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Grandes fondos alemanes estrangulan a los proveedores de las administraciones españolas ante el cerrojazo de la banca

Intrermediarios españoles compran en nombre de inversores institucionales teutones deuda a empresas que trabajan para el sector público forzados por la falta de liquidez

Los inversores germánicos operan en España a través de diferentes Sicav y exigen a sus 'clientes' hasta el 16% de la masa crediticia, mientras sólo tributan al 1%

El interés de las pólizas de crédito no supera el 5%, pero los bancos niegan el descuento a las compañías; Montoro promete que en 2014 las administraciones pagarán a 30 días

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La banca reduce en abril por octavo mes consecutivo las peticiones al BCE

Escultura de la Unión Monetaria a la entrtada de la sede central del Banco Central Europeo en Frankfort./ Efe

No todos somos víctimas de la crisis que ha arrasado la economía occidental desde 2008. Una selecta minoría se está haciendo de oro desde la debacle. El dinero que circulaba hace seis años no se ha volatilizado. No es ningún secreto que los fondos que los estados preveían destinar a cubrir las necesidades de la sociedad han salido de las arcas públicas para acabar en unas pocas manos: las de los fondos de inversión y de pensiones y los hedge funds, las entidades que administran las grandes fortunas. Ahora han empezado a aprovechar la ausencia de flujo de crédito de la banca para convertirse en prestamistas sin escrúpulos, dispuestos a imponer a las pymes acreedoras de la Administración faltas de liquidez las condiciones más draconianas. Y, como no son entidades de crédito ni de hecho ni de derecho, no se ven sujetos a la supervisión del Banco de España.

¿Cómo han logrado sobrevivir a la crisis y, sobre todo, cómo logran aún ganar dinero en medio de este desastre? Primero torcieron voluntades políticas e hicieron uso de información privilegiada para proteger sus intereses e, incluso, hacer crecer los saldos de sus cuentas. Luego, cuando resultó imposible ocultar que el sistema bancario occidental estaba quebrado y que los estados se iban a ver obligados a salvarlo a costa de la ciudadanía, buscaron otra veta y empezaron a apostar contra la deuda soberana de las economías más débiles de la Eurozona.

Ahora que el Banco Central Europeo ha flexibilizado su postura y se muestra más dispuesto a ayudar a los miembros de la Unión con serias dificultades para lograr financiación en los mercados –es decir, con elevadas primas de riesgo–, al tiempo que deja los tipos de interés en el 0,5%, los depredadores de los mercados ya han encontrado una nueva manera de obtener pingües beneficios de la crisis.

Austericidio

El austericidio al que la canciller alemana Angela Merkel ha venido sometiendo a la población de la eurozona durante los últimos cinco años, con el entusiasta apoyo de la troika –la institución que coordina al Fondo Monetario Internacional (FMI), presidido por la francesa Christinne Lagarde; la Comisión Europea (CE) al mando del portugués Xosé Manuel Durao Barroso, y el Banco Central Europeo (BCE) que gobierna el italiano Mario Draghi–, para intentar hacer frente a la crisis económica y financiera que amenaza la propia existencia del euro ha empezado a generar beneficios en España.

Unos beneficios que, en ningún caso, repararán el sufrimiento al que ha estado sometida la sociedad española desde el inicio de la concatenación de crisis. Primero llegó el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, seguido del colapso de la banca, y, finalmente, del hundimiento de la deuda soberana de buena parte de los estados de la Unión Europea, que se ha visto obligada a intervenir, de momento, las economías de Irlanda, Portugal, Grecia, Chipre y, aunque en menor medida, de España.

Varios proveedores de la Administración autonómica catalana, han confirmado a eldiario.es que se han visto obligados a recurrir a la financiación que ofrecen los fondos de inversión y de pensiones alemanes. Formalmente, además, no se trata de financiación.

Según confiesa un financiero que se dedica a cazar empresas con problemas de liquidez a causa de los retrasos en los pagos de la Administración, lo que hace el fondo en cuestión es comprar la deuda que la administración tiene con el proveedor. Habitualmente, la oferta es del 84% del total de la deuda. Es decir, que las empresas pagan, en la práctica, un 16% de interés por financiar en realidad a la Administración, porque, al fin y al cabo los problemas de liquidez de los proveedores se deben a los retrasos en los pagos de los organismos públicos. Los retrasos en los pagos de las administraciones no son un fenómeno causado por la crisis.

Tributos sólo del 1%

Para colmo de males, la actividad económica que generan los nuevos prestamistas apenas suponen ingreso alguno para el Estado. La mayoría se establecen en España a través de sociedades de inversión de capital variable, las conocidas SICAV. Sólo necesitan un capital de 2,4 millones de euros y 99 inversores más dispuestos a prestar su nombre como accionistas. Las SICAV, implantadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a imagen y semejanza de productos similares que operan en Luxemburgo, Suiza, Francia e Italia, sólo tributan el 1% de los rendimientos obtenidos.

Hasta 2008, las empresas contaban con la posibilidad de recurrir a las pólizas de crédito que ofrecían los bancos, el tradicional descuento bancario. Cuando había flujo de dinero, el descuento bancario podía llegar a devengar un máximo del 5% de interés, menos de un tercio de lo que ofrecen los representantes en España de los fondos alemanes. A pesar de los 60.000 millones destinados por la UE al rescate bancario español y a la decisión de crear un banco malo con los activos tóxicos en torno a Bankia, al que se sumarían Nova Caixa Galicia y Catalunya Bank, la banca sigue sin abrir el grifo del crédito.

En muchos casos, recurrir a esta nueva casta de prestamistas se come, en el mejor de los casos el margen de la empresa. Es decir, que trabajan para la Administración a precio de coste o incluso perdiendo dinero. Y no son pocos los proveedores de la Administración que temen tener que echar la persiana si la situación no mejora a corto plazo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció su intención de adoptar las medidas necesarias para que las administraciones públicas paguen a sus proveedores en un máximo de 30 días. Una promesa que se suma a la que ya realizó Montoro hace un año en la que fijaba un plazo máximo de 90 días para el pago a los proveedores y que nunca ha estado cerca de cumplirse.

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