Cuando los prejuicios solapan la denuncia de violencia machista
Los últimos días de febrero estuvieron marcados en Galicia por el asesinato de María Luisa Jiménez, la segunda víctima mortal de la violencia machista en territorio gallego en lo que va de año y la décima en el conjunto del Estado. A medida que pasaban las horas, los detalles en torno a la muerte de María Luisa tornaban el suceso aun más estremecedor. No obstante, poco después cuestiones relativas a su familia o a su etnia comenzaron en múltiples medios de comunicación a solapar el meollo de la cuestión, esto es, que había sido víctima de una agresión machista con resultado de muerte. Fue un desvío de atención alimentado por “prejuicios” en los que acaba de poner el foco el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG).
Como ya había ocurrido tras la muerte de la niña Asunta Basterra en Compostela, en esta ocasión es el CEESG el colectivo profesional que se ve obligado a recordar algunos de los puntos más destacados del código deontológico del periodismo “y la responsabilidad con la sociedad” de las trabajadoras y trabajadores de la información. El oficio de informar debe “evitar cualquier información o dato impreciso que pueda lesionar o menospreciar la dignidad de las personas”, “tratar con especial cuidado la información que pueda afectar a menores” y “actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones o contenidos que puedan suscitar discriminaciones”. En determinadas noticias sobre este presunto asesinato “ninguno de esos tres criterios se cumplió”.
Al obviar estos preceptos en casos como el de María Luisa Jiménez, “lo verdaderamente importante, es decir, que la violencia machista sigue cobrándose víctimas”, quedó en uno segundo plano. También que lo relevante es la agresión por razón de género y no la “comunidad, cultura o pueblo al que se pertenezca”. “El aprovechamiento del dolor de las victímas y de sus familias para obtener informaciones y datos que solo contribuyen al sensacionalismo perjudica gravemente a la comunidad de pertenencia, en este caso la gitana, y alimenta estereotipos y prejuicios que fomentan la discriminación contra la que desde este colectivo venimos trabajando desde hace mucho años”, subraya el CEESG.
“Lamentamos profundamente el tratamiento que desde algunos medios se ha hecho de este tema”, abunda el CEESG, que enumera solo algunos de los “motivos” que hicieron saltar las alarmas: “exposición de menores de edad, falta de respeto a la intimidad personal y familiar en momentos de dolor, especulación de sucesos bajo secreto de sumario y tratamiento incorrecto y sensacionalista de rasgos y códigos culturales”. La propia Constitución, recuerdan, establece que las personas son iguales ante la ley “sin que pueda prevalecer discriminación ninguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
En la línea de la Declaración de Compostela
Este llamamiento a la “responsabilidad social de los medios de comunicación” al informar y concienciar sobre la violencia machista se produce cuando están a punto de cumplirse diez años de la aprobación de la Declaración de Compostela, promovida por el Observatorio Gallego de los Medios del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia (CPXG, por sus siglas en gallego) en el otoño de 2004. Ya en aquella altura el Colegio advertía “defectos de enorme gravedad” en estas informaciones, entre las que destacaba “ignorar o subestimar el derecho a la intimidad personal y familiar de las víctimas” u obviar que el origen de la violencia de género es “un modelo patriarcal de sociedad en que el rol femenino estuvo y está supeditado al masculino”.
Aquella declaración, considerada como una de las primeras guías en este ámbito para el periodismo gallego, recordaba que este tipo de violencia “no se manifiesta solo en los malos tratos en el ámbito doméstico”, sino también “en los abusos y agresiones sexuales, en el acoso laboral, en la prostitución y en la violencia específica y singular contra las niñas” y, en esta línea, medios y periodistas deben enfocar estas agresiones “como una violación de los derechos humanos y como un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas”. Al contrario de lo que acontecía entonces y sigue aconteciendo ahora en ciertos ámbitos, la declaración recomendaba no tratar las agresiones machistas “como casos aislados de crónica negra”, sino como “un problema social” enmarcado “en la problemática general de la violencia contra las mujeres”.
“Ante este tipo de delitos no cabe la neutralidad”, destacaba el CPXG, que apelaba al “compromiso activo en la denuncia de la violencia de género”, así como a “evitar el sensacionalismo, el morbo y el dramatismo”. A estos criterios se sumaban otros como el dicho respeto al derecho a la intimidad de las personas agredidas, especialmente de las menores de edad, o la necesidad de recurrir a fuentes expertas para tratar el problema. “Medios y periodistas evitarán los estereotipos, prejuicios y tópicos ligados a la violencia contra las mujeres”, remataba la declaración. Diez años después, parece que aún queda mucho trabajo por delante.
