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El Ayuntamiento de Madrid lidera una iniciativa que reclama más financiación estatal al transporte público

La aportación del Estado para financiar el transporte público de la capital no llega al 10% del coste total y ha caído un 31% en los últimos años

El director de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, pide un aumento de la aportación y que se exploren nuevas vías de financiación

El Pleno debate este miércoles una iniciativa impulsada por Ahora Madrid y el PSOE que busca aglutinar en torno a esta reclamación a más ayuntamientos

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"Madrid en Transporte Público" reclama la creación de un "abono social"

Dos autobuses de la EMT circulan por las calles de Madrid. EFE

Si hace unos días el Ayuntamiento abría un frente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a cuenta del incumplimiento de la regla de gasto, en una pugna por aumentar su gasto social y las inversiones, el Consistorio liderado por Ahora Madrid inicia ahora otro contencioso con el Gobierno para alcanzar un objetivo distinto: conseguir más financiación para el transporte público urbano.

El Ayuntamiento de la capital se pone a la cabeza de una iniciativa que busca aglutinar a más administraciones locales, y que se materializa este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento con una iniciativa conjunta entre Ahora Madrid y el PSOE que exige al Ejecutivo una ley de financiación del transporte público que contemple aumentar la aportación estatal y que se exploren nuevas vías para su financiación.

La premisa es clara: "España es el único gran país europeo que no cuenta con una Ley estatal de Financiación de Transporte Público". Así lo destaca la iniciativa y lo resalta el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Álvaro Fernández Heredia. En conversación con eldiario.es apunta que la norma debería dar respuesta a dos objetivos claros: un aumento de la financiación y un mejor reparto de esta.

Actualmente el Estado aporta una cantidad a Madrid y Barcelona, por su importante volumen de población, y a Canarias, por las circunstancias especiales de este territorio. El resto de ciudades de de más de 50.000 habitantes pugnan por conseguir financiación de una bolsa de 50 millones de euros. En total son 142 Ayuntamientos en esa pelea.

Caída de la financiación desde 2009

Fernández Heredia reclama en primer lugar un aumento de la financiación. "El transporte público lo financian las corporaciones locales, que son las que menos recursos tienen, el Estado no aporta prácticamente nada", lamenta, y añade que "estamos diciendo que cada vez más gente vive en las ciudades, que el motor económico son las ciudades, que hay problemas de congestión y calidad del aire, etc. Si solución es el transporte público, habrá que poner los recursos para que sea así".

El gerente de la EMT prefiere no poner cifras a ese aumento, que será resultado de un consenso, pero recuerda que la financiación ha caído enormemente durante los años de la crisis. En 2009 la aportación que el Estado daba a Madrid para esta partida era de casi 182 millones de euros, mientras que ahora ronda los 126, una bajada del 31%. La aportación aumenta, pero está lejos de las cifras previas a la crisis.

Fernández Heredia destaca que no puede aumentarse la financiación por la vía de subir las tarifas. "Estamos en un índice de cobertura del entre el 40 y el 60% –lo que se financia por los ingresos que generan los usuarios–, que es lo que tienen los países de nuestro entorno, si tenemos en cuenta la riqueza, el PIB per cápita, tenemos unas tarifas ya elevadas, luego eso no tiene más recorrido", señala.

Así, una solución puede ser establecer tasas e impuestos, una opción que no tienen disponible las administraciones locales con la actual regulación. Señala los casos de Francia, donde las grandes empresas deben hacerse cargo del transporte de los trabajadores o aportar dinero al Estado para que financie el transporte público. El modelo alemán es otra opción, comenta, donde tienen "un sistema más parecido a lo que aquí llamamos el céntimo sanitario: al que usa el coche, que tiene externalidades negativas, se le cobra un impuesto para ayudar a financiar la alternativa eficiente".

El gerente de la EMT añade que la norma debería contemplar unos criterios más razonables para el reparto de la financiación, como son el tamaño de la ciudad, la red de transportes o el volumen de viajeros diarios. En cualquier caso, apunta a que es una prioridad que aumente la financiación, ya que en el caso de Madrid el Estado no aporta ni el 10% del coste total, mientras la media europea está entre el 20 y el 40%.

Fernández Heredia contrapone ese gasto al que se ha hecho en "aeropuertos vacíos o líneas del ave". "Tienen que destinarse menos recursos a proyectos faraónicos y más recursos para el día a día, porque la mayoría de los viajes no se hacen en alta velocidad o en aviones, se hacen dentro de las grandes ciudades".

Aglutinar más Ayuntamientos

La iniciativa que se debate este martes en el Pleno lleva la firma de Ahora Madrid y el PSOE y busca que se sumen a ella más corporaciones locales para hacer un frente común. Murcia va a debatir una iniciativa similar, y el Consistorio madrileño está en conversaciones con Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Oviedo, Gijón, Pamplona, Cádiz, A Coruña y Santiago.

Álvaro Fernández Heredia señala que esos territorios, y muchos otros, llevan años reclamando una normativa estatal, y que ahora se busca escenificar esa unidad que acabe con el actual sistema, que obliga a negociar el aporte del Estado de manera bilateral, con reglas distintas en las diferentes comunidades autónomas.

El gerente de la EMT se muestra optimista con la respuesta que vaya a dar el Gobierno y con el apoyo que vayan a prestar a la iniciativa los otros dos grupos del Pleno, PP y Ciudadanos. Recuerda que en la Asamblea de Madrid se aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley para impulsar una ley autonómica en este sentido.

Para el caso concreto de Madrid, espera que todos los partidos apoyen un aumento de la financiación que la EMT quiere destinar a "incrementar la oferta y recuperar las frecuencias de antes de la crisis". No descarta que se utilice también para "adaptar las tarifas a determinados grupos sociales", estableciendo rebajas en el precio a, por ejemplo, los parados.

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