo, "aparecen otras seis entidades: Fundefo, Gecan, Propuestas Empresariales, Mavilga, Ediciones Transfontao y Acada Innovación", muchas de ellas investigadas en el marco de la trama Zeta. Del mismo modo, por ejemplo Fundefo y Gecreri le compran el material didático a Propuestas Empresariales y, del mismo modo, Fundefo alquila locales de Gecreri. Al otro lado de la supuesta trama corrupta Contas también detecta este tipo de prácticas "en torno al grupo Academia Postal" y "en la Fundación Paideia", en lo referido a las subcontratas y en los sindicatos UGT y CIG, en los alquileres de locales.

Para el Consello de Contas la subcontratación "con centros de formación de la impartición de parte de los cursos" no sólo infringe la norma autonómica -la estatal es más laxa en este ámbito-, sino que también implica que entidades que no "imparten propiamente las acciones formativas" puedan "facturar y percibir gastos indirectos de gestión" que "encarecen el costo de las acciones formativas sin aportar valor añadido". A este factor se añade el hecho de que "en numerosos expedientes existen gastos que, por responder a los comunes de funcionamiento de las entidades o no tener ningún componente que pueda relacionarse con el desarrollo del proceso de formación o no corresponder al período de impartición de las acciones formativas, no deberían considerarse financiables".

Sin comprobaciones de la Consellería

Una de las críticas más recurrentes del Consello de Contas es la ausencia de comprobaciones por parte de la Consellería de Traballo sobre la correcta realización de los cursos. Así, en la mayoría de las ocasiones es suficiente con la memoria que presentan las entidades -las de la supuesta trama y las demás- para justificar diversos aspectos de la supuesta impartición. De este modo no constan, por ejemplo, partes de asistencia que tengan que ser firmados por el alumnado, una documentación que, "independientemente de que su ausencia no comporte incumplimiento normativo", "parece una exigencia mínima", dice el Consello.

En esta línea, el informe de Contas aporta ejemplos de cómo, por ejemplo, en un curso impartido por Gecreri en Viana do Bolo (Ourense) "no consta la realización de visitas de comprobación" por parte de la Xunta, lo mismo que sucedió en otro curso de la misma entidad en Arteixo (A Coruña). Mientras, en una acción formativa de Fundefo en A Cañiza (Pontevedra) el Consello de Contas detecta que "la contratación se realiza con empresa vinculada", Gecam Formación, que "tiene el mismo administrados que Gecreri", empresa que a su vez es "administradora de Acada Innovación", entidad cuyo domicilio "coincide con el de Gerardo Crespo".

Tampoco hubo control de la Xunta en las acciones formativas organizadas por otra de las entidades presuntamente integrada en la trama Zeta, la Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA), que en el caso analizado recibió fondos por importe de más de 200.000 euros. Para la realización de cursos como Intelixencia emocional, Photoshop o Coaching and mentoring, FEAGA contrató la "realización de la totalidad de las acciones formativas" con FEMXA formación, que facturó "el 100% del costo de cada acción formativa". La subcontratación "se realiza en términos tan amplios" que "es difícilmente justificable", "el número de alumnos que participan superan los autorizados" y, además, no existen "justificantes de gasto" que "permitan el control". En cualquiera caso, no hubo control de asistencia de alumnado ni "comprobación in situ" por parte de la Xunta "de la realización del curso".

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